Afirma que el juez Peinado está invadiendo las competencias del letrado de la Administración de Justicia y denuncia que se mantiene una limitación a la libertad.
Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez, ha presentado un recurso contra la orden del juez Juan Carlos Peinado que les obliga, junto a la esposa del presidente del Gobierno, a acudir personalmente al juzgado para recoger sus pasaportes. La defensa argumenta que este trámite puede gestionarse mediante los procuradores y advierte que retrasar o condicionar la entrega implica mantener una restricción injustificada de un derecho fundamental.
En un recurso presentado por su abogado, José María de Pablo, contra la providencia del instructor del 21 de julio, Álvarez solicita la anulación de la orden que exige la presencia personal de ambas para recuperar los pasaportes que les fueron incautados como medida cautelar.
La solicitud se produce tras la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid, que revocó parcialmente el auto mediante el cual Peinado acordó juzgar con jurado a Begoña Gómez y Cristina Álvarez, ordenando levantar las medidas cautelares impuestas, entre ellas la retirada del pasaporte, al no detectar riesgo de fuga.
A pesar de esa resolución, el magistrado dictó otra providencia disponiendo que tanto Gómez como Álvarez comparecieran en el juzgado para recoger personalmente la documentación, decisión que la defensa considera ilegal.
En el escrito, el abogado sostiene que el juez ha usurpado funciones que corresponden al letrado de la Administración de Justicia, considerando que la entrega material del pasaporte es un acto de ejecución procesal y no una resolución con contenido jurisdiccional.
“Al dictar providencia que retrasa la entrega del pasaporte —acto que no le compete funcionalmente—, el Juzgado se ha extralimitado en el ejercicio de sus funciones, invadiendo competencias que la ley asigna de manera exclusiva al Letrado de la Administración de Justicia”, sostiene el recurso.
La defensa señala además que la procuradora de Cristina Álvarez cuenta con suficiente representación para retirar el pasaporte en nombre de su clienta, por lo que la comparecencia personal resulta innecesaria.
Por ello, solicita que el juez revoque la providencia del 21 de julio y remita la gestión al letrado de la Administración de Justicia para que proceda a entregar de inmediato el pasaporte a la procuradora de la defensa.