La acusación particular solicita la pena máxima prevista en la Ley del Menor: internamiento en régimen cerrado de 6 y 8 años.
Inicia el juicio por el asesinato de la educadora Belén Cortés, de 35 años, quien fue presuntamente asesinada el 9 de marzo por tres adolescentes menores a su cargo en un piso tutelado de Badajoz. Las sesiones, previstas para tres días, se celebran a puerta cerrada y contarán con las declaraciones de más de 50 testigos y peritos, además de los acusados, que desde su detención están en régimen cerrado en el Centro de Menores Marcelo Nessi de la capital pacense.
Este crimen conmocionó a nivel nacional y evidenció deficiencias en la seguridad y las condiciones laborales de la educadora, quien atendía sola a los menores en la vivienda. También ha generado debate la decisión judicial de mantener a estos adolescentes en ese régimen, ya que dos de ellos —los varones de 14 y 15 años— habían sido detenidos días antes en Villafranca (Badajoz) por un robo tras haberse escapado del piso tutelado, lugar al que regresaron y donde presuntamente cometieron el asesinato.
Para este miércoles está previsto que declaren los tres acusados (había un cuarto joven que huyó del piso y alertó sobre el suceso), quienes escaparon en el coche, sustrajeron las llaves y otros objetos tras el crimen, y fueron detenidos en Mérida por la policía. Durante el traslado, tuvieron un accidente y luego hicieron autostop para llegar a la capital extremeña. A los supuestos autores materiales, los dos varones, se les suma una adolescente de 17 años que presenció los hechos y huyó con ellos. La Fiscalía pide para los dos jóvenes seis años de internamiento en régimen cerrado por asesinato, robo con violencia en domicilio habitado y conducción sin permiso (solo a uno de ellos); mientras que para la joven solicita 5 años por complicidad. Además, propone tres años de libertad vigilada para los tres.
Sin embargo, la acusación particular juzga culpables a los tres implicados y reclama la máxima pena establecida en la Ley del Menor: 6 y 8 años (la mayor para la joven, por su edad). Adicionalmente, la familia de la víctima exige a la Junta de Extremadura una indemnización por responsabilidad civil de medio millón de euros. El abogado de la familia, Raúl Montaño, ha declarado al salir del juzgado que enfrentan el juicio «con muchas ganas de finalizar este calvario» y señaló que la familia está «destrozada». Además, criticó la falta de apoyo de la Junta de Extremadura durante estos meses tras el suceso: «Solo tengo constancia de que en un primer momento la presidenta (María Guardiola) llamó a un familiar, pero desde entonces hasta hoy ha existido un abandono absoluto por parte de la Junta», denunció.
El letrado subrayó que considera que la administración regional tiene «la responsabilidad» por lo ocurrido, «independientemente» de que la Junta pueda luego intentar delegar dicha responsabilidad a la empresa gestora de los pisos tutelados. En este sentido, explicó que intentaron alcanzar un acuerdo previo con la Junta para fijar la cuantía de la indemnización y «evitar negociaciones», pero no recibieron «ninguna respuesta».
El abogado Fernando Cumbres, que representa a la familia del menor de 14 años, ha señalado que el juicio se dividirá en dos fases: una penal, donde se discutirá «evidentemente» la «posible» responsabilidad penal de los jóvenes, y otra relacionada con la asignación de la indemnización a la familia y a la pareja de la víctima por los daños derivados de esta muerte.
«Espero que las administraciones sean conscientes de la necesidad de mejorar la seguridad, las condiciones salariales y las laborales de quienes trabajan en centros educativos, de acogida o inserción», manifestó Cumbres.
LA DEFENSA
Finalmente, el abogado defensor, designado de oficio para uno de los menores (el de 14 años, originario de Don Benito), José Duarte, destacó el trato «respetuoso» recibido por la familia de la víctima y aseguró que como defensores intentarán colaborar con la Justicia. «No se concibe que la medida cautelar que cumplían (semilibertad en los pisos tutelados antes del crimen) estuviera gestionada por una entidad o asociación que no contaba con los medios ni la preparación adecuada», cuestionándose quién velaba por Belén y concluyendo que su muerte fue «lamentablemente, una muerte anunciada».
Respecto a su defendido, el letrado pedirá la absolución en relación al homicidio porque «siempre ha negado ante todas las instancias que haya participado en el crimen». Subrayó que Duarte «ahora colabora activamente» y agregó que «con la administración anterior, socialista, durante años hubo advertencias por parte de Fiscalía sobre posibles riesgos, pero no se actuó». Finalmente concluyó: «No debió ocurrir; es incomprensible que una joven, aunque muy querida por los menores, asumiera esa responsabilidad en solitario».