El impulso sindical y los acuerdos estatales allanan el camino para extender la jornada reducida en todo el ámbito municipal
Más de 500,000 empleados públicos en las administraciones locales verán reducida su jornada laboral a 35 horas semanales durante los próximos meses. Así lo ha confirmado la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, que ha intensificado su estrategia para aplicar esta medida en todos los ayuntamientos y entidades locales donde aún no está vigente.
En la actualidad, la jornada de 35 horas solo se ha implementado en ciertas grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Sevilla y Bilbao. No obstante, el sindicato considera que esta realidad cambiará pronto gracias a los recientes acuerdos alcanzados a nivel estatal.
CCOO ha lanzado una ofensiva organizativa para coordinar a sus delegados sindicales en todo el país. El objetivo es doble: introducir la jornada reducida en administraciones donde aún no está establecida y asegurarse de que quede formalmente reflejada en los convenios colectivos en aquellas donde ya se aplica de forma práctica.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, reiteró este martes que el debate sobre la reducción de la jornada laboral con los grupos parlamentarios debe producirse «en las condiciones más favorables posibles». (Fuente: La Moncloa / Europa Press)
Un acuerdo estatal que marca el camino
El sindicato recuerda que el Acuerdo para una Administración del Siglo XXI, suscrito junto a UGT y el Gobierno, fijó como meta instaurar la jornada de 35 horas semanales en todo el sector público. Este compromiso ha cobrado impulso tras el pacto alcanzado en marzo pasado en la Administración General del Estado.
Según CCOO, este avance elimina cualquier duda legal que pudiera existir. “No hay ninguna incertidumbre jurídica para su implantación en la totalidad de los ayuntamientos y demás entidades locales”, afirma la organización.
La reducción de jornada, sostienen, no solo favorece a los trabajadores, sino que también tiene un impacto positivo en el servicio público. De acuerdo con el sindicato, las 35 horas semanales ayudan a mejorar la calidad del empleo, garantizando una atención más eficiente a la ciudadanía y elevando la productividad.
Presión sindical
El respaldo normativo para esta medida está contenido en la Ley de Bases de Régimen Local. Su artículo 94 establece que la jornada laboral de los funcionarios locales debe ser igual, en cómputo anual, a la de los funcionarios de la Administración Civil del Estado. Esto significa que las mismas reglas sobre reducción de jornada deben aplicarse en el ámbito local.
Con base en esta norma, CCOO ha iniciado varias acciones para agilizar el proceso. Entre ellas, destaca la propuesta formal enviada a la Federación Española de Municipios y Provincias para convocar una mesa de negociación con los sindicatos mayoritarios.
La finalidad de este espacio de diálogo es coordinar la implantación de las 35 horas de manera uniforme y pactada en cada entidad local, evitando diferencias territoriales y asegurando seguridad jurídica.
Negociar en cada ayuntamiento
Además de la negociación estatal, el sindicato ha movilizado su red local. Cada sección sindical presentará propuestas formales en sus respectivos ayuntamientos y organismos públicos solicitando la implementación de la nueva jornada laboral.
Para facilitar este procedimiento, CCOO ha distribuido un modelo orientativo que servirá de base para dichas solicitudes. La intención es acelerar los trámites y garantizar que la demanda llegue de forma coordinada a todas las administraciones.
El sindicato también recalca la necesidad de que esta reducción de jornada se adapte a las particularidades de cada servicio. En áreas con trabajo por turnos —como policía local, bomberos, instalaciones deportivas, servicios culturales o bibliotecas— será preciso negociar calendarios específicos.
En todos los casos, enfatiza CCOO, las disposiciones deben quedar recogidas en los convenios colectivos o en las mesas generales de negociación. Incluso en las administraciones donde ya se aplican las 35 horas, pero sin respaldo formal, será fundamental regularizar esta situación.
Con este impulso, la jornada de 35 horas se perfila como uno de los cambios más significativos en el empleo público local, con un efecto directo sobre cientos de miles de trabajadores y la organización de los servicios municipales.