Las claves
Santos Cerdán, antiguo secretario de Organización del PSOE, es señalado por los investigadores como el «capo» de una supuesta red de extorsiones y corrupción que actuaba desde la sede del partido en Ferraz.
El grupo, denominado Hirurok, estaría involucrado en la percepción de comisiones vinculadas a adjudicaciones públicas, el manejo de facturas falsas y la utilización de empresas pantalla como Servinabar, asociada directamente a Cerdán.
Entre las evidencias figuran grabaciones en las que Cerdán, Ábalos y Koldo García distribuyen sobornos y mensajes que reflejan su papel jerárquico dentro de la organización, además de abonos a familiares y allegados mediante contratos y favores.
Pese a las pruebas y el tiempo en prisión preventiva, Cerdán rechaza las acusaciones, asegura ser víctima de una campaña mediática y continúa con una vida social activa en su pueblo natal, Milagro.
Existen quienes encuentran un paralelismo entre la negación de Santos Cerdán frente al cúmulo de evidencias y la resistencia en El Álamo.
No obstante, después del sumario del juez Pedraz, cada vez más personas lo ven menos como los desafortunados William Travis o Davy Crockett y más como uno de los forajidos ajusticiados en el cuartel de Aguas Verdes tras una vida llena de desmanes, similar a los del Grupo Salvaje.
Aunque su desenlace fatal aún no se ha producido, el cerco judicial se estrecha alrededor de Cerdán con una rapidez tan implacable como las tropas del general Mapache.
Las pesquisas acumulan un conjunto de indicios que sitúan a Santos Cerdán como el «capo de las cloacas» de Ferraz, designándolo cerebro de una presunta red de extorsiones financiada con fondos del PSOE para actuar contra fiscales, mandos de la Guardia Civil, empresarios y periodistas, y entorpecer cualquier acción contraria a Pedro Sánchez y su círculo.
Sobre él recaen sospechas por una larga lista de delitos: ‘C’ de cohecho, ‘F’ de falsedad en documento mercantil, ‘I’ de inducción al falso testimonio, ‘O’ de organización criminal, ‘P’ de prevaricación y ‘T’ de tráfico de influencias.
El lunes, en un momento poco habitual, Cerdán afirmó ante los medios que no existió «ni chantaje ni nada parecido«.
Lo hizo con un estilo reservado, directo y frío, oculto tras sus habituales gafas de sol negras, minutos después de firmar en el juzgado de Tafalla (Navarra), donde debe presentarse cada quince días como medida preventiva.
El ex secretario de Organización del PSOE defiende que no hay causa, califica el asunto como lawfare, se declara inocente y minimiza el rol de Leire a mera empleada.
Cinco días después del nuevo escándalo, el viernes, Cerdán difundió un comunicado en el cual rechazaba categóricamente «cualquier hecho delictivo«.
Añadió que es blanco de «una campaña mediática» y que el propósito de las investigaciones judiciales es «no esclarecer delitos, sino destruir personas«. Sostuvo que la UCO busca «destruir la reputación, el nombre y la honorabilidad de ciertos ciudadanos».
No mencionó ni la avalancha de pruebas que bloquean la circulación central del Partido Socialista, ni la creciente lista de nombres nuevos señalados en las pesquisas.
Guardó silencio respecto a figuras como Leonardo Marcos, Mercedes González, Cristina Narbona, Juanfran Serrano o Ana María Fuentes.
Sin embargo, los indicios recabados en los sumarios son sumamente graves.
El trío de Hirurok y su jefe
«No mantengo ninguna relación orgánica, y mucho menos de superioridad, con el denominado grupo Hirurok o cualquier otra supuesta red bajo investigación, ni he emitido ningún mensaje que lo sustente».
Cerdán niega estar vinculado al chat surgido el 1 de junio de 2021, misma fecha en que Servinabar, empresa en la que posee el 45%, contrató a Vicente Fernández, ex presidente de la SEPI.
No obstante, en ese chat participaban Fernández, Leire Díez y Antxón Alonso. Lo empleaban para aprovechar su posición, contactos y capacidad de influencia sobre ciertos funcionarios públicos, con el fin de «orientar la resolución de diferentes expedientes administrativos«, supuestamente con un fin lucrativo.
Para esos objetivos, los tres coordinaban encuentros presenciales, empleaban canales seguros de comunicación y se apoyaban en una «estructura societaria instrumental» que les permitía gestionar los beneficios económicos y distribuir responsabilidades, configurando lo que el juez califica como una probable «actividad criminal» con intención de perpetuidad.
Aunque su funcionamiento era equitativo internamente, el auto de Pedraz resalta que Santos Cerdán intervenía en Hirurok con un «nivel jerárquico superior«.
Como secretario de Organización del PSOE, tomaba decisiones de carácter más «estratégico«, impulsando proyectos conjuntos y procurando posicionar a los investigados en cargos clave en la Administración.
Por ejemplo, intentaron, sin éxito, que Leire Díez fuera nombrada jefa de gabinete de la nueva presidenta de la SEPI en marzo de 2021 para «recuperar el control» del organismo.
Las cloacas del PSOE
Esta red tiene su contexto en el caso fontanera. Santos Cerdán y su entorno llevaban meses preocupados ante la cercanía del caso Koldo y el estallido del asunto Begoña.
Leire escribió a Vicente Fernández el 25 de abril por WhatsApp: «Me voy urgentemente a Madrid. Santos me ha mandado ir. Tenemos información que ayudaría al presidente».
Un día antes, contactó con Cristina Narbona para «reorientar» los ataques al presidente, ofrecer «una ayuda especializada» y darle la vuelta a la situación «como un calcetín».
Narbona respondió que ya le había dado todos esos detalles a Santos días antes: «ya se los había contado a Santos el otro día«.
Durante los cinco días de reflexión de Pedro Sánchez, Ferraz acogió dos reuniones claves que el juez considera el punto de inicio para la coordinación de la red.
Participaron Cerdán, Leire, el empresario Javier Pérez Dolset, el ex director de comunicación del PSOE Ion Antolín, el expresidente de Correos y antiguo jefe de gabinete de Sánchez, Juan Manuel Serrano, también Juanfran Serrano (número dos de Cerdán), Antonio Hernando y el abogado Jacobo Teijelo.
Estos encuentros en Ferraz supusieron la activación de una estrategia coordinada de bloqueo judicial y policial.
El objetivo principal era «desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial o acción policial» que perjudicara al Gobierno, al PSOE o a la familia del presidente.
En esencia, diseñaron una operación para atacar a los investigadores y desinformar el entorno mediático.
El auto describe una «estructura criminal» que utilizó la maquinaria del PSOE, su sede, su personal, recursos económicos y contactos con esos fines.
Esto contrasta con la versión de Cerdán en su comunicado, que acusa a los jueces y a la UCO: «Se eligen objetivos y luego se dirigen operaciones abiertas contra ellos buscando ‘algo’ que pueda deteriorar su imagen y disminuir su credibilidad pública«.
Añade: «Sólo así se comprende que mi nombre aparezca sucesivamente en distintos asuntos (primero mascarillas, después obra pública, financiación ilegal del partido, ahora Hirurok, SEPI y lo que sea necesario».
El juez sostiene que Cerdán era el capo y ocupaba la «posición jerárquica superior» en la red. Leire Díez actuaba como «coordinadora y ejecutora» de las maniobras en campo; Dolset, en un nivel inferior bajo sus instrucciones.
Gaspar Zarrías, histórico socialista andaluz, estaba encargado de «los asuntos jurídicos» y Ana María Fuentes, gerente del partido, autorizaba los pagos con facturas falsas.
Asimismo, Cerdán acordó con Díez un pago mensual de 4.000 euros con recursos del partido, a través de la consultora de Zarrías.
Jacobo Teijelo merece una mención especial. El auto señala que el abogado de Cerdán fue responsable de la línea enfocada en el caso hidrocarburos.
Leire Díez le comunicó desde su posición: «Te he asignado todo lo relacionado con hidrocarburos«.
Para remunerarlo, Teijelo participó en el circuito financiero de desviación de fondos. Según el juez, el abogado habría recibido al menos 125.000 euros del PSOE.
Estos pagos contaban con un soporte documental ficticio y facturas falsas, gestionadas por Leire y Cerdán, y finalmente aprobadas por Fuentes.
Víctor de Aldama identificó en marzo de 2025 a Teijelo como uno de los tres «fontaneros» que, bajo mandato de Cerdán, ofrecían indultos a empresarios a cambio de mentir en el proceso judicial que lo envolve.
Cuando Cerdán ingresó en Soto del Real en junio de 2025, Teijelo figuró entre las primeras visitas y posteriormente fue codefensor en el Supremo junto al despacho Benet Salellas.
El PSOE contrató a Teijelo para brindar «asesoría y análisis en litigios penales«, con un sueldo mensual entre «15.000 y 25.000 euros«.
La red también alcanzó a la cúpula de la Guardia Civil. Grabaciones en el sumario revelan a Díez jactándose de su «confianza» con Mercedes González, directora del Instituto Armado, y a Leonardo Marcos maniobrando para obstaculizar las pesquisas de la UCO.
Los audios de Koldo
Existen diversas pruebas que vinculan a Santos Cerdán con varias redes corruptas dentro del PSOE, a diferencia de lo afirmado en su comunicado.
La primera causa que llevó al ex secretario a prisión se relaciona directamente con el caso Koldo.
El juez Leopoldo Puente dictó prisión preventiva sin fianza el 30 de junio de 2025, tras detectar «fuertes indicios» de que Cerdán desempeñaba un «papel directivo» en la red.
Según el magistrado, Cerdán gestionaba los pagos que las constructoras hacían a los miembros involucrados, y los distribuía; mientras Ábalos manipulaba, Cerdán cobraba y repartía.
Anticorrupción respaldó la prisión preventiva al considerar el «riesgo de destrucción de pruebas«.
El núcleo de la investigación fueron las grabaciones secretas hechas por Koldo García durante años a sus compañeros, interceptadas por la UCO tras su detención el 20 de febrero de 2024.
En varios audios se escucha a Cerdán, Ábalos y Koldo discutir sobre la distribución de dinero obtenido mediante sobornos por adjudicaciones públicas.
En una de las partes más relevantes, Koldo informa a Santos Cerdán: «Está hecho en La Rioja«, refiriéndose a la asignación de un tramo de la autovía A-68.
En otro, del 21 de enero de 2021, Koldo ofrece ante Cerdán y Ábalos un informe detallado y revelador sobre los pagos recibidos.
«Recibí 450 mil de la primera tanda, que comprenden tres contratos, más 50 mil de los dos contratos siguientes. Luego me dieron setenta mil por la indemnización de la parte baja, totalizando quinientos setenta mil (570.000)».
Fiel a su estilo, Santos intenta cortar: «¡Koldo! No quiero que hables de esto, que no se debe mencionar«. La respuesta de alguien consciente de que las paredes oyen, sin saber que su interlocutor es quien graba.
En otro audio Ábalos y Koldo conversan sobre la obra del Puente del Centenario de Sevilla y el rol de Cerdán en su adjudicación. Koldo le dice claramente a Ábalos: «Santos está obsesionado con Sevilla; se juega la vida«.
Esa obsesión no era arbitraria: Servinabar, empresa ligada a Cerdán, solo aportó «un peón» (su cuñado, Antonio Muñoz Cano) y cobró casi 1,8 millones de euros por esa obra, según los investigadores.
El esquema funcionaba así: Cerdán facilitaba el contacto político, Acciona conseguía el contrato y Servinabar recibía el 2% del valor de la adjudicación.
Los tentáculos de Servinabar
EL ESPAÑOL tuvo acceso al contrato privado por el que Cerdán adquirió el 45% de Servinabar 2000 SL por 6.000 euros.
La empresa navarra era clave en el mecanismo de cobro de comisiones: participaba en UTE con Acciona en obras públicas del Ministerio de Transportes y después facturaba a la constructora las «comisiones» pactadas.
El juez consideró «muy significativo» que Antxón conservara el contrato diez años después, lo que respaldaría la veracidad del documento y la vinculación de Cerdán con la empresa. Cerdán alegó que nunca se elevó a escritura pública y que carecía de validez, argumento rechazado por el magistrado.
El informe de la UCO de noviembre de 2025 calculó que Acciona pagó a Servinabar el 2% del valor de cada adjudicación amañada, acumulando 6,7 millones de euros. El 75,33% de los ingresos históricos de Servinabar provinieron de contratos con Acciona.
Entre estas figuran los túneles de Belate, el Puente del Centenario de Sevilla, la demolición de la Universidad Laboral de Zaragoza y la adjudicación de la autovía A-68.
Un detalle destacado por los investigadores es que Cerdán poseía una cuenta de correo interna dentro de Noran Cooperativa, empresa de Koldo y Alonso, bajo el alias «El Pequeño«, mediante la cual Alonso le informaba con precisión del progreso de cada proyecto.
Las pesquisas sugieren también que Servinabar benefició al círculo familiar de Cerdán.
Francisca Muñoz Cano, su esposa, trabajó en empresas vinculadas a la trama y Servinabar cubrió el alquiler del ático donde residía cuando era secretario de Organización del PSOE.
Su cuñado fue empleado como peón en la obra del Puente del Centenario. Su hermana, Belén Cerdán, habría recibido pagos por hasta 22.000 euros. La UCO solicitó al juez investigar el patrimonio total de la familia para «cerrar el cerco» sobre Cerdán.
Santos sostiene que es blanco de «una campaña mediática» y que el informe patrimonial prometido «aún no ha sido emitido», aunque lleva un año en espera. No menciona que la UCO ya inspeccionó sus cuentas, propiedades y correo corporativo desde diciembre de 2024, con autorización expresa del juez Puente.
La red de la SEPI
La trama en la SEPI es otro frente de la investigación, y la que mejor refleja la magnitud del sistema que se atribuye a Cerdán.
No se trata de un caso independiente: es el mismo grupo Hirurok actuando en una esfera distinta. Mientras Servinabar se centraba en contratos del Ministerio de Transportes, el brazo SEPI hacía lo propio.
El eje principal es Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI, quien entre 2021 y 2023 recibió 128.092 euros de Servinabar por «asesoría externa».
La UCO investiga si él, Leire Díez y Antxón Alonso obtuvieron más de 700.000 euros en comisiones por influir en al menos cinco expedientes públicos, incluido un rescate de 112,8 millones de euros a Tubos Reunidos.
El sumario concluye: «Por esta operación, Vicente Fernández habría facturado 40.000 euros a Tubos Reunidos», y que el total cobrado por la trama fue de 114.950 € por esa intermediación.
Se sospecha que Fernández actuaba de testaferro para que Cerdán recibiera fondos sin figurar en contratos.
El 10 de diciembre de 2025, la UCO detuvo a los tres en 19 registros simultáneos en Madrid, Sevilla y Zaragoza. Entre los sitios inspeccionados: la sede de SEPI, Forestalia, Mercasa, Enusa y un bar sevillano gestionado por la pareja de Fernández, sospechoso de ser usado para blanquear dinero.
Lo que comprometió a Cerdán en este ámbito no fueron audios sino un error: Díez no borró sus mensajes con Fernández, con quien mantenía una relación sentimental, en los que le comunicaba las órdenes de Santos.
El 12 de mayo de 2024, Díez escribió: «Pensaba en cómo me quiere pagar Santos, tal vez a través de Andalukadi directamente, ¿no?«.
El auto cita mensajes donde Díez expresa inquietud por la trazabilidad de esas sumas, y presiona a Vicente: «Pero también tienes que hablar con Santi, porque él es tu cliente al final«.
Estos mensajes son la base que emplea la UCO para demostrar que Cerdán no solo ordenaba pagos, sino que elegía los métodos para ocultarlos conscientemente.
La vida desenfadada de ‘Santi’ y ‘Paqui’
El 27 de mayo, a las 8:07 am, agentes de la Guardia Civil irrumpieron en el domicilio de Santos Cerdán en Milagro, calle Pintor Ibáñez Viana, y registraron su chalet.
Le requisaron a él y su esposa iPhone 13 y 16, varios folios con anotaciones manuscritas, documentos con contratos, información fiscal sobre impuestos de sucesiones y donaciones, y uno de mudanzas. También tomaron libretas y agendas, además de un Macbook Air, del que copiaron correos, archivos de iCloud y carpetas.
Simultáneamente, agentes acudieron a la calle Ayala, residencia de Eduardo García, descrito por vecinos como «amigo íntimo de Cerdán, quien le dejó muebles y documentos cuando regresó de Madrid a Milagro».
Mientras se efectuaban estas inspecciones en Milagro, funcionarios inspeccionaron Ferraz durante 12 horas, buscando datos sobre las cloacas del PSOE.
Entre los objetos incautados había un ordenador y siete cajas de Santos Cerdán almacenadas en el sótano 3 del edificio, en una sala cerrada con llave. Nunca se supo qué contenían.
A pesar de todo, Cerdán mantiene su postura firme. No muestra señales de rendición ni de revelar información. En Milagro, donde vive con su esposa Francisca (la Paqui Muñoz), frecuenta bares y restaurantes con normalidad.
Sorprende la actitud de muchos vecinos, más cercanos a Cerdán que a la dura realidad judicial que lo persigue desde el 13 de julio de 2025, día en que perdió su cargo como secretario de Organización del PSOE.
El pueblo, con poco más de 3.500 habitantes, parece desconectado del contexto, como si sus habitantes sufrieran una especie de lobotomía colectiva.
«Aquí muchos lo apoyan, ya sea por miedo a tomar partido o porque realmente creen que esto es un complot contra él. Incluso el alcalde y su esposa forman parte de la cuadrilla de Cerdán».
Es necesario buscar en tabernas, tocar puertas y reunirse en sótanos para encontrar vecinos dispuestos a expresar sus opiniones, como si hablar en público implicara ser objeto de una caza de brujas.
Este miedo es comprensible, ya que algunas fuentes que brindaron información a EL ESPAÑOL sobre Cerdán informan haber sido contactadas y amenazadas directamente por el conocido milagrés. No se revelan detalles para protegerlos.
«Sinceramente, nunca pensamos que fuera capaz de esto, no por maldad sino por incapacidad», comenta una fuente cercana a la familia que pidió mantener el anonimato.
«Es difícil imaginar que actuara solo. Siempre fue astuto, pero no para orquestar todo ese complot. Lo que ha demostrado es ser uno de esos políticos que, al alcanzar el poder, termina coaccionando a su entorno. Eso explica la declaración de Adriana Lastra: que la engañó y traicionó».
Quienes han tratado con él lo describen como una persona «extremadamente leal a Pedro Sánchez«.
De hecho, recuerdan que Cerdán, conocido en el pueblo como Santi, formaba parte del grupo del Peugeot e hizo de maestro de ceremonias para Sánchez y su esposa, Begoña Gómez, cuando éste aún aspiraba a las primarias del PSOE en 2017.
Durante esa visita transformaron uno de los restaurantes de Milagro, el bar El Olivo, en su base de operaciones.
Ese local, con fuerte afinidad socialista, cuenta con una sala llamada ‘el comedor Pedro Sánchez‘. La alianza entre el Presidente y su futuro secretario de Organización maduró entre paredes amarillas, mesitas con servilleteros de ColaCao, manteles de papel granate y menús a 10 euros.
Existía confianza; eran amigos. El 15 de mayo de 2025, tras surgir los primeros reportes de las grabaciones entre Cerdán y Koldo sobre comisiones, Sánchez y Begoña los invitaron a una cena íntima en el Palacio de la Moncloa.
«Santi mataría por Sánchez, pero también le atrae mucho el dinero. No revelará secretos salvo que se afecte su bolsillo«, indican las fuentes consultadas.
Muchos opinan que «el partido lo ha dejado caer».
«¿De dónde saca el dinero?»
La UCO declaró en el caso Servinabar que la empresa recibió supuestamente entre 6 y 7 millones de euros por mordidas, equivalente al 2% de los contratos públicos.
Las investigaciones detallan cómo Cerdán utilizó tarjetas asociadas a Servinabar para gastos de lujo y consumo diario.
Los investigadores cifran en 33.574 euros el gasto realizado con estas tarjetas en restaurantes, bares, vacaciones en Ibiza y Tenerife, así como compras en El Corte Inglés, donde Paqui era una clienta habitual.
En julio de 2018, Servinabar pagó dos facturas de El Corte Inglés por un total de 5.520 euros, de los cuales 2.210 correspondieron a «muebles para dormitorio: cama y confort«, ambas abonadas mediante transferencia bancaria.
La UCO asegura que el 75,33% de los ingresos de Servinabar provienen de Acciona y sospecha que parte de esos pagos encubren comisiones vinculadas a adjudicaciones públicas presuntamente manipuladas.
Desde esos fondos, Servinabar transfirió 367.290,43 euros a la cooperativa Erkolan, coincidiendo con la contratación de la hermana de Cerdán, Belén Cerdán, quien habría percibido 22.000 euros cuando era concejal socialista en Milagro y presidente de la Mancomunidad de Residuos Sólidos Urbanos de la Ribera Alta.
También contrató a su esposa y pagó el ático donde vivía en Madrid.
Uno de los mayores lujos de la pareja fue la reforma completa del chalet en Milagro, que costó alrededor de 6.000 €. «Lo transformaron por completo. Por fuera apenas se notan las modificaciones, pero por dentro la casa es irreconocible«.
Una amiga consultada por EL ESPAÑOL asegura que la cocina es «espectacular, completamente nueva».
También señala que en el salón hay un baño y hasta un cuarto trastero con lavandería, junto a un jardín accesible desde el salón. En la primera planta hay tres habitaciones y un baño.
Aunque no son de ostentar con joyas o coches caros, les gusta acudir a clínicas privadas y vestirse bien.
Al recordar la primera declaración de Cerdán en Tafalla tras salir de prisión, se menciona que vestía zapatillas Premiata de más de 275 euros y una chaqueta Belstaff negra de cerca de 500 euros.
A Cerdán también le gustaban los «trajes hechos a medida».
Se recuerda que su hija estudia Medicina en la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid, cuya matrícula anual ronda los 10.000 euros. Vive en la capital y comparte piso. «Alguien debe costeárselo».
Fuentes indican que Cerdán y Paqui siempre mostraron una actitud algo arrogante y les gustaba exhibir detalles superficiales.
Por ejemplo, cuando era secretario de Organización, «venía al pueblo con tres guardaespaldas, algo insólito en un lugar tan pequeño como Milagro».
Nadie conoce con precisión el patrimonio exacto de Santos Cerdán.
En 2023, su informe patrimonial reflejaba 55.320 euros en cuenta corriente, una vivienda adquirida en 1994 en Milagro y un Volvo XV60 T6, para el que solicitó un préstamo de 19.200 euros en mayo de 2023.
La gran pregunta que se hacen sus vecinos es: «¿De dónde saca el dinero?» Cómo es posible que, «sin empleo ni ingresos visibles», Cerdán tenga una vida social activa con constantes comidas y cenas fuera.
La cuadrilla de Cerdán
Hacia las 9:00 cada mañana, Santos Cerdán suele detenerse en el restaurante El Olivo para tomar café. De manera paralela, Paqui Muñoz frecuenta habitualmente otro bar céntrico, El Burgalés.
Los fines de semana aparecen juntos en ambos locales junto a su grupo de amigos, que incluye al alcalde de Milagro, el socialista José Ignacio Pardo, y su esposa, María José Pejenaute.
Pardo es un amigo cercano de la siguiente miembro: Belén Cerdán, hermana de Santos, quien reside a poco más de un minuto en coche y actualmente ocupa el cargo de teniente de alcalde, respaldada por el alcalde.
Jesús Aramendia, esposo de Belén, suele acompañarlos. Completa el grupo el concejal del PSOE Jesús Villar y Eduardo García, amigo de la familia cuya casa fue registrada por la UCO.
Los disidentes revelan que Cerdán «mira con superioridad a quienes no son de su generación».
«Siempre fueron algo arrogantes», dice una vecina. «Antes, al menos, Santi saludaba». Un familiar lejano comenta sin filtro: «Antes de estar en política me saludaba. Ahora actúa como si no existiera».
Santi tampoco muestra pudor en eventos populares como las procesiones de Semana Santa, la Korrika o las fiestas de San Blas.
«El domingo 13 se celebra el Día de la Cereza, tradicional en Milagro. Usualmente los Cerdán alquilan un balcón para observar. Este año veremos qué ocurre».
Sin embargo, el momento más visible de la burbuja de Cerdán es San Blas.
Las fiestas patronales sirven como termómetro para medir su exposición pública. Durante la última edición, con el caso Leire ya público, el ex número tres del PSOE participó en cenas, conciertos en el casino y largas vermuts acompañado de Paqui y su grupo.
La Sociedad Recreativa Cultural San Blas, el antiguo casino del pueblo, fue otro de sus refugios nocturnos.
Allí, las danzas populares se mezclaron con tertulias políticas junto a la barra. Cerdán se movía entre mesas, saludaba a quienes decidieron no darle la espalda y esquivaba con destreza las miradas de quienes preferían fingir no verlo.
«Lo ves en la verbena y parece que no tenga encima lo que carga», resume un vecino que lo observó. «Baila, ríe, cena fuera. Luego recuerdas que debe firmar en Tafalla y que tiene prohibido salir del país… y el contraste es impactante».
Este contraste se repite en Semana Santa, cuando apareció en la procesión del Viernes Santo, acompañado por Antonio Muñoz, hermano de Paqui.
Este diario contactó con Muñoz, quien fue condenado a tres años por incendiar el coche de su expareja. Su respuesta fue: «¿Por cuánto dinero?«.