Las claves
La Mesa del Congreso bloqueó las enmiendas propuestas por PP y Junts que solicitaban elecciones sin haber celebrado reunión ni consultado a los letrados del órgano.
Esta prohibición se llevó a cabo a través de una ronda telemática, con el argumento de que estas propuestas invadían competencias que corresponden exclusivamente al presidente del Gobierno.
Tanto PP como Junts denuncian que la resolución carece de justificación jurídica y vulnera derechos fundamentales de representación política.
El PP considera recurrir ante el Tribunal Constitucional y el Supremo, alegando arbitrariedad y contradicción con decisiones previas de la misma Mesa.
Este martes, la Mesa del Congreso vetó dos enmiendas presentadas por PP y Junts que solicitaban la disolución de las Cortes y la convocatoria inmediata de elecciones, sin haberse reunido ni consultado a los letrados del Congreso.
Lo hizo mediante «una simple ronda telemática», según fuentes parlamentarias, a pesar de que los cuatro representantes del Partido Popular en este órgano de gobierno reclamaron una reunión presencial para debatir el fondo del asunto y pedir un criterio a los servicios jurídicos de la Cámara.
Así lo denuncia el PP en el recurso de reconsideración presentado ese mismo martes. La mayoría del PSOE y Sumar se negó a celebrar un debate, justificándose únicamente con el argumento de que ambas iniciativas «invaden competencias constitucionalmente reservadas al presidente del Gobierno”.
No obstante, la decisión se tomó sin un informe previo de los servicios jurídicos y con escasa fundamentación legal, tal como afirman los grupos afectados.
El recurso de reconsideración, al que tuvo acceso EL ESPAÑOL, señala que ese veto, sin deliberación formal ni respaldo técnico, «vulnera derechos fundamentales de representación política» garantizados en el artículo 23 de la Constitución.
La enmienda del PP incorporaba un quinto punto a su moción, en el que «insta al Gobierno de España a reconocer que la legislatura actual ha concluido» y a «devolver la palabra a los ciudadanos» mediante elecciones generales «conforme a las previsiones constitucionalmente establecidas».
Por su parte, Junts presentó una enmienda media hora más tarde, aún más explícita, para que el Congreso solicitara a Pedro Sánchez la disolución de las Cortes y convocara comicios, aprovechando una iniciativa del PP sobre la «extrema debilidad» del Ejecutivo.
Este movimiento por parte de Junts provocó la reacción de la presidenta Francina Armengol, quien decidió proteger al Gobierno utilizando la mayoría de PSOE y Sumar en la Mesa para impedir que el debate llegara al pleno, donde contaban con votos para aprobarlo y «demostrar que Sánchez ha perdido el respaldo de las Cámaras», según Ester Muñoz, portavoz del PP.
Esta resolución ha permitido al presidente del Gobierno esquivar la votación, que habría evidenciado su aislamiento parlamentario y forzado a todos los grupos, incluido el PNV -que también ha solicitado elecciones anticipadas-, a posicionarse respecto a un posible adelanto electoral.
La ofensiva de Junts forma parte de su ruptura con el PSOE y Sumar, motivada por «incumplimientos reiterados» de los pactos de investidura anunciada en noviembre pasado, que ahora se traduce en una presión directa destinada a cuestionar la legitimidad de la continuidad de la legislatura.
Ir a los tribunales
El PP intentó aprovechar esta vía mediante su propia enmienda para desgastar al Gobierno. De este modo, convirtió el debate de una moción de control económico, defendida el miércoles pasado por Cuca Gamarra, en un plebiscito sobre la convocatoria de elecciones generales.
Fuentes oficiales del Grupo Popular confirmaron a este medio que ya están explorando «todas las opciones jurídicas» contra la Mesa si no prospera el recurso de reconsideración, el cual consideran condenado al fracaso.
En primer término, los populares preparan un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por vulneración del artículo 23 de la Constitución, argumentando que se les ha impedido ejercer el ius in officium al presentar y defender enmiendas en el pleno.
Asimismo, fuentes parlamentarias destacan la posibilidad de acudir al Tribunal Supremo por vía contencioso‑administrativa en caso de demostrar un patrón de «mala fe» y «reincidencia» por parte de la Mesa en la obstrucción sistemática de iniciativas opositoras.
Se sostiene que el uso sistemático y arbitrario de la mayoría para impedir debates dejaría de ser un acto estrictamente parlamentario amparado por la autonomía de las Cámaras, pasando a ser un ejercicio abusivo del poder que podría ser revisado como un acto administrativo que vulnera derechos fundamentales.
En ese contexto, los populares podrían apoyarse en un precedente jurídico: una resolución de amparo otorgada por unanimidad por el Tribunal Constitucional el pasado abril.
En aquella ocasión, la corte acusó a la Mesa del Congreso de «obstruir el proceso legislativo» mediante su práctica habitual de bloquear iniciativas, prolongando «indefinidamente y sin justificación» los periodos de enmiendas.
También está presente la presión política desde la otra Cámara: en el Senado, voces influyentes instan a PP y Junts a documentar exhaustivamente todos los vetos para conformar un expediente sólido que permita fundamentar futuras acciones legales.
Simultáneamente, los populares no descartan promover iniciativas parlamentarias que pongan en duda la imparcialidad de Armengol y de la propia Mesa, reforzando el argumento del «uso partidista» de los órganos de gobierno del Congreso.
«Giro arbitrario»
El recurso de reconsideración, firmado por Muñoz, se basa en precedentes muy concretos de esta legislatura para acusar a la Mesa de haber efectuado un «giro arbitrario» en su criterio.
Se menciona una proposición no de ley presentada por Vox, aprobada sin objeciones el 29 de octubre de 2024, que «exigía la dimisión inmediata en bloque del Gobierno presidido por Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones generales«, sin que entonces se invocara una invasión de competencias presidenciales.
El escrito recuerda también que en enero de 2025 la Mesa admitió por unanimidad una proposición no de ley de Junts que instaba al presidente del Gobierno a «evaluar la oportunidad de plantear una cuestión de confianza», competencia igualmente «reservada constitucionalmente» a Sánchez.
Los letrados, en una nota ampliamente citada por el PP, defendieron entonces que estos instrumentos de control carecen de efectos legales y constituyen «meras tomas de posición» del Parlamento, que no pueden reemplazar las competencias del jefe del Ejecutivo.
Muñoz sostiene que, al admitir aquella propuesta, la Mesa «estableció un criterio» para casos futuros, criterio que ahora estaría siendo quebrantado injustificadamente… y sin escuchar a los servicios jurídicos de la Cámara.
«Graves consecuencias»
Por ello, acusa a la mayoría de haber adoptado un acuerdo «injusto conscientemente» y basado en «criterios ajenos a la función de calificación», lo que, según su opinión, constituye un acto arbitrario que resulta en una evidente vulneración de la Constitución.
El recurso resalta que la resolución que veta las enmiendas contiene apenas una frase genérica sobre la invasión de competencias del presidente, sin una justificación adecuada.
Además, advierte que esta carencia de motivación contraviene la jurisprudencia constitucional, la cual exige una justificación reforzada cuando se restringe el derecho de participación política de los diputados y se impide al pleno «manifestar su voluntad» respecto a una iniciativa.
El PP concluye la advertencia con un llamado de responsabilidad personal para los integrantes de la Mesa que avalaron el veto: «Los miembros de la Mesa que con su voto han propiciado esta acción no pueden eludir [dicha responsabilidad], pues están sujetos en sus decisiones a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico«.
A su parecer, una resolución «arbitraria» que se aparta de la ley y contradice precedentes idénticos «cumple los elementos constitutivos de una conducta que comporta graves consecuencias» jurídicas para quienes la toman.