El Ministerio de Trabajo impone multas millonarias a varios gobiernos regionales por la aplicación de un convenio formativo establecido por el Ministerio de Educación
El programa del Ministerio de Educación (PSOE) para los auxiliares de conversación nativos en los centros escolares está en riesgo debido a las inspecciones iniciadas por el Ministerio de Trabajo (Sumar). La cartera dirigida por Yolanda Díaz ha empezado a investigar y sancionar a diversas comunidades autónomas porque considera que estos jóvenes extranjeros, universitarios en su último año que llegan a España para asistir a los alumnos en la práctica del idioma, no desempeñan estas funciones sino que se emplean como «falsos becarios» que deberían estar contratados laboralmente y cotizar a la Seguridad Social.
Regiones como Aragón, Galicia, Andalucía, Extremadura, Murcia, Castilla y León, Madrid y la Comunidad Valenciana (todas gobernadas por el PP) han expresado su «preocupación» y comunicado su «inquietud» al Ministerio de Educación. Esta cuestión será abordada este viernes en la Conferencia Sectorial, el principal foro de diálogo en materia educativa entre el Ejecutivo y las autonomías.
Estas comunidades solicitan «coordinación» entre los ministerios de Trabajo y Educación, ya que denuncian que son objeto de inspecciones y sanciones por parte de Trabajo al limitarse a implementar un convenio dictado por Educación. Galicia, con 700 auxiliares de conversación, y Aragón, con 101, han advertido que podrían abandonar el programa en el curso siguiente si persiste la actual «falta de seguridad jurídica». Andalucía ya se retiró del programa el año pasado tras recibir una multa de cinco millones de euros por parte de Trabajo; disponía de 1.806 auxiliares y este curso no ha incorporado ninguno.
Otras autonomías están considerando cancelar su participación si continúan los obstáculos. La cifra de participantes varía según la disponibilidad de cada comunidad autónoma y la colaboración de los países implicados. En el año anterior, un total de 7.140 auxiliares nativos contribuyeron a mejorar las competencias orales en inglés, francés, alemán, italiano o portugués de estudiantes en toda España.
«Intercambio cultural», no vínculo laboral
Este proyecto lleva funcionando dos décadas y posibilita que estudiantes universitarios de último curso procedentes de hasta 30 países como EEUU, Reino Unido, Nueva Zelanda, Suiza, Francia, Alemania, Italia o Brasil viajen a España para colaborar con escolares españoles en la mejora de su expresión en lenguas extranjeras. Estas personas sacan a un grupo reducido durante aproximadamente una hora semanal para conversar en su idioma nativo.
El convenio del Ministerio de Educación define esta actividad como «un intercambio cultural», por lo que no considera necesario que los jóvenes nativos estén sujetos a un régimen laboral ni tengan contrato de trabajo. Desde este ministerio, bajo la dirección de Milagros Tolón, se señala que cuentan con un informe de la Abogacía del Estado que les proporciona «seguridad jurídica» en este asunto.
El informe, al que EL MUNDO ha accedido, indica que «no existe una relación laboral» por lo que no se debería exigir remuneración. «La relación con los auxiliares no posee características laborales; se asemeja más a una colaboración voluntaria, considerando sobre todo el propósito de esta figura, que se acerca al rol de ‘embajador cultural’ y no al de prestación de servicios a cambio de sueldo», sostiene la Abogacía del Estado. Estos jóvenes reciben una ayuda económica que ronda los 800-1.000 euros al mes e incluye en algunos casos alojamiento o vales de comida, pero se trata de una beca, no de un salario.
Los hechos
Desde Educación explican que el Ministerio de Yolanda Díaz ha iniciado «ciertas actuaciones administrativas en las que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social considera que este programa tiene características similares a una relación laboral, además de detectar, en algunos casos específicos, la posible realización de funciones que no corresponden a estos auxiliares».
Fuentes del Ministerio de Trabajo señalan que la Inspección está interviniendo «de forma más amplia en respuesta a solicitudes de ayuda de Educación, ya que observa que en ciertas comunidades autónomas los auxiliares están excediendo sus funciones y manteniendo una relación laboral».
¿En qué consiste dicha extralimitación? Por ejemplo, auxiliares que podrían estar apoyando a profesores en la impartición de clases sin tener la formación adecuada, o desarrollando contenidos educativos, reproduciendo audiciones, corrigiendo la pronunciación y gramática de los estudiantes en el aula, colaborando en clases preparatorias para exámenes de Cambridge o DELF, o participando en traducciones de materiales.
«Este programa no puede usarse para reemplazar a profesores y profesionales docentes. En todos los ámbitos, incluido el educativo, deben cumplirse las normativas laborales y las sentencias judiciales. Por tanto, o se demuestra que estos jóvenes son becarios y no sustituyen el trabajo habitual docente, o debe buscarse un encuadre laboral adecuado», reiteran desde el Ministerio de Trabajo.
EL MUNDO ha consultado con las comunidades autónomas implicadas, todas las cuales niegan que los auxiliares realicen tareas distintas a conversar con los alumnos en su lengua materna, afirmando que se ajustan estrictamente al convenio del Ministerio de Educación.
Las sanciones
«Los auxiliares no pueden actuar como profesores, porque no lo son. Son estudiantes universitarios y en ningún caso reemplazan a los docentes, siempre están en el aula acompañados por un profesor. Su función es aprender, no realizar otras actividades», aseguran fuentes de la Junta de Andalucía, que renunció a participar este curso en el programa, donde contaban con 1.806 auxiliares, tras ser multada con cinco millones de euros por no afiliarlos a la Seguridad Social en los colegios de la provincia de Sevilla.
Cabe destacar que Trabajo ha sancionado exclusivamente a los auxiliares de conversación financiados por las comunidades autónomas, no a los costeados por el Ministerio de Educación. «En los mismos institutos conviven auxiliares financiados por el Ministerio y otros por Andalucía y, a pesar de realizar las mismas labores, solo han sancionado a los financiados por Andalucía», denuncian las mismas fuentes.
Un caso similar ha ocurrido en Aragón, donde se impuso una multa de 199.000 euros en la provincia de Teruel debido a la actuación del grupo de auxiliares cuya financiación corresponde a esta región. «Existe un grupo de auxiliares financiados y gestionados por la Administración General del Estado, sujetos a las mismas condiciones que los autonómicos, pero curiosamente estos no están siendo inspeccionados. Según información de los propios inspectores de Aragón, por encargo del Ministerio de Trabajo se está revisando únicamente el programa de auxiliares autonómicos, no el estatal», denuncian fuentes de la Consejería de Educación aragonesa bajo la dirección de Tomasa Hernández, que también dejará el programa si la situación no cambia.
Desde el Departamento de Educación de Aragón se solicitó sin éxito el archivo del expediente, argumentando que no hay relación laboral sino subvencional. Este caso es especialmente relevante dado que Aragón tiene a sus auxiliares inscritos en la Seguridad Social bajo un régimen similar al de programas formativos. Trabajo mantiene que existe una relación laboral encubierta. Aragón presentará un recurso de reposición y, de no prosperar, recurrirá a la vía contencioso-administrativa.
«Llegaremos hasta el final y, en caso de perder, se abrirá un expediente de responsabilidad patrimonial contra el Ministerio de Educación, que es el responsable de traer a los auxiliares. No puede ser que el Gobierno central, que selecciona y trae a los auxiliares, sancione a una administración que cumple con la cotización a la Seguridad Social, como es el caso de Aragón», lamentan las fuentes consultadas.
Hace meses, Trabajo también inició un procedimiento sancionador contra Galicia por la actuación de auxiliares en los colegios de la provincia de La Coruña. «No son trabajadores, se trata de un régimen de intercambio cultural. Cumplimos escrupulosamente con lo que establece Educación. Proporcionamos manutención, alojamiento y seguro médico. El Ministerio de Trabajo considera erróneamente que existe relación laboral, pero no es así, el programa se mantiene igual. Es fundamental para nuestro modelo plurilingüe, pues permite que un joven de Wisconsin converse con alumnos de una aldea en Lugo, promoviendo la igualdad de oportunidades», explican responsables de la Consellería de Educación de Galicia.
Las cartas
El conselleiro Román Rodríguez ha enviado varias misivas a la ministra Tolón solicitando resolver la «inseguridad jurídica» surgida y advierte que las medidas impulsadas por Trabajo «ponen en peligro la continuidad del programa». En la última carta reclama que en la Conferencia Sectorial de Educación participe un representante del Ministerio de Trabajo para explicar «la problemática actual del programa y proporcionar las claves que aseguren su desarrollo con garantías jurídicas».
Según datos recopilados a nivel nacional, estas inspecciones son recientes y no se extienden por toda España. Fuentes de los gobiernos de Asturias (PSOE), Castilla-La Mancha (PSOE), Cataluña (PSC), Baleares (PP), Cantabria (PP) y Canarias (CC-PP) indican que no han recibido multas ni se investiga en sus territorios. Tampoco existen expedientes abiertos en Madrid (PP), Castilla y León o Murcia (PP), aunque reconocen «la falta de coordinación entre ambos ministerios» y manifiestan preocupación por la «incertidumbre generada en las autonomías». Además, Extremadura (PP) ha trasladado a Educación su «inquietud» y ha solicitado «garantías jurídicas para evitar sanciones».
Desde el Ministerio de Educación se ha acordado formar un grupo de trabajo con las comunidades autónomas «para analizar cada caso y brindar seguridad y garantías que permitan el correcto desarrollo del programa», explican fuentes de esta cartera.