Las claves
Mónica García deja el Ministerio de Sanidad para encabezar la candidatura de Sumar en Madrid, dejando un conflicto sanitario sin resolver y una huelga médica prolongada.
El PSOE interpreta la marcha de García como una escapatoria y teme asumir solo el costo político del deterioro en el sistema sanitario, mientras el PP capitaliza la situación para criticar la gestión gubernamental.
Desde el inicio de las protestas médicas, casi dos millones de consultas y operaciones han sido aplazadas, principalmente en las comunidades gobernadas por el PP, aumentando la presión sobre el Gobierno central.
La falta de negociación y acuerdos en la reforma del Estatuto Marco ha intensificado el conflicto sanitario y ha amplificado las tensiones entre los socios del Ejecutivo, debilitando su imagen pública.
Mónica García no abandona formalmente el Ministerio de Sanidad, pero ya ha iniciado su camino hacia la candidatura de Sumar en la Comunidad de Madrid. Esta decisión ha sido percibida en Moncloa como una «fuga» del cargo, en medio del fracaso en la gestión de la huelga médica, que se ha mantenido una semana al mes durante 10 meses debido al conflicto por el Estatuto Marco.
La ministra deja atrás un conflicto sanitario aún vigente, una huelga médica enquistada y una carga política que el PSOE considera que no debe afrontar solo. Más aún cuando, a partir de ahora, en el Consejo de Ministros se sentará cada martes junto a Óscar López (PSOE): dos rivales por el segundo puesto en Madrid, tras la imbatible Isabel Díaz Ayuso (PP).
La gestión de García ha sido uno de los principales puntos de fricción con el socio minoritario, ya que no ha cerrado ninguno de los proyectos abiertos durante toda la legislatura… salvo la ley de la Agencia de Salud Pública, que fue respaldada por el PP de Alberto Núñez Feijóo.
La reforma del Estatuto Marco, que debía ser la gran bandera de la legislatura para el personal sanitario, se ha transformado en la causa de la mayor protesta («marea blanca») desde la crisis de los recortes. No solo es un argumento para la oposición del PP, sino también la razón del distanciamiento del PNV.
Dentro del PSOE se percibe que García usará ahora el Ministerio de Sanidad como trampolín para regresar a un puesto seguro en Más Madrid, en lugar de apagar un incendio que era previsible desde junio de 2025.
«Nefasta gestión»
La decisión de García de «huir» sin resolver el conflicto con sus antiguos colegas médicos deja al Gobierno expuesto a la ofensiva del PP, que ya tiene preparada su estrategia. «El enfoque ahora será la nefasta gestión», resume un líder popular. «La corrupción sigue su curso, pero la gente no puede llegar a fin de mes y recibe servicios de mala calidad porque esta legislatura no ha estado bien gestionada».
El PP inició la semana recordando el aniversario del gran apagón y los primeros 100 días tras el accidente ferroviario en Adamuz. Este miércoles, Feijóo encontró en la sanidad pública un ejemplo perfecto: nada funciona y el líder popular puede presumir de experiencia en el tema, habiendo presidido el Insalud durante el primer Gobierno de José María Aznar.
La acumulación de protestas callejeras desde junio de 2025 y las huelgas médicas desde febrero han provocado casi dos millones de consultas y cirugías anuladas sólo en las 11 Comunidades donde gobierna el PP, según los datos facilitados por sus consejerías.
Este periódico contactó con el resto de las CCAA, pero ninguna proporcionó sus cifras. Sin embargo, el balance que maneja la Vicesecretaría de Sanidad del PP resulta contundente para el discurso del Gobierno.
Alcanzan 1.928.774 consultas, tanto hospitalarias como de atención primaria, y 61.050 intervenciones quirúrgicas que fueron canceladas o postergadas desde el inicio de la primera huelga el verano pasado, sumando un total de 1.989.824 actos médicos aplazados.
Lo más preocupante: en plena campaña electoral, Andalucía lidera con diferencia esta lista, sumando 753.800 nuevos pacientes en las listas de espera.
Le siguen la Comunidad Valenciana (214.426), Castilla y León (207.895) y la Comunidad de Madrid (159.542), que concentran gran parte de la presión asistencial y electoral sobre el Ejecutivo central.
En Génova ya hablan de que la nueva «marea blanca» está arrasando al Gobierno debido a su «falta total de capacidad de gestión». Para el PP, estos casi dos millones de actos pospuestos evidencian que el conflicto por el Estatuto Marco es la prueba de un deterioro general del servicio público que el votante percibe «al pagar más impuestos que nunca y solo encontrar noticias de mordidas y prostitución financiada con dinero público».
Si las encuestas indican que el desgaste por casos de corrupción ya está incorporado en la opinión pública, el terreno de batalla se centra ahora en la gestión diaria: listas de espera, huelgas, aumentos de precios y sensación de abandono de los trenes, las carreteras, las presas…
«Sin diálogo ni trabajo»
En este contexto, Carmen Fúnez atendió a EL ESPAÑOL con un discurso preparado y un argumentario sólido para los próximos plenos y campañas.
La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP afirma que García «insistió en reformar el Estatuto Marco sin involucrar a las Comunidades Autónomas, sindicatos ni organizaciones del sector sanitario», lo que derivó en un «conflicto de diez meses» que la ministra carga ahora.
Fúnez critica especialmente la forma en que negoció el Ministerio, «sin diálogo ni compromiso».
Recuerda que desde junio de 2025, en las primeras reuniones, el secretario de Estado Javier Padilla llegó con la intención de un preacuerdo con cuatro sindicatos generalistas, pero «sin presentar condiciones laborales ni un informe financiero sobre las remuneraciones» del personal sanitario, además sin consultar al PP ni a las comunidades gobernadas por este partido.
El Ministerio rompió el canal de diálogo con el comité de huelga en diciembre. Según Fúnez, Padilla abandonó la mesa de negociación y no se han reunido desde entonces, mientras el conflicto se ha traducido en semanas consecutivas de paros, una cada mes, desde febrero.
A esta crítica técnica se suma la política. El PP denuncia que en el Consejo de Ministros, con García y López, ambos están «más enfocados en competir por el mismo electorado de izquierdas que en cerrar acuerdos que reduzcan la presión sobre los hospitales«.
Un Gobierno en tensión
El malestar en Moncloa con Sumar surge también de las tensiones internas entre socios en otras áreas. Las discrepancias por los decretos anticrisis, la política de vivienda y el manejo de los casos de corrupción del PSOE han alimentado una desconfianza mutua que el conflicto sanitario solo ha exacerbado.
Desde Ferraz se acepta que la factura política de la sanidad impacta finalmente en la marca PSOE, aunque el ministerio esté bajo responsabilidad de Sumar. Desde Sumar argumentan haber intentado «mejorar» las condiciones laborales del personal sanitario frente a la resistencia de María Jesús Montero, en Hacienda, y de Óscar López, en Función Pública, a asumir el coste de dichas mejoras.
Mientras tanto, el PP ya ha decidido cómo presentar el desgaste. Feijóo se muestra como el líder que se ha reunido con el Foro de la Profesión Médica y el comité de huelga, «sin tener responsabilidades de gestión», en contraste con una ministra que, según Fúnez, «es mala gestora, sectaria y desestima a sus compañeros médicos».
El resultado es un Gobierno atrapado entre sus socios, un conflicto laboral sin resolución y una oposición que ha encontrado en los servicios públicos deteriorados el hilo conductor de su relato de final de ciclo.
Y una candidata, Mónica García, que llega a Madrid con la marea blanca siguiéndola muy de cerca y con Moncloa reprochándole que abandone el conflicto de las batas justo a la entrada del Palacio.