Estas modificaciones legales impactan tanto en los salarios como en los permisos, la situación de los becarios, las indemnizaciones por despido y la prevención de riesgos laborales
El debate alrededor del futuro del mercado laboral en España vuelve a situarse en el centro del interés público. Cambios legislativos, ampliación de derechos y una actualización de las normas para empresas y trabajadores constituyen un conjunto de medidas que el Gobierno tiene bajo consideración y que, de ser aprobadas, marcarán un punto de inflexión en las relaciones laborales. En este marco, el abogado laboralista Sebastián Ramírez ha destacado cinco reformas que, según indica, están en proceso de tramitación y podrían entrar en vigor durante 2026.
Ramírez ha especificado los principales aspectos de estas modificaciones legales, las cuales afectan tanto a los salarios como a los permisos, la situación de los becarios, las indemnizaciones por despido y la prevención de riesgos laborales. Se trata, como señala, de iniciativas que aún no tienen aprobación definitiva, pero que ya forman parte del debate político y legislativo, y sobre las que el Ejecutivo ha mostrado una firme voluntad de avanzar.
El primer cambio señalado por el abogado se refiere al salario mínimo interprofesional (SMI). Ramírez explica que el Ministerio de Trabajo ha comunicado que en 2026 se propondrá un nuevo aumento, y que se hará “todo lo posible” para que el salario mínimo alcance al menos los 1.221 euros en catorce pagas, independientemente del tipo de empleo desempeñado. Este incremento representaría un ajuste al alza del salario base en España y afectaría directamente a millones de trabajadores, especialmente a quienes perciben los sueldos más bajos.
Permisos retribuidos y estatuto del becario
El segundo grupo de reformas está orientado a la ampliación de los permisos retribuidos. Ramírez cita como ejemplo el permiso por fallecimiento de un familiar, que hoy día se limita a dos días de duelo. Según expone, la intención del Gobierno es extender este periodo hasta diez días, medida que, según su opinión, “probablemente será aprobada en breve”. Esta modificación implicaría un cambio notable en la conciliación entre la vida laboral y personal en momentos especialmente delicados para los trabajadores.
Yolanda Díaz explica los detalles de la nueva norma para ampliar los permisos por fallecimiento (EuropaPress)
En tercer lugar, el abogado se refiere al llamado estatuto del becario, una reforma pensada para regular con mayor claridad la situación de quienes realizan prácticas en las empresas. Ramírez señala que este nuevo marco jurídico podría otorgar mayores derechos a los becarios y establecer con precisión tanto sus obligaciones como los límites de su actividad, especialmente en lo referente a la formación y el aprendizaje dentro de la empresa. El objetivo es evitar abusos y asegurar que las prácticas cumplan efectivamente una función educativa.
Estas tres primeras propuestas reflejan, según el análisis del propio Ramírez, una tendencia hacia el fortalecimiento de los derechos laborales y la protección de colectivos tradicionalmente más vulnerables dentro del mercado de trabajo. No obstante, el abogado enfatiza que son iniciativas que todavía deben superar el proceso legislativo y que será fundamental seguir su evolución en los próximos meses.
Despidos y prevención de riesgos en un nuevo escenario laboral
El cuarto cambio que podría implementarse en 2026 guarda relación con las indemnizaciones por despido. Aunque Ramírez no ofrece detalles específicos acerca del alcance de la reforma, señala que existe la intención de ampliarlas, lo cual reabriría un debate recurrente en el ámbito laboral español: la búsqueda de un equilibrio entre la protección del trabajador y la flexibilidad para las empresas.
Para finalizar, el abogado menciona la reforma de la ley de prevención de riesgos laborales, una normativa que requiere adaptarse a las condiciones actuales del mercado de trabajo. Entre estas condiciones destaca el teletrabajo, modalidad que se ha consolidado en los últimos años y que presenta nuevos desafíos en materia de salud y seguridad laboral. La actualización de esta ley tendría como finalidad contemplar esta nueva realidad y ajustar las obligaciones empresariales y los derechos laborales en un entorno cada vez más digital y flexible.