Según el tribunal, el líder de Se Acabó La Fiesta realizó varias publicaciones en redes sociales con «llamamientos reiterados a la ocupación, bloqueo y colapso de vías de comunicación».
El Tribunal Supremo ha iniciado la sexta investigación penal contra el eurodiputado Luis Pérez Fernández, Alvise, por un supuesto delito de desórdenes públicos debido a ciertas publicaciones en Telegram relacionadas con protestas agrícolas en 2024.
La Sala considera que el contenido de dichas publicaciones «contiene llamamientos persistentes a la ocupación, bloqueo y parálisis de vías de comunicación, accesos urbanos, centros logísticos, puertos, refinerías y nodos de distribución; y sugiere usar vehículos particulares para apoyar cortes en la circulación».
Además, «se refiere a la necesidad de aprovechar la insuficiencia de agentes policiales; y vincula la movilización a mecanismos de coordinación colectiva con capacidad para impactar gravemente en el orden público».
Se apunta que la libertad de expresión, la libertad ideológica y el derecho a la participación política amparan el discurso crítico contra el Gobierno, la denuncia de actuaciones policiales o la convocatoria de manifestaciones.
«Sin embargo, dicha protección no abarca, sin más, los llamamientos directos y difundidos públicamente a realizar conductas» que podrían provocar desórdenes públicos agravados.
Inicialmente, esta causa fue remitida por el Supremo al Juzgado de Instrucción 29 de Madrid, para investigar si Alvise lideraba el «Canal Alvise», hecho que ahora la Comisaría General de Información considera que «hay indicios suficientes».
Esta es la sexta causa que el Supremo ha abierto contra Alvise, quien ya ha solicitado en al menos dos ocasiones el suplicatorio al Parlamento Europeo para proseguir con los procedimientos.
Alvise ha comparecido en todas las investigaciones anteriores salvo en la quinta, cuando presentó un escrito para suspender la citación del 7 de mayo hasta que se otorgue el suplicatorio.
Respecto a las otras cinco causas, una corresponde a presuntos delitos de falsedad e injurias por difundir una PCR falsa del exministro y presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa, en 2021; y otra por divulgar los mensajes dirigidos en Telegram contra la fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert.
La tercera causa, la más relevante, acusa presuntos delitos de financiación ilegal de partidos, estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental por haber recibido, presuntamente, 100.000 euros para su campaña electoral.
Una cuarta investigación se refiere a presuntos delitos de revelación de secretos y acoso hacia los dos eurodiputados que concurrieron con él en Se Acabó la Fiesta en las elecciones europeas de 2024 y que luego se separaron de la formación; y la quinta se basa en la querella presentada por el alcalde de Algeciras, José Antonio Landaluce, por un supuesto delito de amenazas condicionales.