Las claves
Feijóo responsabiliza a Corredor, Ribera, Aagesen y Sánchez por el gran apagón del 28 de abril de 2025 y exige su cese inmediato.
El PP atribuye al Gobierno y a Red Eléctrica de España una gestión negligente acompañada de una serie de errores que, según ellos, pudieron evitarse.
Feijóo denuncia que el apagón generó un gasto adicional de 1.000 millones de euros para los ciudadanos y demanda herramientas de protección para hogares e industrias.
El PP apuesta por prolongar la vida útil de las centrales nucleares, despolitizar Red Eléctrica y mezclar renovables con fuentes estables para prevenir futuros apagones.
El presidente del Partido Popular atribuye directamente a la presidenta de Red Eléctrica, a la exvicepresidenta tercera, a su sucesora y al presidente del Gobierno una «obsesión ideológica, incompetencia e irresponsabilidad» por el gran apagón ocurrido el 28 de abril del año pasado.
«Yo responsabilizo a Beatriz Corredor, a Teresa Ribera, a Sara Aagesen y, claramente, a Pedro Sánchez«, afirmó Alberto Núñez Feijóo. «Ninguno debería continuar en sus puestos».
El líder del PP inauguró este lunes una jornada en el Congreso destinada a «iluminar el segundo apagón, el de la transparencia, que sucedió al real, un día como mañana hace un año». [Lea aquí su discurso en PDF]
Feijóo criticó que, tras un año de “un suceso sin precedentes y indigno de un país desarrollado”, cuando «España dejó de funcionar y quedó aislada», el Gobierno «no ha asumido responsabilidad ni ha habido dimisiones», y sólo ha existido «confusión, mentiras e insultos».
Los populares señalan que hubo hasta una decena de «avisos documentados» en los meses y días previos, reflejando una “cadena de errores” resultante de la búsqueda de récords en renovables «sin considerar las leyes físicas, que no se definen en un Consejo de Ministros«, ni las “consecuencias sociales, económicas y humanas”.
Según Feijóo, “la decadencia de un país es paulatina” y así calificó la situación del “desgobierno” en España. “Sin embargo, posee hitos identificables”, y el gran apagón será recordado “como el reflejo del fallo multiorgánico al que Sánchez ha sometido a nuestro país”.
Feijóo insistió en que “los españoles no están condenados a este empobrecimiento generado por incompetencia y corrupción”, se comprometió a promover soluciones y lamentó que el 28-A quede como “otro ejemplo de que, cuanto más recauda este Gobierno, menos reciben los ciudadanos”.
«Expertos de verdad»
El PP ha consolidado su narrativa sobre el apagón eléctrico del 28 de abril de 2025: fue, en su opinión, el resultado directo de una gestión política deficiente del Gobierno de Pedro Sánchez y graves fallos del operador del sistema, Red Eléctrica de España (REE), bajo la mirada pasiva de la CNMC.
Desde su mayoría absoluta en el Senado, los populares han usado la comisión de investigación sobre el “cero energético” para establecer un marco de responsabilidades que exonera a las grandes eléctricas privadas y centra las culpas en el diseño del sistema y las decisiones regulatorias recientes.
«La comisión que impulsamos en el Congreso fue vetada por la Mesa… controlada por el Gobierno», recordó Feijóo. Paralelamente, reportajes de EL ESPAÑOL e Invertia han revelado un contexto regulatorio más complicado, con una CNMC que combina prudencia formal y una presión oculta sobre el sector.
Este lunes, en la Sala Constitucional del Congreso, el PP busca “examinar lo que todos los expertos conocen desde hace meses” y que el Gobierno “sigue intentando ocultar”. Para ello, ha organizado una jornada con “expertos de verdad, no como los de la pandemia”, para presentar sus conclusiones y asesorar al “próximo Gobierno de España” en sus propuestas.
Admisión de culpa
Feijóo recordó que el Gobierno ha reconocido tácitamente su responsabilidad.
Porque «al día siguiente, con condiciones meteorológicas similares, el mix energético varió». Es decir, que «se incorporaron fuentes estables y síncronas» para reforzar el sistema. Además, recordó que desde entonces, “ese plan reforzado ha supuesto un coste aproximado de 1.000 millones para los españoles”.
En los cálculos del PP, esto equivale a «cerca de 40 euros mensuales por hogar». Por ello, el PP se compromete a incluir en sus propuestas un «mecanismo de protección» para familias e industrias, que «impida la repercusión opaca en sus facturas» de modificaciones en el sistema no comunicadas.
Asimismo, Feijóo advirtió que habrá indemnizaciones y responsabilidades estatales que implicarán decenas de millones más: «¿Cuántos centenares de millones de euros podríamos tener que pagar con los impuestos de los españoles?».
Anunció que estas cinco propuestas buscarán “garantizar que un episodio como este no vuelva a ocurrir jamás”.
En primer lugar, la combinación de energías renovables con fuentes síncronas, “como hidroeléctricas, térmicas y nucleares”. Además, la “prolongación de la vida útil” de las centrales nucleares españolas, «como solicita la Comisión Europea y es razonable», señaló, antes de indicar que visitará una planta nuclear este martes para “demostrar ese compromiso”.
La tercera propuesta es «la despolitización de Red Eléctrica», para que el operador esté dirigido por “personas con capacidad demostrable” en energía, y no por individuos cuyo único mérito sea poseer el carné de un partido político. También pidió que Red Eléctrica cumpla las obligaciones de transparencia y que se establezcan los mencionados «mecanismos de protección» para consumidores e industria.
Cadena de errores
En las últimas semanas, el regulador ha iniciado varios expedientes sancionadores por “indicios de infracción” relacionados con el apagón, que afectan tanto a REE (Redeia) como a centrales de Iberdrola, Endesa, Naturgy y otros operadores, investigando posibles incumplimientos que habrían agravado la vulnerabilidad del sistema.
Aunque la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, afirmó en el Senado que su informe técnico no señalaría responsables individuales, los análisis del propio organismo y las exclusivas de EL ESPAÑOL destacan que el apagón no fue un caso de «causa mayor» y que pudo evitarse con las herramientas disponibles, abriendo la puerta a reclamaciones económicas contra los operadores eléctricos.
Este contraste fortalece el discurso del PP, que censura a la CNMC por “falta de diligencia” pero interpreta que los expedientes y conclusiones regulatorias confirman una cadena de errores humanos y de gestión, en lugar de un fallo técnico fortuito.
Para los populares, la investigación oficial respalda su tesis de que el sistema estuvo alertado y que ni el Gobierno ni REE reaccionaron a tiempo ante el aumento de episodios de sobretensión previos al “cero energético”.
En base a esta responsabilidad, el PP reforzó su postura para mantener activa la central nuclear de Almaraz como pieza clave en la seguridad del suministro en el contexto de la crisis energética.
La planta se ha convertido en un símbolo político después del gran apagón: el acuerdo de investidura de María Guardiola en Extremadura con Vox se fundamenta en gran medida en una posición común para paralizar el cierre previsto de la central y asegurar su continuidad más allá del calendario pactado con el Gobierno.
La Junta ha ofrecido ya reducciones en la ecotasa nuclear y beneficios fiscales para Almaraz, mientras Guardiola se reivindica como abanderada de un «nuevo equilibrio» entre renovables y nuclear, que el PP plantea como contrapeso a los riesgos de un sistema excesivamente dependiente de energías verdes en un contexto de apagones y tensión en la red.
«Hoy estamos aquí, un año después, para dar luz a lo que el Gobierno quiso ocultar. Análisis y, sobre todo, propuestas», concluyó Feijóo. «Mañana aspiramos a estar en el Gobierno. Y nuestra prioridad es la misma que la de la gran mayoría de españoles: que España funcione«.