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Cuando el Ejecutivo presentó el año pasado su anteproyecto de la Ley de Memoria Democrática, el CGPJ emitió un dictamen enfático: advirtió a Moncloa sobre posibles vulneraciones de la libertad de expresión, ideológica y el derecho de reunión.

El órgano de gobierno de los jueces cuestionaba, por ejemplo, el artículo con el que Carmen Calvo —quien en ese momento estaba al frente del proyecto— planeaba clausurar la Fundación Francisco Franco. Lejos de retractarse, según ha confirmado este medio, el Ejecutivo modificó el texto para intentar sortear el aviso del CGPJ y garantizar la disolución de la entidad que homenajea al dictador. Se amparará en que sus actividades «ofenden a las víctimas».

El texto inicial indicaba: las fundaciones «podrán ser extinguidas cuando no persigan fines de interés general o desarrollen actividades contrarias a este». Y añadía: «Se considera contrario al interés general la apología del franquismo o la incitación directa o indirecta al odio o a la violencia contra las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, por su condición».

El CGPJ respaldó, en principio, las restricciones destinadas a preservar la dignidad de las víctimas, pero recomendó que la definición de «víctimas» incluya a todas las personas afectadas por violaciones de los Derechos Humanos entre el 18 de julio de 1936 y 1978 —periodo abarcado por la ley—, y no solamente a las del bando franquista.

El órgano judicial recordó la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y enfatizó que, en relación con la Fundación Franco, cualquier clausura requiere además que las actividades impliquen una humillación de las víctimas. En otras palabras: la mera apología del franquismo, según el CGPJ, no basta para disolver una fundación; es imprescindible que dicha organización menosprecie a las víctimas.

«Dentro del marco de la libertad de opinión, se permite cualquier idea, por equivocada o peligrosa que sea, incluso aquellas que cuestionen el sistema democrático», afirmó el Tribunal Constitucional.

Para lograr la clausura de la Fundación y superar los reparos del CGPJ, el equipo dirigido por Carmen Calvo elaboró un nuevo texto al que este medio ha tenido acceso. Fue aprobado por la comisión de secretarios de Estado y se prevé su aprobación este martes en el Consejo de Ministros.

El texto señala: «La disposición adicional quinta establece como causa de extinción de fundaciones que no persigan fines de interés general la apología del franquismo que exalte el golpe de Estado y la dictadura o a sus dirigentes, con desprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, o la incitación directa o indirecta al odio o violencia contra ellas».

La Fundación Franco «confía en Vox»

El matiz incorporado combina en un solo punto los dos aspectos del precepto original: ya no se habla de apología del franquismo o de la «incitación al odio contra las víctimas» de forma separada. Ahora es «la apología del franquismo que ensalza el golpe de Estado (…) con desprecio y humillación de la dignidad de las víctimas». Todo unido.

La aprobación en el Consejo de Ministros estaba prevista para el martes anterior, pero durante el fin de semana previo Pedro Sánchez activó una crisis de gobierno. Recién nombrado al frente del Ministerio de la Presidencia, Félix Bolaños optó por posponer la ley hasta esta semana.

Según fuentes consultadas por este periódico, Bolaños tomó la decisión para «poder preparar la exposición y analizar detenidamente el texto», descartando que fuera un intento de corregir a su predecesora, Carmen Calvo.

Como adelantó EL ESPAÑOL en agosto pasado, la Fundación Franco, si la ley es aprobada, apostará por que Vox recurra ante el Tribunal Constitucional.

Su presidente, el general Juan Chicharro, expresó «confianza» en Santiago Abascal. «En principio, no deberíamos preocuparnos. Según la Constitución española, es imposible que nos ilegalicen, aunque con este Gobierno socialcomunista todo es posible», afirmó.

Por ahora, PP, Ciudadanos y Vox han manifestado su rechazo a la norma. Sin embargo, y salvo imprevistos, PSOE y Podemos la aprobarán en el Parlamento gracias al apoyo conjunto con los nacionalistas.