Emiliano García-Page insinúa que Pedro Sánchez podría anticipar las elecciones generales para que coincidan con las autonómicas andaluzas en junio, en caso de que Illa no consiga el respaldo de ERC para aprobar los Presupuestos en Cataluña.
La celebración simultánea de comicios beneficiaría de forma especial a la aspirante socialista andaluza, María Jesús Montero, y fortalecería al PSOE, basándose en experiencias anteriores.
La dificultad del Gobierno para sacar adelante los Presupuestos Generales, debido a la ruptura con Junts y el veto de ERC, complica la estabilidad legislativa.
Moncloa manifiesta su molestia por el rechazo de Junts a dos decretos fundamentales, incluido el ‘escudo social’, y reconoce que la falta de consenso pone en peligro su calendario político.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, apuesta porque Pedro Sánchez convoque elecciones generales en junio, coincidiendo con las autonómicas de Andalucía.
Sin embargo, la postura del presidente del Gobierno, repetida por él y desde Moncloa, es que agotará la legislatura, llegando hasta mediados de 2027, momento en que se cumplen cuatro años desde los últimos comicios.
Sánchez ha asegurado que no adelantará las elecciones, incluso cuando cada vez le resulta más complicado impulsar iniciativas, como sucedió este jueves con el rechazo a dos decretos importantes.
Page considera que la principal beneficiaria de esta coincidencia electoral sería María Jesús Montero, candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, mejorando considerablemente su posición.
De hecho, cuando las elecciones generales y andaluzas han coincidido, los candidatos socialistas han resultado favorecidos, como fue el caso años atrás con Manuel Chaves.
Por ello, Page afirmó este jueves en el V Foro Económico organizado por El Español de Castilla-La Mancha que el escenario «más ventajoso» para Sánchez y su formación es que ambos comicios se celebren simultáneamente, ya que en tales ocasiones «siempre ha salido reforzado el PSOE».
También le convendría a Page distanciar lo más posible las generales de 2027 de las autonómicas de ese año, en las que se juega mantener su mayoría absoluta.
El Congreso rechazó ayer dos decretos del Gobierno, que ve cada vez más complicado aprobar los Presupuestos ante la ruptura con Junts y la oposición de ERC, la cual insiste en la cesión íntegra del IRPF recaudado en Cataluña.
La situación se complica aún más para Sánchez por las grandes dificultades de Salvador Illa para que los Presupuestos salgan adelante en Cataluña.
El president de la Generalitat aprobará hoy el proyecto de Presupuestos autonómicos pese a contar únicamente con el limitado respaldo de los Comunes, mientras ERC los rechaza.
Los seguidores de Oriol Junqueras exigen un acuerdo sobre el IRPF que la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, rechaza, desunión que aleja a ERC de Illa y Sánchez.
Este escenario pone en peligro una parte clave de la agenda legislativa, basada en la «normalización» de Cataluña. Illa quedaría en una posición precaria si tras casi dos años al frente de la Generalitat no logra aprobar los Presupuestos. Incluso se especula con la posibilidad de elecciones anticipadas allí, lo que bloquearía cualquier pacto entre Sánchez, ERC y Junts.
¿Convocatoria en abril?
El presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, confirmó este jueves que las elecciones se celebrarán en junio, agotando el límite legal. Para ello, la convocatoria debe realizarse en abril. En caso de confirmarse la previsión de Page, Sánchez también debería convocar en esa fecha.
Además, en abril deberá abandonar Montero el Gobierno, lo que implicaría una reestructuración profunda del Ejecutivo. Esto reduce aún más el margen de maniobra de Sánchez para intentar aprobar los Presupuestos generales de 2026.
No habrá Pleno del Congreso hasta el 16 de marzo, y Montero, encargada de las cuentas, se marchará a comienzos de abril, dificultando que sea ella quien presente el proyecto. El plazo que le queda es inferior a un mes.
Por ahora, fuentes de alto nivel en el Gobierno han vuelto a expresar pesimismo respecto a la viabilidad de la aprobación presupuestaria.
De manera oficial, continúan con el propósito de aprobar los Presupuestos en el Consejo de Ministros y enviarlos al Congreso, aunque empieza a considerarse la posibilidad de no hacerlo, algo que ya ha ocurrido durante la legislatura, contraviniendo lo establecido por la Constitución.
Conflicto con Junts
El Gobierno ya no oculta su descontento frente a Junts, después de que el partido de Carles Puigdemont uniera ayer su voto al PP y Vox para rechazar dos decretos gubernamentales.
Uno se refería a la limitación de precios en situaciones de catástrofe, como en Adamuz. El otro tenía especial relevancia para el Ejecutivo: el denominado «escudo social». Este último ya ha sido rechazado dos veces en la Cámara.
La irritación de Moncloa no solo se centra en la posición adoptada, sino también en lo que considera una «negativa cerrada» de Junts a negociar las propuestas.
Dado que el voto de los independentistas catalanes es imprescindible, hasta ahora el Gobierno evitaba confrontar directamente con ellos.
Por eso, ante estos reveses parlamentarios, el PSOE había enfocado toda su crítica hacia PP y Vox, buscando que asumieran el coste político por impedir medidas como la suspensión de desahucios de personas vulnerables, el bono eléctrico y otros apoyos incluidos en los decretos suspendidos.
Pero en esta ocasión, el PSOE ha extendido su reproche al partido de Puigdemont.
Moncloa ha intentado en las últimas semanas comunicarse con sus interlocutores en Junts para encontrar una solución al bloqueo de esos decretos, pero siempre se ha topado con la misma respuesta: no negociarán hasta que se cumplan los acuerdos pendientes.
Esos acuerdos incluyen el regreso de Puigdemont a España, el uso oficial del catalán en la UE y la transferencia de competencias en inmigración a Cataluña.
El problema para el Gobierno es que no sabe cómo explicar a Junts que ninguno de esos temas depende de ellos, sino de Bruselas, el TJUE, el Tribunal Supremo y el voto de Podemos en el Congreso.
¿Un tercer decreto?
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, recordó este jueves en el Congreso que hace un año PP y Junts apoyaron un decreto que prorrogaba hasta 2025 la suspensión de desahucios con un texto «idéntico» al que ahora rechazan, utilizando como pretexto la okupación.
Por esta razón, Moncloa señala que aún no ha decidido si presentará por tercera vez el decreto del «escudo social», dado que se aplicaría la máxima de que repetir la acción conduce al mismo resultado: un nuevo rechazo sin posibilidad de validación.
Desde diciembre, el Gobierno ha hecho un esfuerzo por reconstruir la relación con Junts mediante gestiones directas y gestos políticos.
Han insistido, por ejemplo, en negociar el reconocimiento del catalán en Europa y han cedido a Podemos en la regularización de inmigrantes para que, a su vez, Ione Belarra aceptara transferir la competencia de inmigración a Cataluña. Igualmente, han presentado una propuesta de financiación autonómica que busca atraer a ERC.
El Gobierno se sorprende de que Junts también haya rechazado el decreto que impide a las aerolíneas subir tarifas si la línea ferroviaria está suspendida por un accidente, una medida aparentemente sencilla que solo tendría efecto en situaciones excepcionales.
El Ejecutivo considera que el voto de Junts también ha arrastrado al PP a oponerse para castigar al Gobierno, respaldados por la negativa de los independentistas.