Estos expertos cuentan con años de lucha por la dignificación de un sector tradicionalmente sin regulación. Señalan que la demora en la implementación de la normativa aprobada en noviembre de 2024 prolonga la temporalidad y la falta de personal, comprometiendo su seguridad.
Se afirma que solo se recuerda a Santa Bárbara cuando truena, y en el contexto de los incendios en España, esta expresión no podría ser más adecuada. Cuando las llamas arrasan miles de hectáreas y numerosas personas pierden sus hogares o incluso la vida —como en el incendio de Los Gallardos (Almería), donde fallecieron 13 personas—, la reacción es de estupor y se piensa en esos trabajos preventivos que no se realizaron, mientras se observa a aquellos profesionales que durante el resto del año suelen pasar desapercibidos (e incluso enfrentar el desempleo): los bomberos forestales.
«No logramos entrar en la agenda política. Me gustaría que se abordara el tema sin que ocurrieran estas tragedias porque siempre es lo mismo, llegamos tarde y vamos a la zaga«, se lamenta Carlos Martín, jefe de cuadrilla y representante sindical de CCOO en la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) de Prado de los Esquiladores, en Cuenca. Probablemente por esto estos especialistas llevan años reclamando unas condiciones laborales dignas, que abarcan desde el reconocimiento de la categoría profesional hasta los salarios y la temporalidad.
Como ocurre con otras materias en España, las competencias están transferidas a las comunidades autónomas, que deciden el manejo de sus montes y recursos. No obstante, el Estado dispone de las BRIF, unidades helitransportadas altamente especializadas que actúan como refuerzo nacional cuando un incendio se complica. Estas dependen del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), aunque su gestión operativa está subcontratada a la empresa pública Tragsa.
Al transferir la gestión a cada comunidad, las contrataciones se efectuaban bajo diferentes epígrafes. «Éramos brigadistas, la mayoría no estaba contratada como bomberos forestales, sino bajo categorías como peón de caza, peón de apoyo a la silvicultura o especialista forestal de transportado, como es mi caso», explica Martín, lo que los excluía de complementos por peligrosidad o toxicidad, entre otros beneficios. Hasta noviembre de 2024, cuando se aprobó la Ley Básica de Bomberos Forestales (Ley 5/2024) con el fin de reducir estas diferencias entre CCAA y establecer unos mínimos uniformes. «Fue muy difícil lograr su aprobación, muchísimo. Yo perseguía este objetivo desde 2013 y la ley salió bastante recortada. Todo se ha conseguido tras mucha reivindicación», comenta Martín. Sin embargo, este avance histórico aún no se ha consolidado porque muchas comunidades resisten su implementación.
«Aunque son competencias delegadas a las CCAA, la normativa laboral general sigue siendo responsabilidad del Estado. Nos sorprende que al Gobierno central le cuesta mucho, no termina de animarse a homogeneizar ni a legislar sobre aspectos que deberían ser básicos y mínimos», apunta el representante sindical.
Desprotección de los profesionales
¿Cuál es el impacto de esta situación en los bomberos? Martín señala que la Ley Básica de Bomberos Forestales establecía la creación de un reglamento específico de prevención de riesgos laborales que debía entrar en vigor en noviembre pasado, «pero aún estamos esperando su publicación». La demora mantiene a los profesionales desprotegidos frente a sustancias peligrosas. El delegado de CCOO recuerda que la Agencia Internacional sobre el Cáncer (IARC) identificó a la profesión de bombero como potencialmente cancerígena. «Esto se debe a la exposición a sustancias tóxicas; el combustible y el humo forestal no son excepción. Se está luchando para implementar protocolos de desmovilización [para regresar seguros a la base, incluyendo la limpieza del equipo], EPI adecuados y otras medidas». Tampoco cuentan con reconocimiento oficial de enfermedades profesionales (lo que contempla la ley), «a pesar de la naturaleza del trabajo», explica Martín.
«El principal problema que observo es trabajar para empresas. Esto debería tener un carácter nacional uniforme con un protocolo único para todos, ya que cada comunidad hace y deshace a su manera», opina José Pedro Hernández, capataz y bombero forestal de la BRIF de Iglesuela del Tiétar (Toledo), coincidiendo con Martín en que la ley no se cumple. «La solución, a mi juicio, es que el personal sea laboral del ministerio, la junta o quien corresponda, porque las empresas son las que retienen el dinero que entregan los ministerios y precarizan el servicio sacrificando equipos, formación y trabajadores… en numerosos aspectos». «Buscan beneficios. Por ejemplo, en Andalucía se ha debatido la intención de privatizar el servicio«, añade Martín.
Hernández remarca que no quiere entrar en política, pero «es un hecho que las comunidades con peor desempeño son las gobernadas por el Partido Popular y, actualmente, con Vox en coalición, que han reducido recursos en extinción para destinarlos a otros fines, como festejos taurinos. De ahí proviene el famoso lema en redes ‘que vayan los toreros a apagar los fuegos'». Como ejemplo de mala gestión señala a Castilla y León, donde se registraron la mayoría de los grandes incendios y el dispositivo no ha mejorado. «Funciona mal, no por culpa de los profesionales, que sufren temporalidad (despiden en otoño), falta de formación y equipamiento insuficiente. Andalucía y Extremadura también disminuyeron la inversión. En Comunidad Valenciana se reforzó en su momento, luego se redujo con el gobierno de Mazón, pero tras la DANA reconocieron el fallo y reforzaron el servicio, siendo actualmente la comunidad con mejor situación«, detalla.
Castilla-La Mancha opera correctamente «por la lección aprendida tras la muerte de los 11 de Guadalajara [incendio en Riba de Saelices en julio de 2005 que arrasó más de 13.000 hectáreas y costó la vida a 11 bomberos del retén de Cogolludo], hecho que marcó un cambio y llevó a la creación de la empresa pública Geacam y al desarrollo de su dispositivo», añade Hernández. «Nosotros en las BRIF podríamos mejorar mucho, pero no estamos mal». Son los profesionales de las CCAA los más perjudicados, reflejado en las condiciones laborales y salarios. «En general, los sueldos son bajos. Mantenemos una dinámica de profesión completamente desregulada«, señala Martín.
El delegado sindical insiste en que debe regularse la jornada laboral porque en las BRIF manejan horarios «más o menos asumibles», pero hay dispositivos donde se trabaja 24 horas seguidas. La mayoría de las CCAA exigen estar localizables en menos de 30 minutos, cualquier día y hora, sin asegurar tiempo libre suficiente para desconectar del trabajo, dice Martín, denunciando la falta de personal suficiente para cubrir las 24 horas los siete días de la semana. Se reclama un tercer turno, ya que este servicio generalmente se organiza con dos turnos: uno disponible pero teóricamente descansando, y otro en base. Es necesario un turno que realmente disponga de tiempo libre.
El jefe de cuadrilla de Cuenca destaca que Andalucía no es la excepción. «Al 1 de junio faltaban por incorporarse al menos 300 bomberos en sus unidades. Muchas dotaciones que deberían tener siete miembros tienen solo cuatro. La falta de personal completo afecta la seguridad. Se debe trabajar bajo el protocolo OCEL: Observación y Comunicación de todo en el incendio con ruta de Escape hacia Zona Segura. Sin una dotación completa, es complicado cubrir toda la cadena, porque quien observa y comunica no está operando mangueras u otras funciones. Que las unidades estén infradotadas repercute en la seguridad y capacidad de respuesta. ¿Se presta suficiente atención a esto? Creemos que no, pero pretenden avanzar de cualquier forma».
Martín señala que el 29 de junio los bomberos forestales se manifestaron frente al Ministerio de Trabajo «para exigir que se publiquen los reglamentos derivados de la Ley Básica de Bomberos Forestales, que deben consensuarse con las comunidades autónomas». Según el delegado sindical, las CCAA no desean la regulación ni la normalización. «Nos han comunicado que avanzan en el reglamento de prevención de riesgos, pero no emitirán nada sobre limitación de jornada laboral. Respecto al reconocimiento de enfermedades profesionales, que la ley prevé mediante la creación de una comisión para evaluar y posiblemente identificar enfermedades vinculadas a esta labor, tampoco hay novedades. Parecería que todo está paralizado y tendremos que seguir insistiendo».
Formación escasa
Con este panorama, cabe cuestionar si al menos se provee a estos profesionales con los equipos adecuados para desempeñar su labor. «A veces sí, a veces no, depende de la inversión de cada dispositivo», señala Hernández. «Las herramientas existen, pero no todas las que serían deseables. Sin embargo, la principal herramienta es la formación«, enfatiza el capataz de la BRIF de Iglesuela. Martín añade que mediante la Ley Básica buscan definir y estructurar el tiempo y contenido mínimos de formación obligatoria, además de prácticas sobre terreno, «pues hasta ahora solo son recomendaciones».
«Esto impacta en las unidades: la unidad BRIF debe contar con 14 bomberos como mínimo según normativa: 14 bomberos forestales, dos capataces y un técnico, divididos en dos helicópteros con siete bomberos cada cuadrilla. Si en ese grupo hay dos o tres novatos que están en formación, pueden apoyar en equipo con veteranos, lo que genera confianza y seguridad, según expresan ellos mismos. Pero si una unidad diseñada para siete tiene este año solo cuatro y dos son nuevos… ahí la experiencia es vital. Además, sabemos que existen lugares donde habilitan a compañeros para incendios forestales con solo cinco horas de teleformación por plataforma, sin prácticas presenciales ni clases», desarrolla Martín.
Hernández extiende esta crítica a las cadenas de mando. «Hay agentes forestales que actúan como directores de extinción sin conocimiento real sobre incendios forestales, quienes solo los han visto en televisión o una vez al año, y son ellos quienes gestionan en incidentes. En EEUU aplican un modelo más avanzado donde los expertos veteranos lideran el combate a incendios«. Añade: «La profesionalización se logra solo con formación. Vivimos en el país de los chiringuitos: existen empresas privadas que lucran con la formación gracias a contactos con miembros de la junta o ministerio… A menudo, estas horas se disfrazan como trabajo cuando no son formación real».
Finalmente, como en otras profesiones, el sistema actual expulsa a los profesionales más veteranos en lugar de aprovechar su experiencia. Los bomberos forestales deben superar reconocimientos médicos y pruebas físicas anuales. Si no lo logran, se quedan «en la calle porque en muchos dispositivos no hay protocolos para reciclar o desempeñar otras funciones dentro del operativo», lamenta Martín. Un bombero de 50-55 años es altamente valioso para tareas formativas esenciales, en la capacitación de compañeros y en la sensibilización ciudadana en colegios, centros de mayores y zonas rurales.
«Durante el propio incendio pueden realizar tareas logísticas fundamentales, como el abastecimiento o desplazamiento del personal. Como brigadas helitransportadas, el helicóptero se retira al anochecer y a menudo surgen problemas para el retorno. Por ejemplo, los compañeros que viajaron de Cuenca a Almería el viernes, ¿quién los recoge? Este personal podría encargarse de esto e implementar protocolos de desmovilización para retirar el EPI y evitar transportar hidrocarburos aromáticos policíclicos, bencenos, formaldehídos y otras sustancias tóxicas y cancerígenas a lugares como hoteles, donde el personal de limpieza, desconocedor del riesgo, se encuentra con áreas contaminadas», concluye Martín.