Alemania, Francia, los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo buscan reforzar las garantías para actuar con mayor rapidez frente a infracciones democráticas y jurídicas en futuros miembros de la UE. La propuesta refleja las lecciones extraídas de la era Orbán.
La Unión Europea debería contar con herramientas adicionales que le permitan reaccionar con mayor agilidad ante nuevos Estados miembros que incumplan derechos fundamentales y principios democráticos, según lo han manifestado cinco países ante la creciente urgencia de la ampliación de la UE.
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Una propuesta conjunta firmada por Alemania, Francia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo, consultada por Euronews, recomienda fortalecer los tratados de adhesión de futuros miembros del bloque con diversas cláusulas de salvaguardia que permitan actuar contra violaciones legales y aplicar sanciones rápidas, tales como la suspensión de fondos y derechos de voto.
Además, los nuevos miembros deberían ver restringido su derecho de veto por un periodo indefinido para evitar bloqueos repentinos en decisiones prioritarias; el ámbito de la política exterior, que requiere unanimidad en todo momento, es un ejemplo claro.
Según un diplomático, la ampliación “no debería menoscabar nuestra capacidad de actuación”.
La iniciativa surge en gran medida como respuesta a la difícil experiencia de la UE con Viktor Orbán. El ex primer ministro húngaro, derrocado en abril tras 16 años consecutivos en el cargo, generó fricciones con sus constantes vetos.
Las reformas realizadas para debilitar los sistemas de control y equilibrio desencadenaron múltiples litigios y la congelación de miles de millones en fondos europeos. A comienzos de año, su veto controvertido contra un préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania desencadenó acusaciones vehementes de deslealtad y chantaje.
En realidad, el documento propone una nueva salvaguardia vinculada al principio de cooperación leal, principio que Orbán habría violado al retractarse en el acuerdo alcanzado por los líderes respecto al paquete de 90.000 millones de euros.
“Basándonos en las experiencias de rondas anteriores de ampliación, se requiere una nueva perspectiva para los tratados de adhesión. No basta con repetir los tratados previos,” señalan los cinco países.
“Todas las opciones deben considerarse”.
Bruselas se encuentra en fases iniciales de redacción del tratado de adhesión de Montenegro, el principal candidato en la lista de espera.
El momento de publicación del documento responde a la intención de influir en las discusiones actuales y garantizar que el tratado con Montenegro sirva como modelo para los restantes candidatos, entre ellos Ucrania, Moldavia, Albania, Macedonia del Norte y Serbia.
Si bien ningún candidato es mencionado de forma explícita, algunas referencias en el texto —como los períodos transitorios “ampliados” para la Política Agrícola Común (PAC) y la política de cohesión— parecen reflejar preocupaciones presentes en varias capitales sobre la solicitud ucraniana.
Se sugiere considerar transiciones adicionales para evitar “perturbaciones” que pueda provocar la libre circulación de trabajadores en los mercados laborales, los niveles de vida y la vivienda.
‘No retroceso’
El punto central del documento, con tres páginas de extensión, es el estado de derecho.
En años recientes, la UE ha tenido dificultades para frenar el retroceso democrático en países que se unieron en 2004, especialmente Hungría, Polonia y Eslovaquia.
Esta crisis ha puesto de manifiesto el limitado poder de maniobra que mantiene Bruselas una vez finalizado el proceso de adhesión, marcado por estándares de admisión excepcionalmente exigentes.
El documento busca instaurar mecanismos de influencia en los años siguientes a la adhesión a través de la incorporación de una “cláusula de no retroceso” como una “norma obligatoria” para los nuevos miembros. En caso de retroceso, la UE tendría la facultad de adoptar “medidas de protección” que superen las herramientas actuales, como el procedimiento de infracción y la congelación de fondos.
Las “medidas de protección” quedan abiertas para que las capitales definan su alcance.
Adicionalmente, se propone simplificar el artículo 7 de los tratados de la UE para abordar infracciones graves de los valores fundamentales.
Conocido como “opción nuclear”, el artículo 7 consta de dos etapas principales: su activación requiere mayoría cualificada de cuatro quintos de los Estados miembros y la suspensión de derechos de voto exige unanimidad (exceptuando el Estado acusado). En casos previos con Hungría y Polonia, el requisito de unanimidad para la segunda fase se demostró impracticable.
El documento plantea que la suspensión del derecho a voto debería poder aplicarse con solo una mayoría de cuatro quintos, permitiendo una respuesta más rápida si un nuevo miembro retrocede.
Es relevante que los impulsores de estas ideas — Alemania, Francia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo — sean cinco de los seis miembros fundadores de la UE. (Italia no formó parte.)
Dos de estos países, Francia y los Países Bajos, han sido ampliamente catalogados como “escépticos frente a la ampliación” en Bruselas, aunque ambos mantienen un firme respaldo a Ucrania.
La inclusión de cláusulas de salvaguardia y períodos transitorios en futuros tratados de adhesión podría ayudar a tranquilizar a ciudadanos que muestran reticencia frente a la expansión del bloque, sostiene la coalición.
“Hay que aprovechar esta oportunidad y diseñar mejoras necesarias para garantizar que la ampliación fortalezca la UE y aumente la seguridad de su vecindario,” indica el documento en la introducción.
“Esto será fundamental para mantener y ampliar el apoyo político y popular a la ampliación, que, a su vez, es imprescindible para la ratificación de los tratados de adhesión en todos los Estados miembros.”
La propuesta se presenta en medio de un debate creciente sobre cómo adaptar el proceso de adhesión, que lleva décadas, al nuevo contexto geopolítico y convertirlo de un concepto burocrático en una perspectiva tangible.