Las claves
El PSOE ha logrado el voto desde el exterior en regiones donde perdió en el voto interno, como Andalucía, Castilla y León, Aragón y Extremadura.
La llamada ‘ley de nietos’, incluida en la Ley de Memoria Democrática, faculta a descendientes de españoles exiliados para obtener la nacionalidad, aumentando el censo exterior en un 16,3%.
Más de 2,4 millones de personas han solicitado la nacionalidad española bajo esta normativa, incrementando la influencia del voto CERA en provincias con tradición migratoria.
Analistas advierten que el voto del exterior podría definir escaños en circunscripciones pequeñas, modificando mayorías gubernamentales en elecciones futuras.
«¿Qué implica realmente la ley de nietos?». La cuestión, planteada por Alberto Núñez Feijóo este miércoles durante el programa de máxima audiencia El Hormiguero, se ha convertido en tema recurrente en los despachos de Génova durante las últimas semanas.
El Partido Popular ha dirigido la atención hacia esta legislación que, según Feijóo en la intervención con Pablo Motos, concede nacionalidades «a personas no nacidas en España que probablemente no conocen el país».
Feijóo evitó profundizar más, pero los datos de las últimas cuatro elecciones autonómicas revelan una paradoja interesante: el PSOE sufrió una notable derrota en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, respectivamente, pero obtuvo la mayoría en el voto exterior gracias a los sufragios procedentes de fuera de España.
El 17 de mayo, María Jesús Montero registró el peor desempeño histórico del PSOE en Andalucía, con únicamente 28 escaños y un 22,7% de los votos, frente al 41,6% obtenido por el Partido Popular. Sin embargo, Montero sí venció en el voto exterior: recibió 6.703 papeletas, un 31,5% del total, superando al PP, que obtuvo un 29,7%.
De modo análogo, en las elecciones autonómicas del 15 de marzo en Castilla y León, Mañueco se impuso con un 35,4% de los votos, pero perdió en el voto CERA, donde el PSOE captó 4.303 de los 12.071 sufragios, lo que equivale al 36,5%.
El 8 de febrero, en Aragón, se repitió esta situación: los socialistas dominaron el voto CERA por más de 10 puntos. Lo mismo ocurrió en las elecciones de Extremadura, en diciembre, donde el 33,2% de los votos desde fuera favorecieron al PSOE.
Aunque es complicado establecer una relación directa entre la ley de nietos y la ventaja del PSOE en el voto CERA —pues hay españoles emigrantes inscritos en consulados, descendientes con otras vías de nacionalización o regularizaciones pendientes—, estos resultados se producen tras un aumento del censo exterior del 16,3% desde los últimos comicios generales.
En 2023, el censo exterior contaba con 2.327.986 electores; sin embargo, los datos recientes del Ministerio de Exteriores, de mayo, indican que actualmente son 2.708.083 los residentes fuera del país con derecho a voto. Así, aunque la participación exterior ronda el 10% del censo, versus el 60-70% habitual en el voto interno, el voto CERA ha crecido un 47% desde las elecciones generales de 2019.
Vivir en Argentina, votar en Cuenca
Pero, ¿en qué consiste esta ley? La regulación, parte de la Ley de Memoria Democrática aprobada en octubre de 2022, autoriza a hijos y nietos de españoles de origen, que perdieron la nacionalidad tras exiliarse por razones políticas, ideológicas, religiosas o relacionadas con su orientación o identidad sexual, a obtener la nacionalidad española.
Una vez que se reconoce la nacionalidad, estos nuevos españoles pueden incorporarse al censo y votar desde el extranjero en elecciones generales, autonómicas y europeas en provincias como Jaén, Lugo o Cuenca, aunque residan fuera de España.
Aunque el Ejecutivo defendió inicialmente esta medida como una reparación para quienes fueron víctimas del franquismo, una instrucción publicada en el BOE poco después de su aprobación amplió su alcance.
En la práctica, la ley no exige demostrar persecución individual: basta con ser descendiente de un español que abandonó el país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.
Además, el plazo para solicitarla, que inicialmente era de dos años, fue extendido hasta octubre de 2025 debido a la gran cantidad de solicitudes de países como Argentina, Cuba o Estados Unidos.
Hace tres meses, el Ministerio de Exteriores estimaba en unos 2,4 millones los solicitantes de nacionalidad española amparados por la Ley de Memoria Democrática.
Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, califica de «poco democrático» que quienes no experimentan directamente las consecuencias de su voto puedan participar en las elecciones.
El experto, en diálogo con EL ESPAÑOL, afirma que la finalidad del derecho al voto en una democracia es que los miembros de una comunidad puedan elegir a sus representantes.
«Ahora resulta que un individuo nacido en Argentina hace 60 años, que nunca ha pisado España, tiene derecho a ser español y votar», señala Ruiz Robledo. «Desde una perspectiva democrática, me parece cuestionable», añade el catedrático.
Ruiz Robledo reconoce el propósito de la Ley de Memoria Democrática y su objetivo de reparar una injusticia histórica para quienes debieron abandonar España.
No obstante, opina que debería establecerse un requisito en la Ley Orgánica del Régimen Electoral para que en elecciones autonómicas y generales solo voten españoles que hayan residido en el país al menos dos años durante la última década. «Dar la nacionalidad a alguien no implica darle automáticamente el derecho al voto», advierte.
Cómo impactará en las próximas elecciones
La ley de nietos parece haber creado un nuevo contexto electoral. Sin embargo, queda por determinar su efecto en elecciones venideras, pues no existen encuestas que revelen la preferencia política de los nuevos nacionalizados.
Su repercusión dependerá principalmente de la distribución geográfica de estos votantes, dado que el voto CERA se asigna por provincia. Territorios con fuerte tradición migratoria como Galicia, Castilla y León, Asturias, Canarias o Extremadura podrían verse especialmente afectados.
Especialistas señalan que el impacto más relevante se observa en circunscripciones pequeñas, donde el último escaño suele adjudicarse por diferencias mínimas. En provincias como Zamora, León, Salamanca, Cáceres, Ourense o Lugo, unos pocos cientos o miles de votos pueden alterar el resultado.
Así ocurrió en las elecciones generales de 2023: el voto exterior cambió un escaño en Madrid, pasando del PSOE al PP.
La incógnita radica en la orientación que tomarán los nuevos votantes. La influencia de esta legislación podría no provocar cambios electorales drásticos, pero sí ajustes decisivos. En un Congreso fragmentado, unos pocos votos en una provincia específica pueden definir un escaño y, por ende, una mayoría gubernamental.