El fenómeno integra factores económicos y culturales como el aumento de los costos de los servicios, las listas de espera en residencias y la evolución del modelo familiar, donde el cuidado ya no se asume de forma automática
Catalunya enfrenta una doble presión. Por un lado, la estimación de la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA) respecto a la demanda de 80.000 nuevas plazas residenciales y 26.000 profesionales en los próximos diez años; por otro, la situación diaria de familias incapaces de costear una residencia o contratar cuidadores. En este marco surgen los llamados pactos asistenciales, acuerdos privados –con frecuencia notariales– en los que un mayor garantiza su cuidado a cambio de patrimonio, vivienda o la promesa de una herencia.
La profesora Tatiana Cucurull, de la Universitat Oberta de Catalunya, sintetiza la tendencia como un cambio generacional: “Desde hace una década observamos estas formas de pacto. Aún son minoría entre familiares, aunque constituyen una forma de obligar a los parientes a cuidar garantizando una contraprestación”. Este fenómeno, destaca, combina tanto factores económicos como culturales: el aumento del costo de servicios, las listas de espera en residencias y la transformación del modelo familiar, donde el cuidado ya no es un hecho automático.
Los pactos asistenciales adoptan diversas modalidades. En la forma más habitual, la persona mayor firma ante notario un compromiso dirigido a un familiar. El contrato detalla los deberes del cuidador. “Debes acompañarme al médico, comprarme alimentos”, y la contraprestación, “puedes residir en mi vivienda” o “te dejaré esto en herencia”, explica la experta en RAC1. La especificación de obligaciones y las garantías formales pretenden transformar una relación previa tácita en un compromiso con valor legal vinculante.
La expansión de estos pactos, según Cucurull, se concentra especialmente entre las clases medias y bajas, donde el costo de una residencia excede las pensiones y ahorros familiares. “Quizás los jóvenes no acceden a una vivienda y los mayores no pueden cubrir una residencia con sus pensiones. Puede ser una especie de win-win: tú me asistes y yo te entrego un piso, que es inaccesible para ti”, señala.
Sin embargo, la formalización no elimina las dudas. Cucurull advierte que, pese a que muchos de estos pactos se elevan a escritura pública, carecen de un marco legal específico que regule su contenido, los mecanismos de supervisión y la fiscalidad. “Haría falta una normativa común que supervise los cuidados que la persona mayor recibe y ofrezca seguridad jurídica a quien asume la obligación del cuidado”. Sin dicha regulación, la confianza mutua permanece como el pilar fundamental.
El cuidado familiar puede suponer la renuncia laboral
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Otro aspecto crítico es el control sobre la calidad del cuidado. La profesora sugiere que la regulación permita la revisión periódica del estado de salud y la asistencia brindada, por ejemplo, mediante la intervención de servicios sociales o asistentes sociales que verifiquen el cumplimiento de lo pactado. Sin este control externo, el convenio podría representar una carga excesiva para el cuidador o, por el contrario, privar a la persona mayor de garantías necesarias.
Los pactos asistenciales también reflejan un cambio en la posición de género y en el ámbito laboral. La incorporación masiva de mujeres al mercado laboral dejó atrás el modelo tradicional en que ellas asumían el cuidado familiar. Actualmente, apunta Cucurull, “si abandono mi trabajo para cuidarte, necesito certezas”. Formalizar el pacto busca justamente reconocer esa renuncia laboral y asegurarla con garantías patrimoniales.
Al evaluar su impacto social, los pactos plantean un dilema mayor: responden a una necesidad concreta y ofrecen soluciones inmediatas donde la oferta pública es insuficiente. Pero también existe el riesgo de normalizar una privatización de los cuidados sin las salvaguardas públicas indispensables. La especialista recomienda combinar la flexibilidad de estos acuerdos con un marco normativo que establezca criterios mínimos de protección y control.
Mientras la presión demográfica crece y las respuestas públicas demoran en implementarse, los pactos asistenciales dejan de ser casos aislados. Para familias sin alternativas, constituyen una solución práctica; para la sociedad en general, representan una llamada de alerta sobre la urgencia de planificar y regular un sistema de cuidados equitativo y sostenible.