Las claves
Rosa Díaz, una madre de Córdoba, lucha para que su hija Lucía, quien tiene síndrome de Otahara y una discapacidad del 93%, pueda seguir asistiendo a un centro de educación especial después de cumplir 21 años.
El decreto andaluz impide que quienes cumplen años antes de septiembre sigan en estos centros, como sucede con Lucía, que debería abandonar el centro apenas 17 días tras cumplir los 21.
La salida de Lucía afectaría profundamente la vida familiar y laboral de Rosa, que necesita ese soporte para poder trabajar.
Rosa ha intentado encontrar soluciones contactando con autoridades y no descarta recurrir a la justicia para defender el derecho de su hija a una educación adecuada.
Hace poco más de dos semanas falleció Francisco Holgado, conocido como el ‘Padre Coraje’ por su incansable lucha para esclarecer el asesinato de su hijo en una gasolinera de Jerez de la Frontera, Cádiz.
Durante casi 30 años, este hombre sostuvo su batalla, demostrando qué pueden hacer unos padres por sus hijos. Ahora, aunque en circunstancias distintas, es Rosa Díaz quien podría recibir un título similar (pero en femenino).
Esta cordobesa vive meses de incertidumbre por un asunto que afecta directamente a su hija Lucía, una joven de 20 años que padece síndrome de Otahara.
En concreto, Rosa pide que la Junta de Andalucía modifique el decreto que impide a los jóvenes con discapacidad proseguir en centros de educación especial después de los 21 años.
Según relata a EL ESPAÑOL de Sevilla, esta normativa «permite a quienes nacen a partir de septiembre matricularse en el centro, pero excluye a quienes cumplen años en la primera parte del año».
En su caso, Lucía cumple 21 años el 13 de agosto. «No le permiten entrar por 17 días».
Para Rosa, esta noticia fue un auténtico golpe. Probablemente Lucía sentirá lo mismo al saber que debe dejar “su colegio”, al que dedica sus pensamientos desde que se despierta hasta que se acuesta.
«Feliz» en el centro
La madre destaca lo «feliz» que su hija es en el centro desde que empezó a asistir a los siete años. A pesar de su discapacidad, Lucía «disfruta mucho las clases» incluso cuando «le enseñan cada día lo mismo«.
El centro de Educación Especial ofrece a la joven la oportunidad de «llevar una vida lo más normal posible«. Esto es lo principal para sus padres.
Actualmente, Rosa no sabe «cómo explicarle que este es su último año; que no podrá continuar». El cambio que solicita le permitiría solo un curso adicional, tiempo durante el cual la familia podría buscar «alternativas«.
Entre esas opciones figuran centros de día o centros ocupacionales, aunque Rosa indica que para estos no hay plazas disponibles.
El síndrome de Otahara limita a Lucía para llevar una vida similar a la de otros jóvenes de su edad.
Con una discapacidad del 93%, requiere atención constante durante las 24 horas. Por ello, el colegio no solo es un espacio educativo sino también un apoyo esencial para que sus padres puedan seguir con su trabajo.
Rosa administra un puesto de caracoles en Córdoba capital, actividad que se vería seriamente comprometida si Lucía deja el centro.
«Tendré que trabajar menos», reconoce Rosa, consciente del impacto económico para su familia. Aunque cuenta con ayuda a la dependencia, lamenta que «los niños con discapacidad son muy costosos«.
Además de la vigilancia continua, deben afrontar gastos en terapias como fisioterapia y logopedia.
En busca de soluciones
Rosa ya ha tomado algunos pasos en busca de soluciones.
El 6 de abril, dirigió una pregunta al presidente de la Junta, Juanma Moreno, durante su visita al Hospital Reina Sofía.
Aunque no obtuvo respuesta inmediata, la cordobesa señala que ha sido contactada por el delegado territorial de Desarrollo Educativo, Diego Copé, y la delegada territorial de Salud, María Jesús Botella.
Desde la Delegación andaluza le han asegurado que «se está trabajando en el asunto«, afirmación respaldada por fuentes de la Junta consultadas. Sin embargo, «aún no han ofrecido una solución concreta».
La incertidumbre aumenta, lo que incrementa la desesperación de Rosa, quien ya considera acudir a la justicia.
«Si hace falta, lo haré», afirma, aunque admite que es un terreno desconocido para ella. «Preciso asesoría, porque desconozco cómo proceder», explica.
No obstante, no pierde de vista su objetivo. Como otros padres, su lucha solo busca asegurar el bienestar de su hija, y seguirá adelante mientras sea necesario.