Las defensas sostienen que ya no existen dudas y que debe cerrarse el procedimiento que estuvo paralizado a la espera del fallo de Luxemburgo.
Los abogados de los 12 CDR imputados por terrorismo ante la Audiencia Nacional solicitaron al tribunal la aplicación inmediata de la Ley de Amnistía. Esta petición se produce tras el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que la semana pasada determinó que la legislación española no contradice la normativa comunitaria.
El tribunal planteó una cuestión prejudicial en Luxemburgo al considerar que proceder podría vulnerar la directiva europea contra el terrorismo, la cual tiene prioridad sobre la ley nacional. Esto ocasionó la suspensión del proceso por más de un año. Finalmente, se descartó tal incompatibilidad y las defensas consideran que no hay impedimento para aplicar la amnistía.
Se destaca que el tribunal europeo afirmó que la directiva «no se opone a una ley nacional de amnistía que, con el fin de aliviar tensiones institucionales y políticas y promover un clima de reconciliación, establece la exención de responsabilidad penal para quienes hayan cometido, durante un periodo determinado y en el contexto de un proceso de independencia de una parte del territorio nacional de un Estado miembro, actos incluidos en esta directiva que no hayan provocado intencionadamente graves violaciones de derechos humanos».
La ausencia de gravedad en los hechos imputados a los acusados resulta crucial para que estén cubiertos por la amnistía, que excluye explícitamente los casos más graves de terrorismo. Los CDR fabricaron artefactos explosivos o incendiarios, pero no llegaron a perpetrar ningún ataque.
Al respecto, la defensa de Xavier Buigas asegura que no es un punto «controvertido». Señala que, según recuerda, el propio tribunal que remitió el caso a Luxemburgo indicó que «en la descripción de los hechos contenida en los escritos de acusación no se menciona que los hechos, calificados como terroristas por el Ministerio Fiscal y la Acusación Popular, hayan provocado intencionadamente graves violaciones de derechos humanos».
Luxemburgo consideró que la amnistía «no afecta negativamente la eficacia» de la directiva sobre lucha contra el terrorismo. «En línea con sus objetivos de reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación, esta ley se limita a establecer, posteriormente, que no se juzguen ciertos delitos de terrorismo cometidos exclusivamente en el contexto particular del movimiento independentista catalán, excluyendo de la amnistía los actos que hayan provocado intencionadamente graves violaciones de derechos humanos», afirmaba.
Agregó que «corresponde a los órganos jurisdiccionales competentes determinar los actos específicos que quedan excluidos de la amnistía». Esa es la función que los acusados solicitan a la Audiencia Nacional en la actualidad.