Las claves
Manos Limpias solicita al juez Peinado que actúe con independencia en su papel de acusación contra Begoña Gómez, desvinculándose del resto de las acusaciones populares.
Esta organización atribuye únicamente a Begoña Gómez los delitos de tráfico de influencias y malversación, pidiendo una condena de 10 años y tres meses de prisión.
En cambio, las demás acusaciones populares, encabezadas por Hazte Oír y Vox, reclaman 24 años de cárcel y acusan a Gómez por cuatro delitos en total.
Manos Limpias limita además su acusación al empresario Juan Carlos Barrabés y no incluye a Cristina Álvarez, asistente de Gómez en Moncloa.
Manos Limpias, la entidad que interpuso la denuncia inicial que dio inicio al caso Begoña, ha reclamado nuevamente al juez instructor, Juan Carlos Peinado, que le permita actuar independientemente y no como parte del bloque conjunto de las acusaciones populares.
Esta asociación, presidida por Miguel Bernad, se limita a imputar a Begoña Gómez los delitos de tráfico de influencias y malversación, mientras que las otras acusaciones populares (lideradas por Hazte Oír y que incluyen al partido Vox) le atribuyen cuatro cargos penales.
En un recurso de reforma, dirigido a que Peinado revoque la decisión y autorice su separación de las demás acusaciones populares, los abogados de Manos Limpias, Víctor Soriano e Inma Yáñez, enfatizan las «diferencias profundas» que mantienen con las otras organizaciones.
¿Cuál es el motivo principal? Tal como informó EL ESPAÑOL, Manos Limpias pide solo 10 años y tres meses de prisión para la esposa de Sánchez.
De hecho, a mediados de abril, esta asociación presentó un escrito de acusación independiente, en el que únicamente imputa a Gómez por malversación y tráfico de influencias.
Sin embargo, pocos días después, Hazte Oír, Vox, Iustitia Europa y el Movimiento Regeneración Política de España presentaron una acusación conjunta que solicita para Gómez 24 años de encarcelamiento.
El 22 de abril pasado, Peinado devolvió el escrito de acusación propio de Manos Limpias. «Devuélvase el documento, toda vez que debe presentarse por medio de la representación unificada de la acción popular», ordenó el juez.
Por ello, la asociación liderada por Bernad solicita ahora que Peinado revoque esta decisión y les permita actuar por separado.
Los abogados Soriano y Yáñez sostienen que la devolución del escrito «carece de fundamento legal» y «vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva».
«Se impide a esta parte formular la acusación, que difiere radicalmente de la postura adoptada por la representación procesal unificada», expresa el recurso.
«Debe existir la posibilidad de presentar escritos de manera autónoma (…) Al menos para reflejar cuestiones particulares de la parte que los presenta y que no solo no son compartidas por la agrupación, sino que, en este caso, son contrapuestas», añade el documento.
La diferencia en cuanto al número de delitos (y penas solicitadas) para Begoña Gómez no es la única divergencia entre las acusaciones populares.
Los abogados Soriano y Yáñez acusan solo a dos de los tres imputados en este proceso, solicitando condena únicamente para la esposa de Sánchez y para el empresario Juan Carlos Barrabés. Para Barrabés piden dos años y tres meses de prisión.
No presentan cargos contra Cristina Álvarez, principal asistente de Begoña Gómez en el Palacio de la Moncloa.
Durante la instrucción del caso Begoña, Peinado investigó si se cometió malversación en la contratación de Álvarez, quien, a pesar de recibir un sueldo público, llevó a cabo gestiones en beneficio de los negocios privados de la esposa de Sánchez.