La ONG Greenpeace ha presentado en su más reciente informe un modelo energético que permitiría dejar atrás el carbón para 2030, la energía nuclear en 2035 y el gas y petróleo en 2040
El conflicto en Oriente Medio ha evidenciado cómo la dependencia de los combustibles fósiles importados puede generar tensiones en las economías globales. En el contexto de la Unión Europea, el impacto del incremento en el costo de los carburantes ha sido desigual, afectando más a aquellos Estados que carecen de generación propia de energías renovables.
“Los conflictos actuales solo refuerzan las advertencias que la emergencia climática ha venido señalando con urgencia: dejar atrás el gas y el petróleo es una necesidad urgente. Un compromiso firme con la suficiencia, la eficiencia y un sistema 100% renovable constituye la única garantía de bienestar y seguridad, tanto climática como geopolítica, para las generaciones futuras”, destacó la directora ejecutiva de Greenpeace España y Portugal, Eva Saldaña, al presentar el informe Energía para vivir Mejor, elaborado por encargo de la ONG.
El documento de Greenpeace, basado en un análisis realizado por el Instituto para el Futuro Sostenible de la Universidad Tecnológica de Sídney, revela que España y Portugal podrían cumplir con los compromisos del Acuerdo de París y lograr emisiones netas cero una década antes que los planes establecidos por la UE, gracias a una reducción del consumo energético del 39% y una generación 100% renovable para 2040.
Suficiencia, eficiencia y 100% renovables
Para alcanzar la meta de emisiones cero en 2040, la organización plantea un modelo energético que sea “suficiente, eficiente y 100% renovable”, alcanzable mediante un “cambio de paradigma” que implica dejar atrás la “economía del despilfarro” para adoptar la “economía de lo esencial” enfocada en el bienestar colectivo. Esto implica reducir el consumo energético total en un 39%, prescindir de nucleares, respetar los límites del presupuesto de carbono y evitar cortes de suministro.
En este sentido, Greenpeace subraya la importancia de definir qué servicios son imprescindibles para asegurar una vida digna, y cuáles llevan a exceder los límites de emisiones de CO2, así como la necesidad de suministrar esos servicios consumiendo menos energía y recursos. Asimismo, señala que el 100% de la electricidad debe provenir de fuentes renovables, sin recurrir a la energía nuclear, gas o petróleo.
Sobre la descarbonización, presentada como una “herramienta para alcanzar la paz, la libertad, el bienestar y el respeto a los límites planetarios”, Greenpeace la destaca como un elemento central del informe. Recuerda que el sistema actual depende de importaciones de combustibles fósiles y uranio provenientes de países afectados por colonialismo y abusos de líderes como Donald Trump y Vladimir Putin, entre otros. Según su propuesta energética, la ONG asegura que es posible dejar el carbón atrás en 2030, eliminar la energía nuclear en 2035 y abandonar el gas y petróleo en 2040.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este miércoles en el Congreso su intención de acelerar la expansión de la energía renovable en España mediante un decreto ley para mitigar las consecuencias económicas derivadas del conflicto en Irán (Congreso)
Las demandas de Greenpeace al Gobierno
Desde la ONG, se ha solicitado que todo el proceso se enfoque no solo en la eficiencia tecnológica, sino también en el principio de “suficiencia”, que prioriza cubrir las necesidades básicas de la población, minimizando el desperdicio y el consumo excesivo, con el fin de asegurar la justicia social y respetar los límites del planeta.
Greenpeace propone una serie de medidas específicas, entre ellas promover la electrificación de la economía usando energías renovables, garantizar el acceso a la energía y una vivienda digna, priorizar el transporte público sobre el automóvil y el avión privados, y descarbonizar tanto la industria como el sector digital bajo criterios de suficiencia. También demandan dar prioridad al reciclaje de minerales frente a su extracción minera y reducir el uso de hidrógeno “verde” y biocombustibles, limitando su producción al cumplimiento de criterios estrictamente sostenibles.
Finalmente, Greenpeace sugiere crear un “Contrato Social Verde” que oriente todas las políticas y presupuestos estatales hacia la sostenibilidad y el bienestar, eliminando subvenciones a actividades dañinas y estableciendo un Parlamento Ciudadano Permanente encargado de supervisar el proceso. La organización concluye que esta transición urgente no solo es viable, sino imprescindible para que “la energía sirva para vivir mejor”, situando la protección del planeta y la justicia social en el centro del nuevo modelo energético.