La reforma avanza en el Congreso con nuevas restricciones para los propietarios y mayores garantías para los arrendatarios, aunque su aprobación definitiva dependerá de la votación en el Pleno
Los partidos del Gobierno, PSOE y Sumar, han alcanzado un acuerdo con varios de sus aliados parlamentarios para fortalecer la protección de los inquilinos. El pacto, firmado este martes en el Congreso, incluye como novedades la prohibición expresa de repercutir en el arrendatario impuestos o tasas como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y la imposición de topes a los precios de los alquileres temporales y de habitaciones.
Estas medidas se incorporan mediante enmiendas transaccionales a la proposición de ley promovida por Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNF para regular el mercado de alquileres no permanentes, un proceso que ahora entra en su fase de ponencia. El texto avanza respaldado por el bloque que habitualmente sostiene al Ejecutivo, aunque su futuro no está asegurado. El proyecto deberá superar la votación en la Comisión de Vivienda y, finalmente, aprobarse en el Pleno, donde Junts podría decidir el resultado si opta por alinearse con la oposición formada por PP y Vox.
Límites para los alquileres de habitaciones y un marco renovado para los alquileres temporales
Una de las modificaciones principales establece que el precio de las habitaciones alquiladas debe someterse a regulación. La intención es impedir que la suma de rentas por habitaciones dentro de una misma vivienda exceda el tope fijado para el arrendamiento completo del piso. Así, tanto PSOE y Sumar como ERC y Bildu buscan cerrar lo que consideran una vía de escape que algunos propietarios usan para eludir los límites establecidos en zonas con alta demanda.
Además, los inquilinos que opten por alquilar habitaciones pasarán a contar con las mismas garantías que los contratos completos de vivienda. Entre estas garantías se incluyen las restricciones a la fianza, las limitaciones en los aumentos de precio y la prohibición de aplicar honorarios o comisiones al arrendatario, tal como sucede en los contratos de alquiler ordinarios.
De igual forma, el texto redefine los criterios para la formalización de contratos de alquiler temporales. A partir de ahora, estos solo podrán firmarse por un periodo máximo de 12 meses y solo si existe una causa justificada, como razones laborales, académicas o similares. El endurecimiento busca frenar el uso fraudulento de esta modalidad, que en ocasiones se ha utilizado para evitar la regulación de los alquileres de larga duración.
El acuerdo incluye también un mecanismo adicional para combatir la prolongada temporalidad. Si no se presentan causas justificadas o si se suceden contratos temporales con los mismos inquilinos, la relación se considerará automáticamente de larga duración, con un plazo mínimo de cinco años, o siete años si el arrendador es una empresa.
Fin a los “pagos extras”: veto al traslado de impuestos y tasas al inquilino
Otra modificación importante afecta directamente a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Los grupos del Gobierno, junto con ERC y Bildu, han acordado prohibir de manera explícita que en un contrato de alquiler se transfieran al arrendatario cargos adicionales que no estén contemplados en el contrato previo. La enmienda especifica todo tipo de cuotas, servicios, gastos comunes, tasas municipales, cánones o contribuciones especiales.
La medida apunta directamente a la práctica, cada vez más habitual, de repercutir al inquilino el IBI u otros pagos relacionados con el inmueble. Aunque la LAU ya establecía límites para este tipo de cargos, el nuevo texto busca “eliminar dudas interpretativas” y evitar la inclusión de nuevas obligaciones económicas mediante cláusulas adicionales.
El precio de las habitaciones en alquiler se eleva hasta los 645 euros de media tras un aumento del 30% en diez años.
Con este cambio, el Ejecutivo y sus socios pretenden equilibrar las relaciones contractuales y evitar que el alquiler acumule costes que, en la práctica, incrementen el precio más allá de la renta acordada.
Una ley con respaldo incierto y un trámite clave por delante
Aunque cuenta con amplio apoyo en la fase de ponencia, con votos favorables de PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y Podemos, el futuro de la ley no está asegurado. Tanto PP como Vox ya han manifestado su rechazo a un texto que califican de intervencionista y perjudicial para la oferta de viviendas en alquiler. En este contexto, el papel de Junts será crucial: si se suma a la oposición conservadora, el proyecto podría quedar bloqueado en la votación del Pleno.
Para el Gobierno, esta normativa forma parte del paquete de reformas con las que busca avanzar en la implementación de la Ley de Vivienda y responder al aumento de precios en el mercado de alquiler, en particular en áreas metropolitanas y zonas tensionadas por la presión turística y la escasez de oferta.