Las claves

La regularización masiva de inmigrantes ha saturado a los ayuntamientos, provocando largas filas y sobrecarga en servicios sociales y registros.

Localidades como Torre Pacheco, con una elevada población migrante, denuncian la insuficiencia de recursos y la falta de coordinación gubernamental para gestionar las solicitudes.

El procedimiento requiere demostrar residencia previa, ausencia de antecedentes penales y cumplir con criterios laborales, familiares o de vulnerabilidad, lo que dificulta la tramitación a numerosos solicitantes.

Diversas ciudades han implantado medidas de refuerzo y reclaman al Gobierno más recursos y transparencia en las directrices para enfrentar el aluvión de solicitudes.

Las filas para acceder a las oficinas administrativas tras la regularización masiva de inmigrantes no solo configuran la nueva imagen de los accesos a los ayuntamientos; también reflejan la incertidumbre de una administración que se ve claramente desbordada.

Desde el 16 de abril, fecha en la que se inició el plazo para presentar las solicitudes de regularización excepcional, numerosos empleados municipales manifiestan estar sobrepasados y actuando en un contexto de incertidumbre técnica y operativa, debido a la carencia de recursos y directrices claras.

Esta situación se reproduce en ciudades como Valencia, Palma, Madrid o Zaragoza, y también en localidades con alta presencia migrante como Torre Pacheco, que tiene una de las tasas más elevadas en España, o en L’Hospitalet, gobernada por el PSC.

La problemática alcanza incluso a las cárceles, donde el Gobierno ha emitido directrices para facilitar la tramitación de las solicitudes de regularización.

«Estamos en caos. Se han dejado de atender otras tareas esenciales. No ha existido coordinación por parte del Ministerio», señala Pedro Ángel Roca (PP), alcalde de Torre Pacheco, municipio murciano con un 32% de población inmigrante y conocido por las conocidas ‘cacerías’ de migrantes promovidas por grupos de extrema derecha en julio de 2025.

«Hay personas que no están desempeñando su labor habitual como mediadores sociales, por ejemplo, en colegios. Ahora están dedicados a atender a quienes vienen a tramitar solicitudes. No se nos han proporcionado medios suficientes. Tampoco han ofrecido información al respecto».

«Aunque contamos con un equipo eficiente de Servicios Sociales que está gestionando la situación, esto debería haberse previsto para realizar un trabajo más ágil […] Se están utilizando recursos municipales por una decisión que tomó el Gobierno. Eso resulta frustrante«.

Roca indica que «el sistema está colapsado«, una realidad que afecta también a toda el área del Campo de Cartagena, «donde todos enfrentan el mismo desafío debido a la gran concentración de inmigración«.

«La situación complica que lleguemos al 30 de junio«, fecha límite para presentar las solicitudes dentro del proceso excepcional de regularización.

El certificado de vulnerabilidad

La crítica es comparable en otros ayuntamientos dirigidos por el Partido Popular. «Estamos totalmente desbordados«, indican fuentes del Ayuntamiento de Zaragoza a EL ESPAÑOL.

«Nos hemos convertido en puntos de acogida para personas que buscan regularizarse sin contar apenas con información. Nuestros empleados no saben cómo actuar. Hay un problema desde la concepción hasta la ejecución del proceso de regularización».

Denuncian que no hubo «comunicación previa alguna» y que justo al día siguiente de la aprobación del Real Decreto empezaron a recibir masivamente «cientos y cientos de solicitudes».

Esto ha obligado al equipo liderado por la alcaldesa Natalia Chueca a organizar un operativo con personal de atención en el vestíbulo y registros. «Cada mañana, desde las 4 de la madrugada, hay una fila que rodea el ayuntamiento«.

Pero surge otro obstáculo.

El Real Decreto 316/2026 fija dos condiciones generales para optar a la regularización: haber residido en España previo al 1 de enero de 2026, demostrando una permanencia continua de al menos cinco meses, y no contar con antecedentes penales ni representar un riesgo para el orden público.

Además, el solicitante debe cumplir al menos uno de tres criterios habilitantes. Puede ser haber ejercido trabajo por cuenta ajena o propia durante su estancia en España, contar con una oferta laboral mínima de 90 días, o demostrar intención de autoempleo mediante una declaración responsable.

Otra opción es formar parte de una unidad familiar con hijos menores, mayores con discapacidad o ascendientes directos.

Finalmente, se puede acceder por la vía de la vulnerabilidad, es decir, encontrarse en situación de vulnerabilidad certificada mediante un modelo específico, emitido por servicios sociales o entidades del Tercer Sector registradas en el Registro de Colaboradores de Extranjería (RECEX).

El problema señalado es que «muchas personas que acuden son nuevas, no han realizado trámites previos en el ayuntamiento, solicitan la vía de vulnerabilidad y carecen de expedientes anteriores que justifiquen dicha condición».

Para esto, sería necesario abrir un procedimiento con Servicios Sociales para verificar si la vulnerabilidad es real o no. «Entrevistas previas, presentación de documentación, visitas de especialistas… No es sencillo, y la capacidad actual no da para responder a esta avalancha de solicitudes«.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, también ha denunciado la incertidumbre en torno al proceso, y ha mencionado el informe del Consejo de Estado que alertaba sobre la ausencia de un marco definido para abordar la situación de vulnerabilidad.

Recordó que esto afectaría tanto a las entidades, que no podrían ejercer su labor a tiempo, como a los potenciales beneficiarios, quienes quedarían expuestos a un régimen precario e indefinido.

«Ayer escuchamos a entidades colaboradoras decir que desconocían si el certificado debía ser firmado manualmente o a través de medios digitales. Además, el Gobierno ha transferido a los ayuntamientos funciones cuya competencia es cuestionable, generando mucha confusión».

Por ello, su equipo ha anunciado que enviará una carta al Gobierno para solicitar aclaraciones sobre la necesidad de acreditar o no la vulnerabilidad; si los ayuntamientos deben realizar esta acreditación y, en tal caso, cuál es el marco normativo para evaluarla.

«Si el Real Decreto vincula la irregularidad con la vulnerabilidad, y hemos oído a la ministra afirmar que cualquier persona irregular es vulnerable, entonces ¿por qué se exige un certificado que lo confirme?«, cuestionó.

Además, añadió que la emisión del certificado por parte de los servicios sociales públicos «requiere un conocimiento profundo y probado de cada situación, algo que excede el ámbito competencial de la intervención social profesional. Esto es aún más complicado si la persona extranjera no ha utilizado previamente los servicios públicos«.

Las fuentes indican que otra forma de solicitar la regularización es «no aportar el informe de vulnerabilidad y firmar una declaración responsable, incluso si solo refleja una intención, lo cual es jurídicamente débil».

«Si un inmigrante irregular dice que desea emprender como autónomo, por ejemplo, fontanero o albañil, puede acceder con solo firmar. Esto abre la puerta a un fraude de proporciones significativas«, advierten desde el ayuntamiento aragonés.

La acumulación de estos factores, temen los expertos consultados, generará una «amplia inseguridad jurídica«. «Solo estamos viendo la punta del iceberg del colapso que se avecina». Además, aseguran que «resulta imposible tramitar todo antes del 30 de junio«.

Por su parte, el Gobierno rechaza la idea de un caos generalizado y sostiene que la regularización extraordinaria está «planificada, cuenta con recursos y es perfectamente asumible» por las administraciones.

El Ministerio asegura que se han establecido canales telemáticos y proporcionado material informativo suficiente, y atribuye los colapsos puntuales a problemas organizativos en algunos ayuntamientos y a la avalancha inicial de solicitudes.

«El PSOE nos los está derivando»

La alcaldesa de Valencia ha añadido un nuevo elemento a la controversia: su equipo ha detectado que «al menos dos ayuntamientos gobernados por el PSOE» estaban derivando a sus residentes hacia la capital valenciana para gestionar empadronamientos especiales alegando incapacidad para hacerlo ellos mismos.

«Sin embargo, todos los ayuntamientos cuentan con oficina del padrón y pueden realizar esos trámites», concluyó.

En Valencia, la respuesta al colapso no se ha limitado a las quejas, sino que se ha traducido en la movilización de recursos de emergencia.

El Ayuntamiento ha anunciado este martes 21 de abril un plan de refuerzo para los servicios de Registro y Servicios Sociales, con una inversión próxima al millón de euros.

Se activará la contratación de auxiliares administrativos y trabajadores sociales de las bolsas municipales, medida destinada a salvaguardar la gestión habitual del ciudadano frente a lo que la alcaldesa califica como una «avalancha» generada por un decreto elaborado «sin contar con los ayuntamientos«.

La postura de Catalá se manifiesta en una confrontación técnica y financiera directa con el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido por Elma Saiz.

Catalá ha advertido que el ayuntamiento explorará todas las vías legales para reclamar ese millón de euros al Gobierno, apelando a un principio de lealtad financiera que debería aplicarse a las administraciones locales con la misma rigurosidad que a las autonómicas.

«Si por una norma suya incrementan la carga de trabajo de los ayuntamientos, deben proporcionarles los recursos necesarios», sentenció. También lamentó que, durante la última reunión de la Comisión Nacional de Administración Local, no se les informara en detalle sobre la regularización, dejando a los municipios en una situación de «trabajar a ciegas«.

«Es inaceptable que el Ejecutivo haya implementado este proceso sin consultar a los ayuntamientos, que somos quienes enfrentamos las filas de personas con muchas dudas y dificultades incluso para expresarse».

Esta situación de saturación también se ha evidenciado en Sevilla, donde cientos de personas se agolparon desde las seis de la mañana del martes en el Registro General del Ayuntamiento, obligando a los empleados a distribuir números para organizar una demanda que supera con creces los recursos humanos disponibles.

En Madrid, el ayuntamiento ha alertado del peligro de un bloqueo inminente en los servicios sociales municipales, saturados por una carga de expedientes para la que no están preparados.

En otras zonas, la saturación administrativa ha provocado esperas superiores a las 15 horas, afectando no solo a registros locales, sino también a oficinas de la Seguridad Social, Correos y Extranjería, que han habilitado puntos de atención presencial.

Frente a las numerosas críticas, la ministra Elma Saiz ha defendido la labor del Ejecutivo y ha denunciado el «boicot» institucional perpetrado por ayuntamientos de la oposición.