Una supuesta financiación irregular del partido planea hoy sobre la declaración del ex secretario de Organización y su colaborador, quienes han comentado el juicio cara a cara.
Tras la mascletá de Aldama de ayer, hoy continuará en el Tribunal Supremo el segundo gran episodio del juicio del caso Mascarillas, que realmente solo constituye el primer capítulo de una serie de procesos que acorralan al Gobierno de Pedro Sánchez -con una circunstancia inédita: un presidente español en funciones podrá seguir desde La Moncloa, mientras mantiene el control del Ejecutivo, una causa que impacta directamente en el núcleo de su administración-.
Este segundo tramo, aunque ya ampliamente difundido y no por ello menos asombroso, consta de dos partes, ambas extremadamente cercanas, hasta hace solo cinco años, al mandatario. Por un lado, si el calendario se mantiene como debe -y el tribunal está firme en esa intención-, comparecerá quien fuera la mano derecha del presidente hasta su inesperada caída en julio de 2021: José Luis Ábalos Meco. Por otro lado, antes que él, muy temprano, testificará una versión más ruda y menos formal del propio Ábalos: su antiguo asesor (o figura similar) y probable testaferro según la Guardia Civil, Koldo García, conocido por haber sido portero de un club nocturno antes de acompañar a Sánchez en la reconquista del Partido Socialista en el emblemático Peugeot, cuya irrupción en febrero de 2024 sorprendió a gran parte de España. Que el presidente contara con un escudero como un exjugador de rugby brusco y políticamente incorrecto, sin formación formal alguno -más allá de la calle-, que se dirigía a los ministros con familiaridad y prácticamente les imponía órdenes con un aire de José Luis Torrente mientras atravesaba los ministerios erguido como un Napoleón, es un hecho indiscutible.
Es el momento decisivo tras dos años de conjeturas desde que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desmantelara la operación Delorme en febrero de 2024, revelando una presunta red corrupta que habría amañado contratos públicos vinculados a la pandemia del Covid para beneficio personal, entre ellos el propio Ábalos, al que, supuestamente, se le habría regalado un chalet de lujo cerca de La Línea de la Concepción (Cádiz).
La pregunta clave sigue siendo: ¿revelará ante el tribunal Ábalos, que fue figura central en el Partido Socialista de Pedro Sánchez, información que apunte a una financiación irregular del PSOE? Si tal hecho se demostrara, y existen indicios —como la empresaria Carmen Pano declarando sin beneficio alguno, sino todo lo contrario, que entregó 90.000 euros en efectivo en la sede central de Ferraz—, el proceso debería comenzar inmediatamente. El tiempo se agota y la amenaza de 24 años de prisión que se le imputan a Ábalos Meco (por organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y aprovechamiento de información privilegiada) pende sobre él, siendo este solo el primero de varios juicios que deberá enfrentar.
En realidad, a lo largo de un calvario que solo cabe calificar de bíblico —y en el que su piel se ha ido tornando cada vez más cerosa, especialmente tras develarse su intensa vida sexoafectiva y su ingreso en prisión provisional el 26 de noviembre pasado, ante el riesgo de que la petición de la Fiscalía lo impulsara a fugarse a la manera de Roldán—, Ábalos Meco ha dado señales en varias ocasiones, insinuando que podría revelar lo que para los investigadores sería lógico: que con los dos últimos secretarios de Organización del PSOE (él mismo y Santos Cerdán) encarcelados y acusados de manipular contratos públicos a cambio de sobornos, parte de ese dinero habría sido destinado a la que se presume era su principal prioridad: el propio partido.
Además, la situación en el caso Mascarillas se ha tornado críticamente difícil tras la declaración de Antonio Balas, teniente coronel de la UCO, quien situó a Ábalos Meco en la cúspide de la toma de decisiones en la manipulación de contratos: «es un miembro cualificado de la organización, por eso cobra lo que cobra, y cuando lo exige, le pagan», afirmó, y confirmó que sin la influencia del ex ministro de Transportes, la red «no habría podido llevar a cabo casi ninguna de las acciones» que realizó.
«Ábalos era quien abría puertas comerciales, quien tenía la capacidad de llevar a Aldama y a sus socios a lugares inaccesibles para ellos por sí solos», destacó el jefe de la UCO, dejando una suerte de epitafio.
Y si la financiación irregular no desemboca en consecuencias, Ábalos sí enfrentará el impacto de sus amantes, que para muchos observadores podría haber desgastado electoralmente al autodenominado «Gobierno más feminista de la Historia» incluso más que la corrupción financiera. Una escena que parece imposible de creer: un ex ministro casado adjudicando contratos públicos a sus compañeras sexuales, incluso sorprendido durante un registro policial en su vivienda en compañía de una actriz porno que, para complicar más el caso, intentó evadir a la Guardia Civil con un disco duro con información comprometedora escondido en los pantalones bajo la excusa de sacar al perro. Y esto, nuevamente, sucedió.
Antes que Ábalos, sin embargo, testificará su antiguo colaborador Koldo García, para quien se piden 19 años y medio de prisión, quien durante años grabó a todos por sospechar (correctamente) que lo abandonarían, cuya imagen actual incluye barba al estilo Unabomber y que, aunque adopta una estrategia legal similar a la de su exjefe, ha señalado más directamente al partido, admitiendo haber escuchado que Acciona aportó 500.000 euros al PSOE en 2019, o, junto con su abogada Leticia de la Hoz, desbaratando hace poco la declaración del ex gerente socialista Mariano Moreno al documentar pagos del PSOE sin registro oficial y fuera del sistema durante la misma sesión en el Tribunal Supremo.
En definitiva, quien tenga cartas fuertes —especialmente tras la explosiva declaración de Víctor de Aldama ayer— deberá utilizarlas ya, o guardar silencio no para siempre, sino hasta la siguiente vuelta del incesante carrusel judicial.