Un análisis de Fedea revela que la proporción de indefinidos que permanecen un año en la empresa descendió del 75% al 60% tras el decreto de 2021 y que los contratos de este tipo ahora duran 100 días menos
La reforma laboral de 2021 estableció como meta principal fomentar la estabilidad del empleo mediante la reducción de la temporalidad, pero algunos especialistas cuestionan la eficacia de las herramientas implementadas para asegurar empleos de mejor calidad para las generaciones jóvenes al ingresar al mercado laboral. Un estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), publicado en junio de 2026, indica que la reforma modificó el tipo de contrato con el que los jóvenes inician su empleo, pero no consiguió un aumento equivalente en su estabilidad real: los contratos indefinidos ordinarios firmados tras la reforma duran, en promedio, cerca de 100 días menos que los celebrados antes de su vigencia. Además, el ‘think tank’ destaca que cuatro de cada diez contratos de este tipo no superan un año de duración.
El informe examina los registros administrativos de la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL) de la Seguridad Social para una muestra de 177.541 jóvenes incorporados al mercado laboral entre 2014 y 2023. Se trata del primer análisis detallado con datos individuales sobre el impacto de la reforma en los trabajadores de reciente ingreso.
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El diagnóstico inicial era conocido: antes de la reforma, el 86% de los jóvenes que comenzaban su vida laboral lo hacía con un contrato temporal. Cuatro de cada diez contratos nuevos en España tenían una duración inferior a un mes. Lejos de actuar como una fase de transición hacia el empleo estable, la temporalidad se había convertido en una trampa que dificultaba la acumulación de experiencia, presionaba a la baja los salarios y generaba ciclos repetitivos de desempleo.
Una reforma contra la temporalidad
El Real Decreto-Ley 32/2021, aprobado el 28 de diciembre de 2021 y vigente desde abril de 2022, buscó romper ese patrón con un enfoque distinto al de reformas anteriores. En lugar de centrarse en las indemnizaciones por despido o en incentivos para contratos indefinidos, el decreto actuó directamente sobre el marco regulatorio de la temporalidad. Eliminó el contrato de obra y servicio, el más común para prolongar relaciones laborales aparentemente temporales, y redujo las modalidades de contrato temporal a dos: el contrato por circunstancias de producción y el de sustitución. Además, incorporó una penalización en las cotizaciones sociales para contratos inferiores a 30 días e impulsó el contrato fijo-discontinuo como opción para actividades intermitentes o de temporada.
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Santiago Carbó, catedrático del Departamento de Economía en CUNEF Universidad, señala que el salario que perciben los jóvenes es inferior a las pensiones que reciben los jubilados, por lo que considera necesario implementar medidas que disminuyan esa desigualdad.
Tras la reforma, el porcentaje de jóvenes que inició su vida laboral con un contrato indefinido ordinario aumentó del 13% al 33%; si se consideran también los contratos fijos-discontinuos, la cifra supera el 50%. La diferencia que existía entre las provincias con mayor y menor prevalencia de temporalidad (de 7,3 puntos porcentuales antes de la reforma) se redujo en un 87%. En la práctica, las disparidades geográficas en el acceso a un primer empleo estable quedaron casi eliminadas.
Más contratos fijos, pero no mayor estabilidad
No obstante, el estudio de Fedea advierte que la mejora en la calidad formal del contrato no se tradujo en un incremento proporcional de la estabilidad real del empleo. La duración promedio de los contratos indefinidos ordinarios firmados por jóvenes disminuyó en aproximadamente 100 días respecto al período anterior a la reforma. La tasa de permanencia de esos contratos a los 12 meses se redujo del 75% al 60%, una caída de 15 puntos porcentuales que los autores atribuyen a un incremento en la rapidez de las desvinculaciones, sin que cambien sus causas.
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Los investigadores plantean varias hipótesis para esta paradoja. La reforma obligó a las empresas a ofrecer contratos indefinidos para cubrir puestos que antes eran temporales y que siguen presentando inestabilidad debido a la naturaleza del trabajo. Al limitar la posibilidad de seleccionar con discrecionalidad quién recibe un contrato indefinido, la calidad media del emparejamiento entre trabajador y puesto disminuye. Además, se añade un efecto de incentivos: un trabajador con contrato temporal que finaliza tiene derecho a prestación por desempleo; uno que abandona voluntariamente un indefinido, no. Esto puede motivar a algunos jóvenes a abandonar sus puestos antes para evitar quedar desprotegidos.