El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG) ha sentenciado a una empresa a pagar una indemnización de 53.766 euros a una trabajadora sometida a reconocimiento facial para controlar su horario laboral, pese a que se contaba con alternativas menos invasivas.

La resolución subraya que el uso del reconocimiento facial para el registro horario supone una intromisión ilegítima en derechos fundamentales, salvo que sea estrictamente necesario. Debido a esta aplicación ilícita de controles biométricos, la empleada debe ser despedida con una compensación de 46.266 euros, a la cual se añade una indemnización por daños morales de 7.500 euros.

La defensa de la trabajadora fue asumida por el despacho Zeres Abogados, quienes argumentaron que la digitalización del control horario no debe realizarse a costa de vulnerar los derechos de los empleados. «Esta sentencia establece límites claros para el uso de tecnologías biométricas en el ámbito laboral», comenta Gabriel González, graduado social de Zeres que participó en el caso.

El fallo indica que el sistema de reconocimiento facial debe cumplir con las condiciones legales que prohíben el tratamiento de datos personales salvo en situaciones muy específicas, a las cuales se ha tenido acceso. Entre estas condiciones se incluyen el consentimiento expreso del trabajador o la necesidad justificada del uso de dicha tecnología, agrega.

«Había otras maneras para registrar la jornada laboral y supervisar el cumplimiento horario sin afectar derechos fundamentales», como el uso de una tarjeta corporativa de la empresa, expone el tribunal. La sentencia no solo denuncia la violación legal por el uso indebido del reconocimiento facial, sino que además lo califica como una infracción laboral grave conforme al Estatuto de los Trabajadores. Esto legitima la extinción del contrato con indemnización a favor de la empleada.