Una juez, tras casi un año de procedimientos, señala posibles delitos de cohecho y tráfico de influencias relacionados con la adjudicación de cuatro contratos menores a Adentro Construimos y con la obra realizada posteriormente en una vivienda vinculada a Ramón Alzórriz
Ramón Alzórriz Goñi (Pamplona, 1973) no solo fue el líder del Partido Socialista de Navarra que felicitaba a María Chivite por su reelección como presidenta pese a no ganar las elecciones de 2023, sino que, principalmente, ejerció como sucesor de Santos Cerdán en la estructura política e institucional de Navarra desde julio de 2017 hasta junio de 2025. Casi un año después de ser apartado de sus cargos por ocultar a María Chivite que su pareja trabajaba para Antxon Alonso en Servinabar, la juez del juzgado de Instrucción número 5 de Pamplona considera que existen indicios de posibles delitos de cohecho y tráfico de influencias que involucran a Alzórriz y a la constructora Adentro Construimos. Alzórriz, protegido por Chivite que lo mantuvo como parlamentario, posee aforamiento y será el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TJSN) quien investigue si el Gobierno de Chivite favoreció a Adentro Construimos con cuatro contratos menores para que posteriormente la empresa compensara esas adjudicaciones, valoradas en 800.000 euros, con la reforma del piso de Alzórriz en el centro de Pamplona.
La jueza instructora de Pamplona ha requerido casi un año para determinar que la querella presentada en junio por Vox contra Alzórriz y los responsables de Adentro Construimos incluye documentación que sugiere la posible comisión de delitos de cohecho y tráfico de influencias. No obstante, la magistrada recuerda en la apertura de estas diligencias previas que Ramón Alzórriz goza de aforamiento parlamentario; por ello, la competencia para investigar los presuntos vínculos delictivos que relacionan cuatro pequeñas obras en el parque de Sendaviva en la Ribera navarra con el piso en Pamplona adquirido por Alzórriz durante su dirección en el PSN tras relevar a Santos Cerdán corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN).
Vox presentó formalmente en junio de 2025 la denuncia sobre la sospechosa adjudicación directa de cuatro contratos menores asignados a Adentro Construimos para reparar daños provocados por un incendio en el parque de Sendaviva. Una de las obras se asignó el 7 de noviembre de 2023 y las otras tres el día 20 del mismo mes. Los trabajos incluyeron reparaciones de caminos, adecuación de una plaza, urbanización del acceso al parque y la construcción de un nuevo edificio. De manera llamativa, cada contrato ascendía a cifras entre 190.000 y 199.999 euros, justo por debajo del límite de 200.000 euros para adjudicación directa y contratos menores en empresas públicas de Navarra. Tras encargar los trabajos a Adentro Construimos, se detectó que el coste real de algunas obras superaba en 10.000 euros la estimación inicial.
Además de acudir a la Justicia, Vox exigió en el Parlamento de Navarra la comparecencia del director general de Navarra Impulsa Cultura Deporte y Ocio (NICDO), Ramón Urdiain. Esta entidad pública del Gobierno de Chivite administra en exclusiva Parquenasa, la sociedad propietaria del parque de Sendaviva. NICDO, titular del 45% de Parquenasa, forma parte de la Corporación Pública Navarra —similar a una Sepi foral— dirigida por el consejero José Luis Arasti. Urdiain aclaró que no fue él quien seleccionó a Adentro Construimos para estos contratos; que existió una adjudicación a otra empresa y que todo el proceso fue avalado por los órganos de control del Gobierno de Chivite, que facilitó las subvenciones para cubrir casi 800.000 euros. Sin embargo, estas explicaciones no convencieron al portavoz y único parlamentario de Vox, Emilio Jiménez, quien vinculó a Adentro Construimos no solo con la reforma del piso de Alzórriz, sino también con la remodelación de la sede del PSN en Pamplona.
En 2023, Alzórriz, secretario de Organización y portavoz parlamentario del PSN, encargó la reforma de un piso que compró junto a su pareja en Pamplona. Según la licencia de obra presentada por Vox, el presupuesto de la remodelación ascendió a 38.000 euros; una cantidad que el partido de Santiago Abascal considera muy inferior al coste real de los trabajos realizados en la propiedad.
La investigación judicial también se extenderá al consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti. La jueza instructora señala en su auto un defecto formal en la querella de Vox que fuentes del partido han confirmado que será corregido dentro del plazo de tres días marcado. Si se confirma la supuesta implicación de Arasti, responsable en 2023 de la Corporación Pública de Navarra, se abrirá la posibilidad de que el caso pase al Tribunal Supremo, dado que el consejero también está aforado por su cargo en el gabinete de María Chivite.
Las diligencias previas dictadas hoy sobre los posibles delitos de cohecho y tráfico de influencias vuelven a dirigir la atención jurídica y política hacia el PSN y hacia la presidenta navarra, María Chivite. Unión del Pueblo Navarro (UPN) ya ha anunciado que se personará en el proceso como acusación particular. «El cerco se estrecha sobre María Chivite, también en un asunto que desprende malas impresiones y que puede afectar tanto a su ex número dos y aún parlamentario, como a su actual consejero de Economía y Hacienda», declaró hoy el partido de Cristina Ibarrola.