Los campus ya han anticipado 24,5 millones de euros de sus propios fondos para cubrir indemnizaciones.
Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez orienta su política contra las universidades privadas, descuida a las públicas incumpliendo el acuerdo financiero que ha firmado con ellas. El Ministerio de Diana Morant adeuda a las universidades los fondos para indemnizar a 18.000 jóvenes investigadores cuyos contratos han finalizado o están por concluir, quienes, conforme a la reforma de la Ley de Ciencia, tienen derecho a recibir dicha compensación. El importe total que deberá abonar el Gobierno ronda los 60 millones de euros, cantidad que las universidades han comenzado a anticipar por sí mismas.
Esta deuda proviene de la reforma de la Ley de Ciencia, que en 2022 introdujo el derecho de los jóvenes investigadores a recibir una indemnización cuando sus contratos predoctorales y postdoctorales concluyen, equiparándose a otros trabajadores con contratos de duración determinada. Antes de este cambio legal, estos investigadores no podían reclamar este pago adicional. La modificación impacta principalmente a las universidades públicas —aunque también afecta en menor medida a las privadas— y a los centros de investigación.
Dado que no todas las convocatorias para estos contratos incluían los recursos necesarios para cubrir estas indemnizaciones, el Ministerio se comprometió a hacerse cargo de estos costes. Morant incluso aseguró que asumiría los contratos que «ya estaban en vigor» antes de la aprobación de la nueva ley.
Esta promesa trascendió lo verbal, ya que el 18 de octubre de 2022 el tema fue llevado al Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación, órgano coordinador entre el Estado y las comunidades autónomas. En esa reunión, la ministra Morant afirmó que el Ministerio asumiría los gastos derivados de las indemnizaciones.
El compromiso se reafirmó durante otra sesión de este consejo en Paterna (Valencia) el 3 de febrero de 2023, culminando el 13 de ese mes en un acuerdo escrito de seis páginas, que establecía criterios objetivos para la distribución, por parte de la Administración General del Estado, de los créditos presupuestarios destinados a financiar estas indemnizaciones.
«Este compromiso del Gobierno no solo amplía derechos y dignifica a los trabajadores científicos, sino que también respalda a los agentes de la ciencia», refiriéndose en particular a «universidades y centros de investigación», destacó la ministra Morant, señalando que la medida afecta a 18.000 jóvenes investigadores y supondrá una inversión aproximada de 60 millones de euros.
El Ministerio se comprometió a cubrir estos gastos y creó un mecanismo para ello
Las universidades confiaron en que el Gobierno cumpliría su palabra y comenzaron a asumir las indemnizaciones de los investigadores cuyos contratos se extinguían, esperando que el Ministerio les reembolsara posteriormente. Estas indemnizaciones alcanzan aproximadamente 3.400 euros por investigador para los contratos predoctorales, mientras que los postdoctorales tienen importes superiores: por ejemplo, un investigador beneficiario de la ayuda Beatriz Galindo puede recibir cerca de 13.000 euros.
Según los datos recopilados por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (Crue) y a los que EL MUNDO ha tenido acceso, los campus han adelantado hasta ahora 24,5 millones de euros para compensar a 9.693 jóvenes investigadores con contratos predoctorales y postdoctorales finalizados entre 2022 y 2025. De esta cantidad, 23,4 millones corresponden a universidades públicas: 18,62 millones para contratos predoctorales y 4,78 millones para postdoctorales.
Además, en 2026 y 2027 deberán abonar —y esperan que el Ministerio también reembolse— otros 12,1 millones de euros por investigadores que tenían contratos vigentes cuando se aprobó la reforma en 2022 y aún no han concluido.
Finalmente, las universidades estiman que habrá que pagar otros 22,4 millones por los investigadores contratados en las convocatorias de 2023, 2024 y 2025 cuyos contratos aún no han concluido, ya que fue en 2026 cuando el Gobierno incluyó medidas económicas compensatorias en dichas convocatorias.
La suma de estos tres conceptos arroja una factura total de 59 millones de euros. Fuentes consultadas señalan que el Ministerio no ha desembolsado ni un solo euro a las universidades ni a las comunidades autónomas.
Estas mismas fuentes insisten en que el Gobierno había mostrado intención de pagar, pues estableció un mecanismo para ello. Como prueba, mencionan tres correos electrónicos enviados por el Ministerio a las universidades solicitando que proporcionaran todos los datos mediante un formulario oficial para hacer efectivos los fondos adelantados. Incluso urgió a responder «a la mayor brevedad», lo que evidencia la voluntad del Ministerio de efectuar los pagos.
Sin embargo, los campus ignoran lo que ocurrió tras esto. «No fue por falta de Presupuestos Generales del Estado, porque en 2023 sí había cuentas públicas y no nos pagaron», explican las fuentes. Por tanto, la deuda corresponde a indemnizaciones de 2022, 2023, 2024 y 2025.
La Crue ha reclamado formalmente al Ministerio el abono de estos fondos. Ha expresado esta demanda de forma verbal en múltiples ocasiones y ha remitido hasta cinco cartas desde 2023 hasta 2026, advirtiendo que el «retraso» en los pagos les obliga a adelantar recursos propios y pone en riesgo la «sostenibilidad financiera» de las instituciones. Calculan que, de no haber tenido que cubrir estos finiquitos comprometidos por el Gobierno, «España podría contar con unas 500 personas más realizando contratos predoctorales y desarrollando sus tesis doctorales durante cuatro años». Consultado el Ministerio de Ciencia y Universidades, este medio no ha recibido respuesta.