El 72% apoya limitar la compra de viviendas para inversión, el 68% respalda un tope en los precios de alquiler locales y un 82,9% demanda mayor inversión pública en vivienda asequible
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, comunica que el nuevo Plan Estatal de Vivienda incluirá financiación para proyectos de urbanización y dará prioridad al fomento de viviendas protegidas.
En un contexto donde la escasez de oferta ejerce presión sobre el mercado inmobiliario y eleva los costos para acceder a una vivienda, crece en España el rechazo social a la acumulación de propiedades. Según una encuesta realizada a 2.200 personas encargada por el grupo parlamentario The Left y la eurodiputada de Sumar Estrella Galán al Ateneo del Dato, tres de cada cuatro españoles apoyan incrementar los impuestos a los propietarios con dos o más viviendas.
Concretamente, el 29,7% opina que el recargo fiscal debe aplicarse desde la segunda vivienda, mientras que un 24,6% prefiere iniciarlo a partir de la tercera, y un 8,1% lo situaría a partir de la cuarta. Un 8,3% elegiría aumentar el gravamen para quienes posean más de cinco propiedades, y un 4,4% fijaría el límite solo para grandes tenedores con más de diez inmuebles. En contraposición, un 20,7% no considera justificado elevar impuestos a quienes tienen varias viviendas, sin importar su cantidad.
Un 32% opina que nadie debería tener más de dos inmuebles
Aunque el debate sobre la legitimidad de grandes propietarios suele centrarse en bancos o fondos buitre, la encuesta revela que la mayoría de españoles rechaza también la acumulación excesiva de inmuebles en manos de particulares. Un 32% estima que no hay razón para poseer más de dos viviendas, el 16,7% limita el máximo a tres, y un 10,4% preferiría que la propiedad se restringiera a una sola, sumando casi un 60% de los consultados que considera adecuado fijar el techo en tres viviendas.
Recientemente, la última Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España mostró que siete de cada diez hogares en España son propietarios de su vivienda principal y que uno de cada tres (33,7%) posee una segunda propiedad. En el terreno político, numerosas propuestas para restringir la acumulación de viviendas han sido impulsadas principalmente por Sumar desde 2024, con el respaldo de partidos como ERC y Bildu, planteando medidas como prohibir la compra de vivienda a fondos de inversión y empresas, limitarla a personas físicas, o restringir la adquisición de segundas viviendas con objetivos especulativos o de inversión.
Los votantes de derecha también respaldan las zonas tensionadas y las restricciones de compra
El estudio examina además el impacto percibido de la concentración de propiedades en el mercado. El 71,6% piensa que la acumulación de viviendas disminuye la oferta de alquiler habitual, cifra que asciende al 74,8% cuando se trata de la compra con fines de inversión. Respecto al rol de los intermediarios, el 75% considera que agencias y portales inmobiliarios favorecen el encarecimiento del acceso a una vivienda. De ellos, un tercio atribuye un papel muy significativo a esta influencia, mientras que el resto percibe un impacto considerable.
Paralelamente, el 72,1% opina que debería limitarse la compra de viviendas para inversión, tanto por parte de empresas como de particulares. Concretamente, la mitad (48,8%) cree que esas restricciones deben aplicarse a ambos colectivos, mientras que otros segmentos prefieren actuar solo contra empresas (15,8%) o particulares (7,5%). Las propuestas regulatorias para contener la acumulación de viviendas y frenar la inversión especulativa cuentan con un apoyo transversal entre votantes de diversos partidos políticos.
Por otro lado, un 68,4% respalda la limitación de los precios del alquiler en su área de residencia. Este apoyo es mayoritario incluso entre quienes se identifican con partidos conservadores como el Partido Popular (55,5%) o Vox (53,2%), y alcanza el 76,6% dentro del colectivo que vive en alquiler. La demanda de intervención pública se complementa con la solicitud de un incremento significativo en la inversión en vivienda. El 82,9% de la población apoya elevar la inversión pública hasta el 1% del PIB, lo que implicaría multiplicar por diez los recursos actuales destinados a la construcción de vivienda pública en alquiler asequible y la rehabilitación de inmuebles vacíos.