La magistrada considera que la carencia de mantenimiento del puente podría constituir una «negligencia grave» que justifica la acción penal. Los tres técnicos implicados deberán declarar el 15 de mayo
La jueza encargada de la investigación del colapso de la pasarela costera de El Bocal en Santander, donde en marzo fallecieron seis estudiantes, ha ampliado la acción penal a un tercer funcionario de la Demarcación de Costas – organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico – en Cantabria, por la presunta comisión de seis delitos de homicidio.
Se trata del jefe de Servicio de Proyectos y Obras, quien ocupó el cargo desde la instalación de la infraestructura hasta mayo de 2023, sumándose así a los otros dos funcionarios ya investigados: el jefe de la Demarcación, José Antonio Osorio, como director de Obras del proyecto de la senda costera de 2014, al cual pertenece la estructura colapsada, y el actual jefe de Servicio de Proyectos y Obras de la Demarcación, Enrique Rodríguez Sánchez.
En el auto publicado este martes, la titular del Juzgado número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander, que investiga el incidente, señala que este funcionario «tenía la condición de garante respecto a la seguridad estructural de la pasarela» y estaba obligado a «promover, ordenar o verificar las labores de inspección y mantenimiento necesarias en ese periodo», según informó el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en un comunicado.
La jueza sostiene que la falta de mantenimiento podría constituir una «negligencia grave» que justifica la acción penal por la posible comisión de seis delitos de homicidio por imprudencia grave – debido a los seis jóvenes fallecidos originarios de Camargo, Vizcaya, Guadalajara y Almería – y un delito de lesiones por imprudencia grave – por las heridas de la única superviviente, una chica de Álava – contra los tres funcionarios de Costas.
Según el informe pericial presentado al juzgado, el escrito añade que en esta fase del proceso se puede afirmar «que la falta de inspecciones y mantenimiento adecuados pudo impedir la detección y corrección del deterioro progresivo de la infraestructura, generando un riesgo significativo que se concretó en el derrumbe de la pasarela».
Asimismo, la jueza ha decidido que el médico forense valore a la sobreviviente para informar acerca de las lesiones sufridas.
Además, ha rechazado la solicitud del Ayuntamiento para que el ingeniero responsable del proyecto de la pasarela declare el próximo viernes 24 de abril como investigado, manteniendo su citación como testigo-perito.
Tres semanas después, el 15 de mayo se realizará la práctica completa de la prueba pericial y se tomará declaración a los tres técnicos investigados.