Peramato informó al fiscal jefe Anticorrupción que no consideraba oportuno reducir aún más la petición de condena de prisión para el comisionista.
La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ejerció su autoridad jerárquica para impedir que el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, solicitara una mayor reducción de la pena para el empresario Víctor de Aldama, aun cuando su confesión resultó decisiva en el juicio por las mascarillas y en la causa por los presuntos amaños en obras públicas.
Además, el testimonio ofrecido por el empresario, junto con las pruebas presentadas en la pieza secreta sobre la supuesta financiación irregular del PSOE, está permitiendo a la Audiencia Nacional avanzar en la investigación referente al efectivo en Ferraz.
Según fuentes fiscales consultadas por EL MUNDO, la intención de Luzón, conforme avanzaba el juicio en el Tribunal Supremo, era solicitar en la fase de conclusiones definitivas que se aplicara la atenuante muy cualificada al comisionista Aldama. Sin embargo, en una reunión reciente en la sede de la Fiscalía General, a la que Peramato asistió acompañada de parte de su equipo, se comunicó a Luzón que no se consideraba adecuado pedir una reducción mayor de la condena para el empresario que colaboró en descubrir la corrupción en el Gobierno y en el PSOE.
Ante este panorama, el fiscal jefe Anticorrupción decidió ayer presentar de forma definitiva su petición de siete años de prisión para Aldama por un delito de organización criminal y otro continuado de cohecho. Asimismo, por el delito de aprovechamiento de información privilegiada, el Ministerio Público solicitó en su escrito de acusación una multa de 3.713.981 euros para el comisionista.
El jefe de Anticorrupción aceptó la decisión de Peramato considerando que existe «margen legal» para ello y no lo interpretó como «una orden improcedente». No obstante, Luzón mantiene la libertad para argumentar en su informe final que el comisionista merece la atenuante muy cualificada tras su confesión. El artículo 25 del Estatuto del Ministerio Fiscal (EOMF) establece que «el fiscal que reciba una orden o instrucción relativa al servicio y ejercicio de sus funciones, referente a asuntos específicos, deberá acatarla en sus dictámenes, aunque podrá desarrollar libremente sus intervenciones orales en lo que estime conveniente para el bien de la justicia».
Fuentes fiscales consultadas señalan que Luzón planea defender este miércoles que la colaboración de Aldama podía haberse valorado perfectamente con una atenuante muy cualificada. La legislación europea en materia de política criminal ha evolucionado claramente hacia premiar a los delincuentes que optan por cooperar con la justicia, y estos cambios son bien conocidos por el jefe de la Fiscalía especializada en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción.
Sin embargo, ayer durante el trámite de conclusiones, el fiscal jefe mantuvo la calificación como atenuante simple. El Ministerio Público solicitó la pena mínima dentro de la mitad inferior para el comisionista. En cambio, de haberse solicitado la atenuante muy cualificada, esto habría supuesto una reducción automática de la prisión en un grado y, de manera opcional, en dos grados. En otras palabras, esta postura podría haber evitado incluso que el empresario tuviera que volver a ingresar en prisión.
La evidencia más clara de que Luzón planeaba pedir una pena más baja para Víctor de Aldama se pudo observar ayer en el Salón de Plenos del Alto Tribunal, durante la presentación de las imágenes con los cambios realizados en su escrito de conclusiones definitivas. El fiscal de Sala anunció que, tras la celebración del juicio, había modificado datos de su escrito inicial y entregado el nuevo al tribunal.
Todos los cambios incluidos aparecían en letra roja, como explicó el acusador público. En este nuevo documento, al que este periódico tuvo acceso, se observa claramente que la petición de cuatro años por organización criminal y tres años por cohecho están señaladas en rojo. Sin embargo, las penas solicitadas permanecen iguales a las iniciales.
En el escrito final del fiscal Luzón, también se añadió en color rojo que «el reconocimiento de los hechos» por parte de Aldama «se ha mantenido y complementado en su declaración como acusado el pasado 29 de abril de 2026 en este juicio oral». Sobre los amaños en obras públicas, Luzón resalta que la confesión del empresario permitió descubrir «aspectos totalmente desconocidos para la investigación [en rojo]».
Además, el fiscal de Sala agregó que «algunos documentos de esa pieza han sido incorporados en el presente juicio, especialmente las grabaciones intervenidas a Koldo García, las cuales fueron objeto de peritaje acústico y electrónico el pasado 23 de abril y que coinciden plenamente con lo declarado inicialmente por Víctor de Aldama [en rojo]».
Malestar en el Gobierno
Según pudo confirmar EL MUNDO, en el Gobierno causaron gran molestia dos asuntos: por un lado, que Aldama haya señalado al presidente Pedro Sánchez como líder de la organización criminal y, por otro, que Luzón permitiera al acusado criticar al jefe del Ejecutivo y a su esposa Begoña Gómez sin interrumpirlo durante el interrogatorio.
Por otra parte, las acusaciones populares, encabezadas por el Partido Popular, solicitaron una reducción de penas para el comisionista «en virtud de la colaboración brindada en el procedimiento». Estas acusaciones pidieron que la atenuante de confesión sea considerada como muy cualificada y que las penas se reduzcan en dos grados, hasta el mínimo legal.
Como resultado, para ninguno de los delitos específicos solicitaron condenas superiores a dos años de prisión. Esto permitiría al tribunal suspender el cumplimiento de las penas y que Aldama no tenga que ingresar en prisión de forma efectiva. Sin embargo, mantuvieron para el ex ministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García la petición de 30 años de encarcelamiento.
El juicio continuará este miércoles con la presentación de los informes finales de las acusaciones y defensas. El tribunal, presidido por el magistrado Andrés Martínez Arrieta, accedió ayer a retrasar la sesión final un día para que las defensas de Ábalos y Koldo puedan preparar sus intervenciones finales considerando los cambios introducidos por el fiscal en el escrito de acusación final. Los abogados argumentaron que sus clientes están en prisión, lo que dificulta preparar con rapidez las modificaciones del Ministerio Público.