Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, sostiene que jamás cobró por dirigir su cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), la cual estuvo financiada por varias empresas importantes.

No obstante, Gómez intentó que este proyecto académico tuviese un rendimiento económico. De hecho, buscó transformar la Cátedra Extraordinaria en Transformación Social Competitiva TSC en un servicio de asesoría empresarial.

Sin embargo, no existen registros de que la UCM aprobara esta iniciativa. Dicho proyecto nunca llegó a hacerse realidad.

Por otro lado, el exvicerrector de Relaciones Institucionales de la Complutense, Juan Carlos Doadrio, sí planteó esta posibilidad ante los servicios jurídicos de la UCM, a petición de la asistente de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez.

El juez Juan Carlos Peinado investiga a Begoña Gómez y a Cristina Álvarez por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y corrupción vinculada a actividades privadas.

El magistrado ordenó que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analizara más de 100 correos electrónicos intercambiados entre la asesora de Moncloa y el exvicerrector.

Justamente en uno de esos correos, fechado el 2 de junio de 2022, Álvarez sugiere a Doadrio que la cátedra podría actuar como consultoría para empresas.

Ese mismo día, el entonces vicerrector remitió la consulta al vicegerente de Organización y Planificación de la UCM.

Según expone la UCO en el informe que examina estos correos, Doadrio preguntó si la cátedra podría recibir pagos «si prestara servicios de consultoría a una empresa que abonase por ello«.

«Días después, se recibe una contestación parcial que recomienda elevar la consulta a la OTRI (Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación y Centros) o a la Asesoría Jurídica», señala el informe policial.

En dicho documento no consta respuesta alguna de la Asesoría Jurídica sobre la viabilidad de convertir la cátedra en una consultora. Finalmente, la idea no se materializó.

Sin embargo, fuentes empresariales consultadas por EL ESPAÑOL indican que el plan de Begoña Gómez para los próximos años, incluso después de que Sánchez dejara el Gobierno, era reconvertir la cátedra y sus proyectos relacionados en una consultora empresarial.

Esta consultora estaría enfocada, según dicho planteamiento, en los mismos temas desarrollados en la UCM: brindar asesoramiento a pymes (pequeñas y medianas empresas) en materia de desarrollo sostenible.

Más concretamente, según las fuentes, se especializaría en ayudar a pymes a acceder a subvenciones públicas y ayudas relacionadas con este ámbito.

De hecho, Gómez es la única propietaria de la empresa Transforma TSC SL, cuyo nombre es muy parecido al de su cátedra extraordinaria. Esta empresa, mediante su sitio web, ofreció —de manera gratuita— una herramienta para que pymes puedan evaluar su cumplimiento en índices de desarrollo sostenible.

El juez Peinado también investiga si la esposa de Pedro Sánchez se apropió de forma ilegal de esta herramienta, que es muy parecida al software desarrollado y financiado por varias empresas para la cátedra de la UCM.

Según las mismas fuentes empresariales, Gómez aspiraba a seguir el ejemplo de varios dirigentes socialistas que, tras abandonar la política activa, optaron por crear consultoras dedicadas al mismo campo en el que trabajaron mientras percibían un sueldo público.

Este sería el caso, por ejemplo, del exministro de Fomento José Blanco y su lobby Acento, o del exdiputado del PSOE Gaspar Zarrías con su firma Zaño Sociedad Consultora.

Juicio con jurado popular

Peinado ya ha comunicado a Gómez y Álvarez que, en caso de ser juzgadas, el proceso será llevado a cabo por un jurado popular. Es decir, por ciudadanos sin formación jurídica que decidirán sobre su inocencia o culpabilidad.

Esto ocurrirá tanto en la causa separada donde se indagan los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en negocios privados como en la parte relacionada con la malversación.

Por tanto, existe la posibilidad de que ambas investigadas enfrenten a dos jurados diferentes, cada uno compuesto por nueve personas.

El juez atribuye a Gómez y Álvarez el delito de malversación debido a las gestiones que esta última realizó para favorecer los negocios privados de Gómez, particularmente el envío de correos relacionados con la cátedra, como los mencionados.

El informe de la UCO confirma que la asistente —cuyo cargo eventual es financiado con fondos públicos y está adscrito a la Presidencia del Gobierno— también participó en la administración financiera de la cátedra.

Se han identificado más correos firmados por Álvarez que los incluidos en el informe de la UCO. Según reveló EL ESPAÑOL, llegó a solicitar, en nombre de Begoña Gómez, a la empresa Reale Seguros la continuidad en la financiación de la cátedra.

En una declaración oficial, el abogado de Begoña Gómez argumentó, entre otros puntos para rechazar la malversación, que la esposa de Pedro Sánchez nunca percibió remuneración por dirigir su cátedra en la Complutense.

Asimismo, en la misma causa principal, la empresaria está siendo investigada por presuntos delitos de intrusismo profesional y apropiación indebida en relación con el supuesto uso indebido del software desarrollado para la UCM.

La defensa de Gómez sostiene que nunca se apropió ni obtuvo ganancias con dicho software, y que su registro a nombre de ella se realizó conforme a las indicaciones estrictas de la Complutense.