Las claves
Álvaro García Ortiz critica la excesiva concentración de poder en la Sala Segunda del Supremo al encargarse de instruir, juzgar y sentenciar a altos cargos con aforamiento.
El exfiscal general argumenta que no dimitió tras ser imputado para no debilitar la institución ni crear una impresión de culpabilidad.
García Ortiz defiende su derecho a eliminar mensajes de su móvil, argumentando que contenían datos sensibles, y rechaza que esto sea indicativo de culpabilidad.
Admite que la declaración de Pedro Sánchez sobre la dependencia de la Fiscalía le seguirá afectando, pero subraya que la ley garantiza la autonomía del Ministerio Público.
El exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha señalado en una entrevista que la Sala Segunda del Supremo, que lo inhabilitó por dos años por filtrar información confidencial relacionada con la pareja de Ayuso, acumula un poder excesivo.
«La Sala Segunda posee un poder muy significativo», afirmó durante una charla con Jordi Évole en La Sexta, «ejercita casi un control total sobre los poderes del Estado, incluida la Presidencia del CGPJ», lo que considera un «desequilibrio».
Según él, «los poderes del Estado no deberían estar centralizados en una única Sala, que instruye, actúa como única instancia y dicta sentencia».
Esto sucede exclusivamente con aquellos altos cargos del Estado que disfrutan de la condición de aforados.
García Ortiz fue juzgado por esta misma Sala porque optó por no renunciar a su cargo como fiscal general y se sentó en el banquillo manteniendo su puesto.
Durante su entrevista con Évole, comentó que, a pesar de albergar «dudas razonables» al conocer su imputación, decidió no dimitir para no poner en riesgo la institución.
«Pensar que por una denuncia particular debía abandonar el cargo me parecía ceder y transmitir una imagen de debilidad institucional», declaró.
Además, añadió que su dimisión habría sido interpretada como una admisión de culpabilidad.
«Si hubiera renunciado, se le habría exigido al presidente [del Gobierno] que también dimitiera«, explicó a Évole.
El exfiscal general admitió también que la frase de Pedro Sánchez tras llegar a Moncloa, «¿Y la Fiscalía de quién depende? Del Gobierno, pues ya está», lo perseguirá toda la vida.
«Esa declaración me marcará para siempre, no solo a mí, sino a todos los fiscales del país», reconoció. Sin embargo, aclaró que las palabras de Sánchez «no reflejan lo establecido en la Ley», que «resguarda la independencia de la Fiscalía».
Durante dos horas, García Ortiz repasó el proceso iniciado cuando el Supremo admitió la querella presentada por Alberto González Amador, pareja de Ayuso, por la filtración a los medios de un correo electrónico confidencial de su abogado.
El exfiscal afirmó que inicialmente ni siquiera conocía a González Amador: «No sigo la prensa rosa, ni me interesa quiénes son las parejas sentimentales de nadie«.
No obstante, la denuncia de la Agencia Tributaria por presunto delito fiscal contra el empresario salió a la luz precisamente debido a su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Consultado por Évole, García Ortiz justificó la eliminación de todos los mensajes de su teléfono el mismo día que el Supremo le notificó su imputación.
«Tengo todo el derecho a borrar el contenido de mi teléfono», afirmó, «puedo gestionar mi intimidad y mis mensajes como considere oportuno».
Explicó que realiza esta limpieza periódicamente porque su dispositivo contiene «información extremadamente sensible».
«Me comunico principalmente vía WhatsApp», detalló. Por ese canal recibe «escritos de acusación, borradores y causas secretas a las que tiene acceso el fiscal general. Si mi teléfono cae en manos inadecuadas…».
Por eso tomó la decisión: «Lo borro, y lo hago bien».
La Sala del Supremo que lo condenó consideró como indicio de culpabilidad el hecho de que eliminara de su móvil las posibles pruebas vinculadas a la filtración.
Frente a esto, él fue contundente: «No se puede clasificar entre el buen ciudadano que conserva sus mensajes y los entrega a la Policía para demostrar su inocencia, y el mal ciudadano que los borra». Eso sería, a su juicio, «una postura totalitaria».
También afirmó que nunca imaginó que el juez instructor Ángel Hurtado ordenara a la UCO registrar su despacho (algo que calificó de «casi delirante») y confiscar su móvil buscando pruebas sobre la filtración.
Jordi Évole empleó durante todo el programa diversas estrategias para tratar de desacreditar a los siete magistrados de la Sala del Supremo que condenaron al exfiscal general.
Incluso insinuó que Manuel Marchena votó a favor de la condena con conocimiento de su inocencia, basado en rumores que afirmaban que un periodista le había revelado en privado la verdadera fuente de la filtración.
Évole también presentó la decisión de Marchena como una posible represalia contra el Gobierno por aprobar la amnistía a políticos independentistas condenados por el 1-O.
García Ortiz evitó especular: «No puedo inventar hipótesis», expresó, «tengo el máximo respeto por la labor judicial».
El exfiscal reconoció tener «sospechas» sobre el verdadero origen de la filtración por la que fue condenado: «Pienso que hubo más de una filtración, más de una fuente», afirmó, «una vez que se produce una filtración, se vuelve incontrolable; es imposible conocer su origen».
Évole también indagó sobre su posible entrada en política, por ejemplo, si Pedro Sánchez le propusiera encabezar la lista del PSOE por Pontevedra.
García Ortiz afirmó que por ahora no contempla esa opción ni tampoco trabajar en la Abogacía privada: «No lo considero, nadie me lo ha sugerido».
«Estoy en un periodo de reflexión, necesito asimilar todo lo ocurrido», para después tomar una decisión, pendiente de que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso que interpuso para anular su condena por supuesta vulneración de derechos.