El texto aprobado por los eurodiputados incluye medidas adicionales para fortalecer la capacidad de negociación de los agricultores frente a compradores y distribuidores

El Parlamento Europeo ha ratificado este martes una reforma en las normas de comercialización agrícola destinada a robustecer la capacidad de negociación de los agricultores frente a compradores y distribuidores. Entre las medidas contempladas se encuentran contratos más estables, mayor transparencia en la formación de precios y nuevas limitaciones en el uso de denominaciones vinculadas a productos cárnicos.
Concretamente, la legislación reserva ciertas denominaciones exclusivamente para productos de origen animal y define la carne como las “partes comestibles de animales”, por lo que términos como “vacuno”, “ternera”, “pollo”, “costilla”, “chuleta”, “filete” o “bacon” no podrán ser aplicados a productos cultivados en laboratorio o elaborados a partir de células, como las alternativas vegetales.
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La restricción abarca aproximadamente una treintena de términos tradicionalmente asociados a la carne, aunque el acuerdo pactado por los europarlamentarios permite conservar otras denominaciones ampliamente utilizadas en el mercado, como “hamburguesa vegetal” o “veggie burguer”, frecuentes tanto en supermercados como en restaurantes. Según la Eurocámara, la finalidad es incrementar la transparencia en el mercado interior y proporcionar una mayor claridad a los consumidores sobre la naturaleza y origen de los productos adquiridos.
“Términos como filete e hígado quedan reservados para productos derivados de la ganadería, con el fin de evitar competencia desleal y valorar los conocimientos agrícolas específicos. Es un paso fundamental para la preservación de nuestro patrimonio agrícola y alimentario”, subrayó la eurodiputada francesa Céline Imart.
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Incremento del poder negociador para los agricultores
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el lanzamiento de un paquete de iniciativas para afrontar el reto «urgente» del relevo generacional en la agricultura y ganadería españolas, mediante la creación de Tierra Joven, una plataforma dedicada a la difusión y movilización de tierras agrarias. (Europa Press/La Moncloa)
Además de las prohibiciones sobre términos que se reservarán para la ganadería, el texto, respaldado en el pleno con 560 votos a favor, 75 en contra y 25 abstenciones, modifica el Reglamento de la Organización Común de Mercados Agrícolas (OCM) y otras normativas relacionadas con la Política Agrícola Común (PAC). El objetivo es equilibrar las relaciones en la cadena alimentaria mediante una protección contractual más sólida para los productores.
Entre las medidas, los países deberán publicar índices de referencia que se utilicen en los contratos agrícolas para reflejar con mayor precisión la evolución de los costes y permitir una remuneración ajustada a la realidad del mercado.
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Esta reforma, que ahora requiere la aprobación formal del Consejo -representado por los Gobiernos- antes de entrar en vigor, también fortalece el papel de las organizaciones de productores, ampliando su facultad para negociar colectivamente con los compradores y estableciendo salvaguardas que impidan a estos negociar directamente con agricultores individuales para evadirlas.
El texto incorpora igualmente nuevas reglas sobre etiquetado y comercialización para clarificar el uso de términos como “justo” o “equitativo”, que deberán cumplir con criterios específicos relacionados, entre otros aspectos, con el apoyo a las comunidades rurales o a las organizaciones agrícolas.
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Finalmente, la normativa incluye disposiciones concretas para el sector lácteo, como la exigencia de contratos escritos obligatorios, con el propósito de fortalecer la estabilidad de los ingresos de los productores en un contexto de alta volatilidad en los mercados.

