Las claves
El juez de la Audiencia Nacional ha solicitado a la ONU confirmar si está investigando la retención de un casco azul español por parte de las fuerzas israelíes en el sur del Líbano.
La denuncia, presentada por Iustitia Europa, señala a Benjamin Netanyahu y a altos mandos militares de Israel por presuntos delitos de coacción, detención ilegal y crímenes de guerra.
La Fiscalía propuso consultar con la ONU debido a que, en caso de que exista una investigación internacional activa, la justicia española no tendría competencia para intervenir.
El partido que interpuso la denuncia exige que declaren la ministra de Defensa y el soldado retenido, además de solicitar información a Europol e Interpol relacionada con las fuerzas israelíes involucradas.
El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha dirigido una consulta a la Organización de Naciones Unidas (ONU) para saber si mantiene alguna investigación respecto al incidente ocurrido el 7 de abril con un casco azul español.
En esa fecha, en el sur del Líbano, un convoy logístico perteneciente al contingente español de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas (FINUL) fue detenido por fuerzas armadas israelíes, y un soldado fue retenido aparentemente contra su voluntad.
Como consecuencia de este hecho, el partido Iustitia Europa presentó una denuncia ante la Audiencia Nacional contra, entre otros, Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel.
Esta agrupación política le imputa delitos de coacciones, detención ilegal y crímenes de guerra relacionados con la «retención ilegal» de un militar español.
Piña, juez al frente del Juzgado Central de Instrucción número 6, consultó recientemente a la Fiscalía sobre si corresponde a la Audiencia Nacional la competencia para investigar esta denuncia.
En su informe, el fiscal recomendó al juez que se dirija a la ONU para confirmar si dicha organización internacional ya está investigando este caso, pues en ese supuesto, la justicia española debería abstenerse de continuar con la investigación.
De acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad puede «investigar cualquier controversia o situación que pueda generar fricciones internacionales o provocar un conflicto».
Además, la Fiscalía adscrita a la Corte Penal Internacional (CPI) está facultada para iniciar investigaciones basadas en información aportada por personas, grupos, Estados u ONG, o bien por solicitudes del Consejo de Seguridad de la ONU.
Según fuentes jurídicas consultadas por EL ESPAÑOL, tanto la Fiscalía española como el juez Piña aguardan la respuesta de Naciones Unidas para decidir si la justicia nacional está habilitada para seguir adelante con la investigación contra Netanyahu.
Iustitia Europa, el partido que presentó la denuncia, también responsabiliza por los mismos tres delitos a Herzi Halevi, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF), quien es el superior jerárquico de las unidades israelíes involucradas en el incidente.
La formación política, liderada por Luis María Pardo, señala asimismo al comandante del Comando Norte de las IDF como responsable operativo directo de las fuerzas desplegadas en el frente sur del Líbano en la fecha del suceso.
En su denuncia, para las diligencias pertinentes, Iustitia Europa solicitó la declaración de la ministra de Defensa española, Margarita Robles, y del casco azul retenido.
El partido también propuso solicitar a Europol e Interpol información relacionada con las «unidades y el personal militar israelí» presentes en la zona de Taybeh (Líbano) el 7 de abril de 2026.
En su denuncia, la formación subrayó que la condición del soldado retenido como parte de una «fuerza internacional de paz» adscrita a Naciones Unidas «resultaba clara e indudable».
«Los vehículos del contingente exhiben los emblemas de la ONU y las señales distintivas correspondientes, lo que elimina cualquier duda sobre su correcta identificación», enfatizaba Iustitia Europa en su escrito.