Polonia, Hungría, Eslovaquia y la República Checa enfrentarán a la UE por las cuotas de migración. Los sectores duros afirman que no aceptarán más migrantes ni pagarán compensaciones por la negativa. Por el momento, un acuerdo parece inalcanzable.
Un grupo de países con posiciones firmes en migración, liderado por Polonia y Hungría, declaró estar preparado para impugnar ante la UE el plan de redistribución de solicitantes de asilo basados en cuotas.
El martes, la Comisión Europea presentó un nuevo esquema de distribución para aliviar la presión sobre países en primera línea como Italia, España y Grecia, implicando que algunos países del centro y este de Europa deberán brindar su apoyo.
Polonia, Hungría, Eslovaquia y República Checa comunicaron que no participarán en el sistema de cuotas y están dispuestos a desafiar la iniciativa de la Comisión.
Según el Pacto sobre Migración y Asilo, todos los países de la UE deben contribuir proporcionalmente a su población y Producto Interno Bruto para aliviar la carga de los Estados miembros considerados “bajo presión migratoria”, principalmente los ubicados en el sur de Europa.
La contribución puede realizarse de tres maneras: mediante la reubicación de un número específico de solicitantes de asilo en su territorio, pagando 20.000 € por cada persona que no reubiquen, o financiando el apoyo operativo en miembros que enfrentan esa presión, como Italia y España. Asimismo, es posible combinar estas modalidades según las normas vigentes.
El volumen total y la proporción de reubicaciones serán definidos antes de fin de año por los Estados miembros. Los 27 países deberán formar un “fondo de solidaridad”, según una propuesta altamente clasificada de la Comisión que no se espera sea divulgada públicamente.
La ley establece un mínimo de 30.000 reubicaciones y 600 millones de euros en contribuciones financieras.
Reacción indignada ante el sistema de cuotas migratorias
Polonia, Hungría, Eslovaquia y la República Checa manifestaron su rechazo a contribuir, ni aceptando reubicaciones ni efectuando pagos financieros.
«Polonia no aceptará migrantes bajo el Pacto de Migración. Tampoco pagaremos por ello», afirmó el primer ministro polaco Donald Tusk en X poco después de la presentación del informe de la Comisión. Tusk enfrenta presiones para adoptar una postura estricta frente a la migración, zona de alta disputa con la oposición conservadora.
El primer ministro húngaro Viktor Orbán adoptó igualmente una firme postura: “No implementaremos el Pacto de Migración… No acogeremos migrantes, ni pagaremos ni un solo forinto por ellos”.
Hungría tiene previsto celebrar elecciones en abril, donde Orbán apunta a convertir la migración en eje central y destacar su política gubernamental de “cero migrantes” como mensaje clave de campaña.
A comienzos de este año, el primer ministro eslovaco Robert Fico emitió una advertencia similar a Bruselas, asegurando que Eslovaquia no participaría en el sistema ni aportaría al fondo de solidaridad. Fico mantiene una postura estricta sobre migración y comparte el lema de “cero migrantes” de Orbán.
El primer ministro electo checo Andrej Babiš, aún sin conformar su gabinete, rechazó ya el sistema de cuotas aduciendo “razones de seguridad nacional”.
“Nuestro partido se opone al pacto migratorio, que representa una amenaza directa para nuestra seguridad. Lo rechazamos”, manifestó el eurodiputado Jaroslav Bžoch a Euronews.
¿Pueden los países de la UE rechazar el sistema de cuotas migratorias?
En principio, todos los Estados miembros deberían participar en el programa y brindar solidaridad — ya sea financiera u operativa — a los países que reciben el mayor volumen de llegadas.
No obstante, existen posibilidades de negociar exenciones.
Según la evaluación de la Comisión, República Checa y Polonia figuran entre los seis países que podrían solicitar una exención del fondo de solidaridad, pues también se les considera en situación migratoria significativa.
Se espera que Polonia solicite la exención de inmediato, y la República Checa hará lo propio pronto, indicaron funcionarios de la UE a Euronews.
Dicha exención debe ser aprobada por los ministros de la UE mediante una mayoría cualificada, lo que requiere el respaldo de 15 de los 27 países y al menos el 65 % de la población total de la Unión.
Si se concede una exención, la cuota de reubicación y la contribución financiera de ese país no se reasignan a otros Estados, lo que implica que los países “bajo presión migratoria” recibirán menos ayuda en el conjunto del paquete.
Esto podría generar una fuerte reacción en el Consejo Europeo, integrado por los líderes de los 27 Estados miembros.
La definición del alcance del “fondo de solidaridad” y los criterios para otorgar exenciones representa un tema altamente delicado. Funcionarios europeos reconocen que será complicado aceptar la exención para algunos países y denegarla para otros.
“La implementación del pacto migratorio será muy compleja; la mayoría de los Estados miembros preferiría evitar las reubicaciones por el rechazo que podrían enfrentar internamente”, señaló un diplomático a Euronews.
Países como Hungría y Eslovaquia, que en principio no podrían solicitar una exención porque no están clasificados como bajo “presión migratoria severa”, podrían igualmente impugnar la ley.
“Está claro que, si la mayoría de los Estados se niega a aceptar su cuota de reubicación, la Comisión no sancionará a todos. Esto dificultará mucho la aplicación práctica”, agregó el diplomático. La Comisión incumplió inicialmente el plazo del 15 de octubre para presentar la propuesta, lo que refleja la sensibilidad y volatilidad del asunto.
Con poco tiempo restante antes de finalizar el año, el tema probablemente será tratado por los 27 líderes durante el último Consejo Europeo programado para el 18 y 19 de diciembre.