El sector exige la gestión pública directa de los servicios sociales y alerta sobre la degradación de derechos laborales debido a la multiplicación de convenios y la falta de inversiones
Las profesionales del sector social en Madrid ya no soportan más. El pasado sábado se congregaron en Callao para denunciar unas condiciones laborales caracterizadas por la precariedad, la falta de protección y la inexistencia de “un convenio digno” a nivel regional, asegurando que continuarán movilizándose si sus demandas no reciben atención. También recuerdan que los asesinatos en 2025 de Belén Cortés, trabajadora social que fue agredida en un piso tutelado en Badajoz, y de Teresa González, auxiliar en Galicia que había denunciado acoso sexual, evidenciaron esa carencia de protección para el colectivo.
“Las situaciones que vivieron Belén y Teresa no fueron consecuencia de las personas atendidas, sino de la falta de recursos y la externalización de servicios públicos a manos de empresas privadas”, comenta a Infobae Elena Fernández, portavoz de la plataforma del sector social de Madrid. Ella sostiene que el contexto “se ha vuelto insostenible” para quienes ejercen su labor en la intervención social. Según explica, los recursos no alcanzan para cubrir las necesidades de la población y las herramientas necesarias “no llegan ni por parte de las empresas ni de las instituciones”. “Cada vez hay menos ayudas, menos plazas de alojamiento y todo se vuelve mucho más restrictivo”, añade con indignación.
Salarios bajos y diversidad de convenios
Las trabajadoras sociales también mencionan que, aunque se les exige contar con titulaciones universitarias o técnicas y amplia experiencia, los salarios quedan apenas por encima del mínimo interprofesional. A ello se suma la existencia de múltiples convenios, lo que, según denuncian, genera una constante degradación de los derechos laborales.
En el caso específico de Madrid, las profesionales reclaman la creación de un convenio regional de intervención social que posibilite “unificar las condiciones laborales y reconocer complementos y derechos” que hoy no están garantizados. Insisten en que los servicios sociales deben gestionarse directamente por las administraciones públicas, sin la intermediación de empresas privadas, dado que “la búsqueda de beneficio privado es incompatible con la atención social”. Comparan esta situación con la sanidad y la educación, resaltando la necesidad de que dichos servicios permanezcan bajo una gestión pública directa.
En este sentido, aseguran que la protesta del pasado 21 de marzo en Madrid es solo el inicio de una movilización más amplia del sector social “que comienza a organizarse y a reclamar en las calles la defensa de sus empleos, sus funciones y los recursos imprescindibles para asegurar una atención adecuada a la población”. Afirman que mientras persistan las deficiencias y la precariedad en el campo social, las protestas seguirán.