PSOE y Sumar bloquean en la Mesa del Congreso la petición mayoritaria para que Sánchez llame a elecciones

El órgano ha rechazado enmiendas de Junts y PP que habrían obligado a votar este jueves en la Cámara.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, conversa con otros miembros de la Mesa que pertenecen al PSOE.

La mayoría compuesta por PSOE y Sumar en la Mesa del Congreso ha declarado inadmisible una enmienda presentada por Junts a una moción del PP que instaba a Pedro Sánchez a disolver las Cortes y convocar elecciones anticipadas, según fuentes parlamentarias. Por ello, este jueves no tendrá lugar una votación en la Cámara con ese fin.

Aunque la propuesta de Junts carecía de poder real para obligar al presidente del Gobierno a convocar elecciones, tenía un marcado valor simbólico para mostrar que ha perdido la confianza del Congreso.

La reacción tanto de PSOE como de Sumar fue inmediata. El órgano de gobierno, controlado por estos dos partidos, rechazó la enmienda. Lo mismo ocurrió con otra similar presentada por el PP en su propia moción.

La Mesa fundamentó su veto a ambas enmiendas basándose en que la convocatoria de elecciones generales es una facultad exclusiva del presidente del Gobierno, y por lo tanto, el Congreso carece de competencia para votar sobre este tema. Así, fuentes parlamentarias indican que se resolvió que las propuestas «invaden competencias constitucionalmente reservadas a la Presidencia del Gobierno».

PSOE y Sumar cerraron la puerta pese a que las enmiendas de Junts y PP no tenían efecto jurídico o real para forzar ninguna acción por parte de Sánchez, quien seguiría siendo el único que decide sobre las elecciones. El presidente podría ignorar al Congreso incluso si alguna de esas enmiendas hubiera sido aprobada con los votos de PP, Vox, Junts y UPN.

El valor jurídico era inexistente, pero el político hubiese sido notable: la Cámara habría expresado a Sánchez que la legislatura ha finalizado, lo que representaría un golpe simbólico para el Gobierno de coalición. Por esta razón, PSOE y Sumar tenían claro que no cederían ante la oposición para evitar evidenciar la fragilidad parlamentaria del presidente.

Junts exige la disolución de las Cortes y un adelanto electoral al Gobierno de Sánchez

Horas después de hacerse públicas las enmiendas, la Mesa del Congreso mantuvo una reunión con sus miembros antes del inicio del Pleno para decidir sobre el asunto. Tal como se esperaba, acordaron inadmitir ambos textos.

Fuentes parlamentarias consultadas enfatizaron que la Mesa actuaría «de acuerdo con la ley» y destacaron que existe abundante jurisprudencia que respalda esta postura, por lo que no consideraron necesario solicitar informes a los letrados.

La portavoz del PP, Ester Muñoz, denunció que la Mesa tomó una decisión «arbitraria» y acusó a la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, de «trabajar para Pedro Sánchez». En declaraciones en los pasillos, afirmó que dicha decisión demuestra que el PSOE «teme que este Parlamento vote» y actúa con «cobardía», evidenciando que «la legislatura está terminada».

A comienzos de 2025, el Congreso vivió un debate jurídico similar cuando Junts presentó una proposición no de ley solicitando que Sánchez se sometiese a una cuestión de confianza —otra prerrogativa que, igual que la convocatoria electoral, corresponde exclusivamente al presidente del Gobierno.

Después de un tira y afloja entre PSOE y Junts, y tras la amenaza catalana de retirar su apoyo a Sánchez, la Mesa del Congreso admitió la iniciativa, aunque obligó a Junts a modificar su texto original, suavizándolo. Actualmente, el PP se cuestiona por qué aquella iniciativa fue aceptada y estas no.

En esta ocasión, Junts sorprendió al Gobierno con otro movimiento contundente a través de la enmienda presentada el martes referente a las elecciones. Era lo mismo que pretendía el PP. Ambos partidos subrayaron que no habían coordinado ni acordado esta estrategia.

La propuesta del PP planteaba que el Congreso instase al Gobierno a «reconocer que la legislatura actual ha concluido debido al bloqueo político que atraviesa» y a actuar «con la máxima responsabilidad institucional, devolviendo la palabra a los ciudadanos mediante la convocatoria de elecciones generales según lo establecido constitucionalmente», con el objetivo de «restablecer la normalidad democrática, recuperar la confianza en nuestra democracia y garantizar que el interés general prime sobre cualquier interés político».

El PP sostendría que se trataba de una moción de confianza. «Si Sánchez pierde esta votación, tendrá que convocar elecciones porque será evidente que la mayoría del Congreso así lo exige», declaró la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz. «Si la moción se aprueba con esta modificación, sería como si la Cámara le comunicara al presidente que ya no cuenta con la confianza que obtuvo para ser investido. Continuar sería ir en contra de la voluntad del Congreso», reiteró.

El texto presentado por Junts proponía añadir un punto a la moción consecuencia de interpelación de los populares, solicitando al Congreso «instar al presidente del Gobierno español a proponer la disolución de las Cortes Generales y convocar elecciones generales, conforme a la prerrogativa que le otorga la legislación vigente, atendiendo al carácter político y sin vinculación jurídica de esta iniciativa».

En La Moncloa, no comparten la demanda de Junts y mantienen su intención de continuar hasta 2027. «Cada día evidenciamos la necesidad de seguir desarrollando una agenda política transformadora que impulsa al país, que trasciende esta legislatura y no solo mira hacia 2027», afirmó Elma Saiz, portavoz del Ejecutivo, tras la reunión del Consejo de Ministros.

«El Gobierno continúa buscando mejorar la vida de la ciudadanía, lo que justifica seguir avanzando». En el círculo cercano de Sánchez descartan adelantar las elecciones incluso si la iniciativa prospera.

Ante las demandas de adelanto electoral, en La Moncloa centran su estrategia en transmitir que «no es indiferente quién dirija las instituciones». Además, resaltan los pactos que se están suscribiendo entre PP y Vox en diferentes comunidades autónomas, para avivar el temor a que la formación de ultraderecha alcance el poder, ya que, advierten, su política «perjudica los servicios públicos y la igualdad de oportunidades».

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