El embargo del edificio del instituto Cervantes en Países Bajos se añade a los fallos contra el Estado, a los que podrían sumarse embargos a la Selección Española de Fútbol
2.000 millones de euros. Esa cifra corresponde a la deuda acumulada por el Estado español a finales de 2025, derivada de los recortes en las primas a las energías renovables realizados en 2013, los cuales han generado más de 28 sentencias firmes en contra de España en diversos tribunales internacionales. A esta deuda millonaria se suman posibles embargos en el extranjero, entre ellos inmuebles del Instituto Cervantes y los presupuestos de la Selección Española de Fútbol para el Mundial de 2026.
El origen de este conflicto data de 2007, bajo el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. El 25 de mayo de ese año, el Ejecutivo aprobó el Real Decreto 661/2007, que establecía primas para asegurar la rentabilidad de las energías renovables, impulsando así su crecimiento. Estas primas garantizaban, bajo ciertas condiciones, una rentabilidad cercana al 7%, lo que atrajo a numerosos inversores nacionales e internacionales, actualmente demandantes.
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El objetivo oficial era alcanzar los 400 megavatios de energía renovable para 2010, en un plazo de tres años. Gracias al sistema de primas, en solo tres meses se logró el 85% de la meta. En el primer año se superaron los 1.000 megavatios instalados y, entre 2007 y 2012, el total ascendió a 19.000 megavatios. Sin embargo, en 2010, debido a las consecuencias de la crisis de 2008 y al déficit en el sector eléctrico, el Gobierno aplicó recortes en las primas para contrarrestar las pérdidas.
Los primeros ajustes, implementados durante la administración de Zapatero, derivaron en la introducción del impuesto a la generación eléctrica y la supresión de las compensaciones para las instalaciones posteriores a 2012. El último golpe a los inversores fue propiciado por Mariano Rajoy. Asumiendo la presidencia en 2011, impulsó una reforma del sector eléctrico que se materializó en 2013, reduciendo hasta en un 40% las primas a las renovables vigentes —las correspondientes a instalaciones previas a 2012—.
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este miércoles en el Congreso su intención de acelerar la implementación de la energía renovable en España a través de un decreto ley, destinado a mitigar los efectos económicos derivados del conflicto en Irán (Congreso)
Fondos buitre y litigios internacionales
Este recorte provocó la quiebra de numerosos inversores que apostaron por las renovables. Desde entonces, se han presentado 51 arbitrajes contra el Estado en distintos tribunales, principalmente en la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, por un monto total de 10.365 millones de euros, según informó el Gobierno en marzo de 2025, tras una resolución favorable de la Comisión Europea en uno de los casos relacionados.
Es importante destacar que el Estado, que hasta ahora no ha abonado ni un euro por las sentencias adversas, ha ganado la mayoría de los pleitos, reduciendo la deuda aproximada a 2.000 millones de euros (incluidos intereses de demora). No obstante, en los 28 procesos perdidos —muchos cedidos a fondos buitre— los afectados han iniciado procedimientos formales de rastreo de bienes para localizar activos estatales susceptibles de embargo en países como Estados Unidos, Australia, Reino Unido o Bélgica.
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Fue en este último territorio donde, a principios de 2026, la justicia belga ordenó el bloqueo de 482 millones de euros pertenecientes a España. Esta medida responde a la denuncia de OperaFound, que en 2019 obtuvo una resolución vinculante del Ciadi, por los recortes en renovables, que obliga a España a indemnizar a esta empresa maltesa y a Scheab (suiza) con 29 millones de euros. El Ejecutivo español presentó múltiples alegaciones que fueron rechazadas por el Ciadi.
Al negarse el Gobierno a efectuar el pago, el equipo legal de OperaFound —liderado por la firma española Cuatrecasas— acudió a tribunales de diversas jurisdicciones para embargar bienes y créditos del Estado español, presentando una demanda en Bélgica en la que figuran solicitudes para intervenir los pagos regulares que Eurocontrol —el organismo europeo de navegación aérea— realiza al proveedor estatal español de servicios de control aéreo Enaire, cuyas oficinas y cuentas operativas están bajo jurisdicción belga.
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El embargo al Instituto Cervantes en Países Bajos
El último revés derivado del recorte a las renovables de 2013 ocurrió este martes 28 de abril en Utrecht, Países Bajos, donde el Tribunal de Distrito de La Haya ordenó el embargo de la sede del Instituto Cervantes en respuesta al impago de la deuda estatal con Erus Energy, filial renovable de Toyota. España debe indemnizar a esta empresa japonesa con 106,2 millones de euros, más 9,4 millones adicionales por intereses de demora.
El 20 de abril, los magistrados neerlandeses notificaron formalmente al Estado, que no realizó el pago correspondiente, razón por la cual se procedió al embargo del inmueble ubicado en Utrecht. La sede del Instituto Cervantes, registrada a nombre del Instituto español de Emigración, tiene un valor aproximado de 10 millones de euros y será puesta a la venta ante notario, aunque España ha anunciado su intención de impugnar el embargo.
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Posibles embargos a la Selección Española durante el Mundial de 2026
Los procesos judiciales y embargos derivados de los recortes han puesto en el foco de atención de los fondos de inversión a la Selección Española de Fútbol y su participación en el Mundial de 2026. Los acreedores han enviado recientemente requerimientos legales a empresas como Adidas, hotel Hilton, operadores logísticos y entidades vinculadas a infraestructuras que apoyarán las operaciones del equipo nacional en Estados Unidos, con el fin de detectar movimientos económicos sujetos a embargo.
El Tribunal Federal del Distrito de Columbia ha recibido varias solicitudes formales del fondo Blasket Renewable Investments, que se posiciona como el mayor acreedor y ha intensificado la búsqueda de bienes y activos del Estado español en Estados Unidos. En el caso específico que involucra a la entidad inversora RREEF, la deuda reconocida por la corte arbitral del CIADI asciende a 74 millones de euros.
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La justicia estadounidense ya ha dictado siete sentencias favorables a los demandantes. Así, la intención de los acreedores es localizar y embargar recursos vinculados a la presencia de España en el Mundial, supervisando los pagos y contratos relacionados con el viaje, alojamiento y preparación del equipo. Las siete sentencias suman un total de 688,4 millones de euros en indemnizaciones, lo que avala la reclamación de embargos sobre activos y cuentas asociadas a la delegación española en territorio estadounidense.
Estas investigaciones judiciales, realizadas por fondos como Blasket, se han extendido al requerimiento de información financiera y contractual a otras empresas y entidades españolas como SEPI, Renfe, Enaire, Paradors o Ineco en relación con sus operaciones en Norteamérica. El embargo del Instituto Cervantes en Países Bajos podría servir como precedente para que la justicia estadounidense adopte medidas similares respecto a los bienes que España posee en su jurisdicción.
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