Miguel Escassi, responsable de Relaciones Institucionales, comparece como testigo por segunda ocasión para esclarecer ante Peinado el alcance del trabajo desempeñado por Cristina Álvarez.
Según testimonió ayer el directivo de Google Miguel Escassi durante su segunda declaración ante el juez Juan Carlos Peinado, la asesora de Begoña Gómez en La Moncloa se presentaba como integrante del equipo que desarrollaba el proyecto de la esposa del presidente del Gobierno en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). El instructor intenta determinar si la dedicación de Cristina Álvarez a actividades profesionales particulares de la esposa del presidente puede constituir un delito de malversación o colaboración en los delitos imputados a Gómez.
Google fue una de las empresas que colaboró con la cátedra dirigida por Gómez en la UCM, aportando fondos específicos para el desarrollo del software que provocó la imputación por apropiación indebida contra la esposa de Pedro Sánchez.
La manera en que la asesora se presentó en las primeras reuniones con Google contrasta con la versión que ella mantiene, donde se describe únicamente como acompañante y gestora de asuntos relacionados con agenda, seguridad y protocolo, aportando ayuda esporádica en tareas privadas profesionales de Gómez. Según fuentes con conocimiento de la declaración, Escassi explicó al juez que, si bien su interlocutora habitual era Gómez, consideraban a Álvarez “una persona de apoyo” en el proyecto de la UCM.
Escassi, director de Relaciones Institucionales de Google, relató que se sentó junto a la esposa de Sánchez durante el acto por el vigésimo aniversario de Google, donde se invitaba a participantes de proyectos importantes en los que estaba involucrada la empresa. Sin embargo, aclaró que también asistían personas vinculadas a proyectos de menor envergadura, entre los cuales se encontraba el de la esposa del presidente del Gobierno.
Asimismo, ayer testificó otro testigo, el exvicerrector de la UCM Juan Carlos Doadrio, responsable de la puesta en marcha de la cátedra investigada. Comentó que compartió una comida en La Moncloa con Begoña Gómez y Cristina Álvarez, aclarando que no fue una comida laboral. Mencionó además que, en una segunda ocasión, comió solo con Gómez en un restaurante —pagado por ella— pero tampoco trataron asuntos profesionales. Doadrio añadió que se reunió laboralmente en solitario con Álvarez, sin presencia de Gómez, y en esas citas trataron temas como los convenios que respaldaban la cátedra y los relacionados con la Comisión Mixta que supervisa la cátedra dentro de la UCM.
Por otra parte, el juez decidió retirar la imputación a Judith González, secretaria general de Presidencia del Gobierno, acusada hace dos semanas por su vínculo con la asesora y citada ayer ante el tribunal. La decisión se produjo después de que González aclarara ser superior de la asesora en La Moncloa, aunque no su jefa directa. El magistrado busca identificar al responsable que permitió que Álvarez realizara funciones privadas para Begoña Gómez.
El juez encargado de investigar las actividades de la asesora asignada a Begoña Gómez busca precisar si la dedicación de Cristina Álvarez a funciones profesionales privadas de la esposa del presidente constituye malversación o si colaboró en el presunto tráfico de influencias atribuido a Pedro Sánchez.
La audiencia realizada corresponde a lo previsto en la Ley del Jurado para que las acusaciones concreten las imputaciones que defienden. Aunque inicialmente las acusaciones populares solicitaron citar como testigo a Judith González, el juez consideró oportuno hacerlo como investigada; en la vista de ayer, fueron las acusaciones las que requirieron mantener su imputación, pero el juez decidió revocarla. Las acusaciones valoran la posibilidad de apelar dicho fallo.
La imputación contra la secretaria general de Presidencia se fundamentaba en no haber impedido que la asesora se involucrara en actividades privadas de Begoña Gómez. El auto de Peinado que la declaraba investigada no le atribuía otra responsabilidad. Por la misma razón, el actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quien ocupó el cargo de secretario general entre 2021 y 2023, permanece imputado en la causa. El mismo día que se imputó a González, el juez confirmó la situación del delegado: «El comportamiento pasivo del investigado Francisco Martín Aguirre, como Secretario General de la Presidencia del Gobierno desde julio de 2021 hasta marzo de 2023, debe ser, junto con las otras personas que hayan desempeñado ese cargo (no por el simple nombramiento), hasta la fecha en que finalizó el Master [de Begoña Gómez en la UCM], objeto de investigación, dado que no evitó que un subordinado realizara funciones ajenas a las asignadas, ni ordenó que cesara, pudiendo llegar a ser acusado».
Previo a ellos, en este cargo en La Moncloa estuvo el actual ministro de Justicia, Félix Bolaños, interrogado por Peinado como testigo. Posteriormente, el juez propuso al Supremo investigarlo por malversación, pero la Alta Corte consideró que ocupar el cargo de superior de la asesora no es suficiente para justificar la imputación. Los argumentos del Supremo en ese duro auto señalaron que las imputaciones contra el delegado y la actual secretaria de Presidencia tienen escasas posibilidades de avanzar.