Las claves
El Gobierno de Pedro Sánchez no ha informado al Congreso sobre el número exacto de personas que han adquirido la nacionalidad a través de la ‘ley de nietos’, alegando dificultades técnicas y la falta de digitalización de los registros.
Más de 2,4 millones de personas han solicitado la nacionalidad española mediante la ‘ley de nietos’, y ya se han aprobado más de medio millón de expedientes, principalmente provenientes de América Latina.
El PP critica la opacidad del Ejecutivo y exige datos detallados sobre solicitudes y conceder nacionalidades, señalando la ausencia de control parlamentario efectivo.
La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha solicitado formalmente al Gobierno que brinde respuestas claras y sin evasivas, aunque aún no se ha facilitado un desglose completo de la información.
El Gobierno de Pedro Sánchez continúa sin facilitar al Congreso los datos sobre cuántas personas se han nacionalizado bajo la llamada ley de nietos, incluso tras más de cuatro meses.
No lo ha hecho pese a que la presidenta de la Cámara, la socialista Francina Armengol, tuvo que apercibir por escrito a Félix Bolaños para que responda «de manera precisa y sin evasivas» a las preguntas formuladas el 2 de febrero por el Partido Popular.
Desde Moncloa han esquivado la cuestión con excusas técnicas respecto al registro de datos, evitando desglosar cuántas solicitudes se recibieron, cuántas se aprobaron y a qué circunscripciones del Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA) corresponden estos nuevos españoles.
A pesar de haber aumentado el personal y los recursos, el Ejecutivo insiste en que las concesiones realizadas antes de 2024 «no están digitalizadas» y en que el sistema no diferencia la Ley de Memoria Democrática de otras vías para obtener la nacionalidad.
Sin embargo, el propio Gobierno presume públicamente de cifras históricas: más de 2,4 millones de solicitudes tramitadas y más de medio millón de expedientes aprobados, según indicó el ministro de Exteriores, José Manuel Albares. No obstante, dichos datos, presentados durante un viaje a México, no se han detallado al Parlamento.
Política, institucional y constitucional
El conflicto se manifiesta en varios niveles. Primero, en el político: la disposición adicional octava de la mencionada Ley de Memoria ha impulsado un proceso masivo de nacionalización para descendientes de exiliados, principalmente en América Latina, con un potencial que alcanza hasta 2,5 millones de nuevos españoles.
En segundo término, en el institucional: el Gobierno se niega a proporcionar al Congreso un panorama completo de este fenómeno.
Y tercero, en el ámbito constitucional: el PP denuncia que se está minando el control parlamentario referente a uno de los cambios demográficos y electorales más relevantes de esta legislatura.
Cualquiera es exiliado
Las cifras que sí reconoce el Gobierno evidencian la dimensión del proceso. Albares resaltó desde México que ya hay «más de 2,4 millones» de solicitudes realizadas bajo la ley de nietos, con 1,2 millones de expedientes en los consulados y cerca de 545.000 resoluciones aprobadas.
En Buenos Aires se registran aproximadamente 645.000 solicitudes; en La Habana, alrededor de 350.000; en São Paulo o Ciudad de México, cientos de miles más.
Comparado con la ley de Zapatero de 2007, que en 16 años originó 491.177 solicitudes y 373.616 concesiones, la llamada ley de nietos ha incrementado notablemente las cifras en poco más de tres años, manteniendo una tasa de denegación mínima, cercana al 1,3%.
Se trata de un marco mucho más amplio, basado en una instrucción que asume como exiliados a todos quienes dejaron España entre 1936 y 1955, incluso si fue por motivos económicos.
Este conjunto de nuevos españoles se está incorporando al CERA y, con la eliminación del voto rogado, su incidencia empieza a reflejarse en los resultados electorales.
El censo en el exterior ha experimentado un incremento del 16% desde las últimas elecciones generales y el voto exterior casi un aumento del 50%, con una tendencia favorable al PSOE en regiones como Andalucía, Aragón, Castilla y León o Extremadura, donde el partido perdió en las urnas pero ganó entre los residentes en el extranjero.
El conflicto
En este marco, cuatro diputados del PP –José Antonio Bermúdez de Castro, Pedro Muñoz Abrines, María Jesús Moro y Carlos Floriano– presentaron el 2 de febrero un conjunto detallado de preguntas sobre la implementación de la disposición adicional octava de la Ley 20/2022.
Solicitaron conocer cuántas solicitudes fueron presentadas, cuántas en ventanilla, cuántas nacionalidades se han concedido, cuántos identificadores de trámite se emitieron y a qué circunscripciones CERA están asignados los nuevos ciudadanos.
En su primer respuesta, en diciembre de 2025, el Gobierno declaró que «no disponía de cifras exactas» y que los datos estaban en proceso de recaudación, aunque remitió a una nota de prensa titulada El Gobierno concede 240.000 nacionalidades a descendientes de exiliados.
Para el PP, esto evidenciaba que el Ejecutivo tenía la información pero no deseaba aportar un desglose.
En la segunda contestación, fechada el 10 de marzo de 2026, el Gobierno fue más evasivo.
Reconoció que DICIREG, la nueva aplicación del Registro Civil, «permite extraer datos del sistema de registro de solicitudes y gestión de expedientes», pero añadió que «no distingue las solicitudes dentro del procedimiento general de adquisición de nacionalidad por opción».
El Ejecutivo explicó también que el Nuevo Modelo de Registro Civil se implementó en los registros consulares entre el 8 de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025, y en el Registro Civil Central en mayo de 2025.
«Todas las concesiones anteriores a esas fechas no están digitalizadas«, respondieron por escrito, sin ofrecer cifras ni un calendario para completar dicha digitalización.
El PP pide amparo
Esta respuesta motivó la reacción del PP. Los diputados recordaron que, ante una pregunta similar en 2023, el Gobierno sí proporcionó información sobre el número de solicitudes, denegaciones y rechazos.
«Este argumento revela un claro intento de ocultar información«, afirmaron en un escrito de amparo dirigido a Francina Armengol al que ha tenido acceso este medio, y destacan que negar ahora cifras proporcionadas anteriormente muestra «su desordenada gestión de un asunto tan relevante como la obtención de la nacionalidad española».
La solicitud a la presidenta del Congreso trasciende la queja política y entra en el terreno constitucional.
El PP recuerda que el artículo 66.2 de la Constitución confiere a las Cortes el control sobre la acción gubernamental y que el artículo 111.1 garantiza el derecho a formular preguntas parlamentarias.
«El Reglamento de la Cámara reconoce el derecho a preguntar y recibir respuesta como parte del jus in officium protegido por el artículo 23.2«, citan, y añaden que el Tribunal Constitucional ha considerado que una respuesta insuficiente puede vulnerar dicho derecho a la participación política.
«Resulta inaceptable la postura del Gobierno que evade su obligación constitucional de responder a las preguntas escritas», denuncian los populares. Por ello solicitan a la presidenta del Congreso que, en virtud del artículo 32 del Reglamento, inste al Ejecutivo a responder con exactitud.
Bolaños no atiende
Armengol terminó apoyando al PP en lo esencial, presionada por la solidez jurídica de sus argumentos.
En un primer documento dirigido a los diputados reconoce que no le corresponde evaluar el fondo de las respuestas más allá de verificar que fueron enviadas, pero adjunta copia de la carta remitida a Félix Bolaños.
En esta misiva al ministro de Presidencia, señala que sería adecuado que el Gobierno respondiera a las preguntas o, en su defecto, que ampliara las contestaciones para aclarar las razones que las sustentan.
Asimismo, añade: «A tal efecto, me dirijo a V.E. solicitando que realice las gestiones necesarias para que se proceda conforme a lo indicado», concluye la presidenta del Congreso en su apercibimiento al ministro de Justicia.
Fuentes del Grupo Popular resumen: Armengol ha tenido que «apercebir al Gobierno» para que responda «de forma precisa y sin excusas o evasivas» a sus preguntas sobre las nacionalidades concedidas por la ley de nietos.
A día de hoy, el Ejecutivo continúa sin facilitar el cuadro completo exigido por el Parlamento.