Las claves
El juez Peinado ha iniciado juicio oral contra Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, además de retirar su pasaporte y prohibirle salir de España.
El Gobierno acusa al juez de llevar a cabo una persecución injustificada contra Begoña Gómez y una actuación destinada a perjudicar la imagen del presidente y su familia.
Destacados ministros socialistas como Óscar Puente y Diana Morant denuncian una presunta conspiración «mafiosa» entre el PP y miembros del poder judicial para derrocar al Gobierno.
El caso ha provocado reacciones en sindicatos policiales y ha sido cubierto por medios internacionales, traspasando fronteras.
Ni la conmoción por la imputación de Zapatero ni el incómodo silencio en torno a la cloaca de Leire lograron eclipsar la gran tormenta política desatada este fin de semana tras el auto del juez Peinado que abre juicio oral contra Begoña Gómez y le impide abandonar España.
El Ejecutivo lanzó un contraataque frontal contra el magistrado, publicando un comunicado en el que le acusa de ejercer una «persecución injusta contra una persona inocente» con el fin de «destruir su reputación».
Entre los numerosos reproches de ministros y altos cargos socialistas hacia el juez, Diana Morant le acusó abiertamente de prevaricar para «devolver favores» a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
El PSOE interpretó estos hechos como parte de una conspiración entre el PP y jueces para llevar a cabo un golpe de Estado o, como calificó el ministro Óscar Puente, un plan «mafioso» para derrocar al Gobierno.
«La mafia está desenfrenada. Aviso a navegantes. Si alguien intenta apropiarse de lo que es nuestro, iremos directamente contra su familia», declaró el ministro de Transportes refiriéndose al auto que inicia el juicio oral.
Moncloa encontró la causa del escándalo en la especulación del juez Peinado para fundar sus medidas cautelares: la retirada del pasaporte a Begoña Gómez y la obligación de presentarse cada 15 días en el Juzgado, apuntando a la posibilidad de que los agentes policiales asignados a su custodia pudieran ayudarla a escapar del país.
Con esta afirmación, el Gobierno intentó refutar las alegaciones del abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, quien defendió que no existe riesgo de fuga dado que la mujer del presidente está constantemente protegida por policías.
Este punto permitió al Ejecutivo desviar la atención de la detallada lista de hechos que el juez Juan Carlos Peinado expone en su auto, mediante la cual imputa a Begoña Gómez cuatro delitos: tráfico de influencias, malversación, apropiación indebida y corrupción en negocios privados.
«El juez Peinado busca atacar al Gobierno de España«, aseguró este domingo la ministra de Ciencia, Diana Morant, durante su visita a las Hogueras de Alicante.
«Lo hace a través de la esposa del presidente», señaló, «pero para derribar al presidente del Gobierno también pondrá en entredicho la reputación de una institución como la Policía Nacional»,
El sábado, Morant fue aún más explícita: «No parece coincidencia que Peinado tenga una esposa que trabaja en el Ayuntamiento de Madrid y que ha ascendido, además de tener una hija concejala en un municipio de la Comunidad de Madrid».
«Probablemente Peinado está devolviendo favores a Ayuso y actuando conforme a ‘quien pueda hacer que haga’», añadió la ministra. La esposa del juez Peinado es funcionaria municipal en Madrid desde hace 30 años y no desempeña ningún cargo político.
Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, se expresó en términos similares sobre el juez instructor: «¡El padre de la concejala del PP actúa con todo lo que puede y más! Estamos ante una persecución vergonzosa, obsesiva y delirante que perjudica la imagen de la Justicia».
Los principales sindicatos y asociaciones policiales denunciaron este fin de semana que el juez Peinado daña y desacredita el trabajo de los funcionarios encargados de proteger Moncloa.
La Dirección General de la Policía Nacional se sumó el domingo a estas críticas.
En su comunicado, defendió la «honorabilidad» de los agentes, que actúan «bajo principios de neutralidad política, absoluta imparcialidad y estricto respeto al imperio de la ley, lo que excluye categoricamente acatar órdenes manifiestamente contrarias al ordenamiento jurídico«.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció el sábado a las 20:30 que había presentado su “más enérgica protesta” ante la presidenta del CGPJ por el “grave cuestionamiento a la profesionalidad de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” incluido en el auto del juez Peinado.
Con una rapidez poco común, el domingo a las 10 de la mañana se convocó por vía telemática la Comisión Permanente del CGPJ para evaluar posibles sanciones disciplinarias contra Peinado.
El órgano de gobierno judicial se reunió de forma urgente un domingo, por solicitud del ministro del Interior y en un asunto que involucra a la esposa del presidente del Gobierno.
El sindicato mayoritario Jupol criticó el domingo al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por sólo reaccionar frente a un auto que afecta a la mujer del presidente.
«No se manifestaron cuando el presidente calificó a policías como ‘piolines’ en el Parlamento, ni tampoco cuando salieron a la luz las conexiones y conversaciones entre el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, y Koldo García», señaló Jupol.
Igualmente, denuncia que tampoco «hubo respuesta inmediata por parte del Ministerio cuando el entonces DAO fue acusado en un presunto caso de agresión sexual y se le permitió presentar su dimisión sin la rapidez institucional que ahora se exhibe».
El escándalo ya ha cruzado fronteras: durante el fin de semana los principales medios internacionales han difundido la resolución judicial de Peinado, que envía a juicio a Begoña Gómez, ordena la entrega de su pasaporte y le prohíbe salir de España.