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¿Dónde está Julia Chuñil?
Esta es la pregunta que ha resonado en Chile durante más de un año, desde la desaparición de Julia del Carmen Chuñil Catricura, mujer mapuche de 73 años, cuyo paradero se perdió el 8 de noviembre de 2024 en la comuna de Máfil, Región de Los Ríos, ubicada en el sur del país sudamericano.
Por meses, su familia junto a colectivos ambientalistas solicitaron justicia, ante el temor y la presunción de que se trataba de un delito con trasfondo político, debido al papel de Julia como defensora del bosque nativo en una zona considerada uno de los focos del conflicto histórico entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche.
La comunidad indígena mayoritaria en el país ha demandado desde hace siglos la restitución de sus territorios, además de denunciar la política extractivista aplicada por empresas forestales y otras compañías que explotan ecosistemas ancestrales.
El movimiento que exigía la aclaración del caso sostenía una premisa clara: Chuñil había sido secuestrada, asesinada y desaparecida debido a su activismo.
Sus hijos, de hecho, señalaron con firmeza a un empresario vecino de la víctima y dueño de terrenos colindantes como presunto vínculo con el crimen.
En distintos puntos del país se podían observar carteles con su nombre, mientras que sus hijos y organizaciones sociales convocaban manifestaciones y protestas para captar la atención de las autoridades.
Incluso el gobierno del presidente Gabriel Boric se hizo eco de la causa y expresó su respaldo a la familia.
"Solo en el año pasado, cerca de 190 defensores ambientales fueron asesinados en el mundo, en su mayoría latinoamericanos. Quiero aprovechar esta oportunidad para expresar mi preocupación y el compromiso del Estado frente a la desaparición de Julia Chuñil", declaró el mandatario chileno en diciembre de 2024.
Sin embargo, después de una investigación que duró casi 14 meses, el Ministerio Público acusó este jueves a tres de sus hijos por parricidio calificado.
Fuente de la imagen, Ministerio Público de Chile
La noche fatal
La fiscalía determinó que la mujer de 73 años fue vista por última vez en la vía pública por uno de sus vecinos, mientras se desplazaba de forma habitual en su carreta, la noche del 8 de noviembre de 2024.
Según el Ministerio Público, todo sucedió dentro de la vivienda de Julia Chuñil, ubicada en la zona rural de Huichaco, en la misma noche, cuando alrededor de las 23:00 horas llegó su hijo Javier —quien residía con ella— en evidente estado de embriaguez.
También estaban presentes su hijo Pablo, su hija Jeannette, su entonces yerno con iniciales B.F.B.B, sus dos nietos menores, un hombre nonagenario que vivía en una propiedad cercana y una octava persona que pasaba la noche allí.
De acuerdo con el testimonio de la fiscal de Los Ríos, Tatiana Esquivel, el imputado —Javier Troncoso Chuñil— intentó robarle la pensión de vejez al hombre de 90 años, conocido como "el chico Estéreo" y cuyas iniciales son N.P.G.
Este hombre declaró que esa noche Javier Troncoso Chuñil lo agredió varias veces y lo atacó con un cuchillo para apropiarse de aproximadamente 212.000 pesos (unos 240 dólares) que llevaba consigo en efectivo.
"¿Y si te mato?", le habría amenazado, según relató el adulto mayor a las autoridades.
Fuente de la imagen, Poder Judicial de Chile
Frente a esta situación, Julia Chuñil habría intervenido, originando un forcejeo entre ambos. Su hijo Javier le habría advertido que no se involucrara y la habría amenazado con matarla.
"Durante ese enfrentamiento, doña Julia del Carmen Chuñil Catricura logró arrebatarle el cuchillo y lo arrojó fuera de la casa, frustrando así el robo del dinero", señala un documento del Ministerio Público chileno.
Sin embargo, esta acción de Julia habría provocado aún más la ira de su hijo.
"El imputado, consciente del vínculo con su madre, y con intención de matarla, procedió a golpearla de manera sorpresiva y asegurándose de su indefensión, aprovechando las condiciones materiales y su estado de vulnerabilidad", añade la fiscalía, resaltando que ella padecía artrosis, obesidad y diabetes.
Según los testimonios recogidos por los funcionarios, en esas circunstancias, fuera de la casa, su hijo continuó con las agresiones físicas, "para luego estrangularla con ambas manos contra la pared de una bodega contigua, hasta causarle la muerte en el lugar".
Después de matar a su madre, su hermano Pablo la habría ayudado a trasladar el cuerpo, cuyo paradero todavía es desconocido.
Ninguno de los presentes solicitó ayuda ni intentó impedir su muerte, según detalló el órgano persecutor este jueves. Por el contrario, habrían decidido ocultarlo y desviar la atención sobre su propia participación en los hechos.
"Así, los cuatro imputados eligieron deliberadamente ocultar el cadáver, quemar la ropa, guardar silencio sobre lo ocurrido y engañar a las autoridades. Para ello, acordaron que la imputada Jeanette del Carmen presentara una denuncia falsa por presunta desgracia ante Carabineros de Chile, recién el domingo 10 de noviembre de 2024, con el único objetivo de desviar la investigación estatal y garantizar su impunidad".
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Las primeras sospechas
Los hijos mantienen que su madre desapareció al ir a buscar a sus animales en un terreno propiedad del empresario Juan Carlos Morstadt, a quien señalaban como el principal sospechoso, algo que se reflejó en la querella criminal interpuesta por Pablo ante la justicia.
Relataron que Morstadt había intentado comprar el terreno donde vivía Chuñil y la habría amenazado en varias ocasiones.
Sin embargo, según la versión oficial, las incoherencias en las declaraciones de los hijos fueron uno de los primeros puntos que llamaron la atención de la fiscal Esquivel. Por ejemplo, Javier Troncoso negó haber estado en la casa el día de la desaparición, algo que más tarde resultó ser falso.
Ya en octubre de 2025, casi un año tras la desaparición, medios locales como Canal 13 reportaban que la investigación fiscal descartaba la hipótesis de un asesinato con motivos políticos y se enfocaba en investigar a los hijos de Julia como personas de interés.
"Buscan culpables y lo más sencillo para la policía es culpar a la familia, como han hecho en varias investigaciones a nivel nacional", decía en ese entonces su hijo Pablo a los medios.
La defensa familiar llegó incluso a presentar una denuncia contra la fiscal encargada del caso, acusándola de apremios ilegítimos durante uno de los allanamientos realizados en la casa de Julia Chuñil.
En este proceso, se responsabiliza a agentes policiales de intentar obtener una declaración autoincriminatoria de forma coercitiva.
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"Vivir en un infierno"
Fuentes relacionadas con el caso indican que la investigación requirió medidas invasivas contra la familia de Chuñil, como interceptaciones telefónicas que también afectaron a algunos vecinos.
Así, paulatinamente el Ministerio Público logró obtener pistas clave para construir una versión de lo sucedido, cuya veracidad aún debe ser confirmada.
Durante estas escuchas telefónicas, los investigadores hallaron testimonios que indicaban que Julia Chuñil había expresado miedo por su vida mucho antes de desaparecer.
En un culto religioso al que asistió, según la fiscalía, la mujer de 73 años pidió oraciones por ella debido a las amenazas constantes de uno de sus hijos.
Además, había manifestado a personas cercanas su sensación de estar "viviendo un infierno", producto de disputas familiares constantes, que incluían —según confirmó la fiscalía— repetidas situaciones de violencia intrafamiliar y maltrato psicológico por parte de sus descendientes.
En 2014, un cuarto hijo de la víctima, quien actualmente cumple condena por homicidio en otro caso, también la amenazó de muerte, tal como consta en acta judicial.
La fiscal Esquivel señaló que los testigos fueron surgiendo gradualmente durante la extensa indagatoria, ya que al inicio temían hablar. Según el Ministerio Público, varios de ellos habrían sido amenazados por la familia Chuñil o temían represalias.
También se advirtió que en las semanas posteriores a la denuncia de desaparición, los hijos imputados comenzaron a actuar como herederos, apropiándose del patrimonio de su madre, "vendiendo bienes como ganado y la carreta de bueyes, repartiendo el dinero entre ellos".
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El testigo clave
Con esos antecedentes y otros que confirmaban la presencia de los tres hijos en la vivienda durante la noche del fallecimiento de Julia Chuñil, la fiscal solicitó al juzgado las órdenes de detención en su contra.
Los tres fueron arrestados en un operativo policial de gran escala durante la madrugada del miércoles en las comunas de Máfil y Temuco, en el sur de Chile.
Sus defensores denunciaron un trato agresivo por parte de la policía y un "montaje" de la fiscalía para proteger a los verdaderos responsables de la muerte.
"Se trata de un montaje contra la familia Chuñil por ser mapuche, pobre, y porque los verdaderos culpables quizás tienen poder", apuntó la abogada Karina Riquelme.
Existe además una cuarta orden de detención que fortaleció la versión del Ministerio Público: el exyerno de Julia Chuñil está imputado por homicidio calificado y encubrimiento.
Este, expresidente y esposo de Jeannette Troncoso, hija de Julia, declaró tras ser detenido que Chuñil supuestamente murió por asfixia en el patio de la casa, a manos de su hijo Javier.
"Guardé silencio por miedo a él", confesó ante la fiscalía, justificando por qué no admitió antes su versión.
¿Dónde está?
Luego de la detención de los hijos, equipos del SEBV de Carabineros comenzaron a operar en el terreno rural donde residían, y durante el jueves realizaron múltiples esfuerzos para encontrar el cuerpo en el patio.
Emplean drones, perros especializados, tecnología de georadar y excavaciones, entre otras técnicas para localizar rastros de Julia.
"La interrogante que hoy nos hacemos como fiscalía no es dónde está Julia Chuñil, sino dónde sus hijos dejaron su cuerpo", declaró la representante del Ministerio Público durante la audiencia formal.
En esa misma audiencia, el ente acusador señaló que los hijos de Julia y grupos ambientalistas construyeron una imagen de su vida y activismo que no se corresponden con la realidad.
La fiscal adelantó que "no existen antecedentes para afirmar que ejerciera una función política o activista organizada. Más bien, era una mujer enfocada en su familia y en labores agrícolas, con un estilo de vida rural".
Las imputaciones de la fiscalía —que incluyen parricidio calificado, robo frustrado con intimidación y, en los casos de Pablo y Javier, además inhumación ilegal— deberán ser demostradas ahora en un proceso penal que apenas comienza.
Durante la audiencia, la defensora Riquelme sostuvo que no hay evidencias suficientes que confirmen el delito y que sus clientes han colaborado en todo momento con la justicia.
Por otro lado, organizaciones ambientales han pedido no descartar ninguna hipótesis en esta etapa del proceso, mientras que otras como Global Witness denuncian "una perversa inversión de la justicia".