La Comisión ha presentado su plan para proteger a los menores en línea, junto con un nuevo sistema de verificación de edad. Mientras varios Estados miembros legislan prohibiciones para que los menores accedan a redes sociales, el Parlamento Europeo apuesta por un límite estricto de 16 años.
El 93% de los ciudadanos de la UE expresan preocupación por la salud mental de los niños. Según el Eurobarómetro Estado de la Década Digital 2025, el 92% identifica el ciberacoso como la principal amenaza en línea.
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Bruselas ha adoptado una postura más firme en materia de seguridad infantil en el entorno digital.
La semana pasada, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, comunicó que una nueva “aplicación para la verificación de edad está técnicamente terminada y estará pronto disponible para los ciudadanos”.
Este sistema exige que los usuarios confirmen su edad para acceder a plataformas en línea sin necesidad de compartir sus datos personales.
Los Estados miembros ya han comenzado a adoptar medidas contundentes. Francia ha prohibido el acceso a usuarios menores de 15 años. España, Austria, Grecia, Irlanda, Dinamarca y los Países Bajos están preparando regulaciones similares para implementarlas en breve.
Christel Schaldemose, integrante del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo y ponente del informe no legislativo sobre una edad mínima europea para las redes sociales, percibe cierta dilación en las acciones de la Comisión.
“No sé si están demorando [las medidas] a propósito, pero considero que van demasiado lentos. Esto provoca un mercado interno fragmentado, dado que muchos países ya han propuesto un límite de edad”.
Menores y plataformas en línea
Las redes sociales se han convertido en un entorno omnipresente y riesgoso para los niños, principalmente debido a diseños adictivos, conexión constante, personalización intensiva y herramientas de IA.
En 2022, el 96% de los jóvenes de 15 años usaban activamente redes sociales, y el 37% dedicaba más de tres horas diarias a estas plataformas. Las adolescentes usan las redes sociales con mayor frecuencia, un 42% frente al 32% de los chicos, según un estudio del Centro Común de Investigación (JRC) de 2025.
Entre menores de 9 a 15 años, el uso diario a menudo alcanza las tres horas; el 78% de jóvenes entre 13 y 17 años revisan sus dispositivos al menos una vez por hora; y un cuarto reconoce presentar hábitos problemáticos con internet, según el informe no legislativo del Parlamento Europeo de noviembre de 2025.
Casi el 99% de los adolescentes de 16-17 años participaron activamente en redes sociales en 2025 (creando perfiles, publicando mensajes, usando Facebook, X, etc.), reporta el Eurobarómetro.
Para Schaldemose, la creación del panel de expertos de la Comisión sobre seguridad infantil en línea es un avance positivo. La experiencia especializada orientará eficazmente las acciones del Ejecutivo comunitario, señaló.
El JRC advierte que el uso descontrolado de redes sociales afecta negativamente la salud mental infantil, incrementando niveles de depresión y ansiedad. Contenidos nocivos, como los violentos, sexualizados o promotores de trastornos alimenticios, pueden influir en el desarrollo cerebral y social de los niños.
El estudio del JRC indica que el 60% de las jóvenes muestran síntomas de depresión frente al 35% de los chicos, y el 65% sufre ansiedad en comparación con el 41% masculino.
Dado que muchas plataformas están destinadas principalmente al público adulto, sus modelos comerciales basados en publicidad tienen graves efectos sobre los usuarios jóvenes, fomentando la dependencia.
El 36% de adolescentes en Europa, Asia Central y Canadá mantienen contacto constante vía redes sociales, y el 11% presenta uso problemático de estas, con mayores cifras en chicas (13%) respecto a chicos (9%), según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2024.
Prohibiciones, competencia nacional
El 8 de abril de 2026, el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, anunció una prohibición de redes sociales para menores de 15 años. La ley, que entraría en vigor en enero de 2027 y aún espera la aprobación parlamentaria, impedirá a los menores crear cuentas, obligando a las plataformas a aplicar estrictos controles de edad bajo pena de multas.
Esta medida responde a datos que muestran que el 75% de niños en primaria en Grecia usaban redes sociales, mientras que aproximadamente el 48% de adolescentes reportaban efectos negativos en su salud mental.
Asimismo, el apoyo público fue mayoritario: un 80% respaldaba la prohibición tras el fallo de marzo de 2026 en EEUU, que responsabiliza a grandes tecnológicas por diseños adictivos en apps. Basándose en la exitosa prohibición de smartphones en escuelas griegas de 2024, el Gobierno citó «alumnos desconectados» y falta de sueño como causas del cambio.
Grecia se suma a otros países de la UE: Francia aprobó en enero de 2026 una ley que prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 15 años, alegando una «emergencia sanitaria» y la necesidad de proteger a los niños de ciberacoso y daños psicológicos. En febrero de 2026, España anunció un plan para limitar a menores de 16 años, con el objetivo de “domar el Salvaje Oeste digital”. Austria, Dinamarca y Eslovenia avanzan en prohibiciones para menores de 14, 15 y 15 años, respectivamente.
Italia e Irlanda estudian vetos para menores de 15 y 16 años, mientras Alemania y otros analizan límites de edad u opciones de “versiones para jóvenes” de las plataformas. La necesidad de contener problemas de salud mental y responsabilizar a gigantes tecnológicos por diseños adictivos impulsa estas iniciativas, siguiendo el precedente australiano que en 2025 impuso la primera prohibición mundial para menores de 16 años.
Las fechas de nacimiento autodeclaradas no resultan fiables. La implementación actual utiliza sistemas como billeteras digitales o tokens de identidad, pero la nueva app de verificación de edad de la Comisión “permitirá a los usuarios demostrar su edad al acceder a plataformas en línea, del mismo modo que las tiendas piden comprobantes para comprar [alcohol]”, según von der Leyen.
Las plataformas tienen la responsabilidad principal, y los reguladores nacionales aseguran el cumplimiento mediante supervisión y sanciones. Si bien normativas europeas como la Ley de Servicios Digitales (DSA) y el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) establecen protecciones básicas para menores, las prohibiciones nacionales avanzan con límites estrictos y mayor exigencia a empresas tecnológicas.
No obstante, políticos opositores, como miembros del partido Vox en España y legisladores italianos, consideran estas limitaciones una intervención estatal excesiva, argumentando que la educación, el control parental y la alfabetización digital serían medidas más eficaces que vetos absolutos.
Este punto de vista coincide con organizaciones defensoras de derechos del consumidor; Olivia Brown, responsable de políticas en el grupo global Euroconsumers, ve las prohibiciones generales como soluciones políticas simplistas que eximen a las plataformas de su responsabilidad.
“Prohibir las redes sociales no hace internet más seguro. Solo oculta el problema. Lo que necesitan los menores es seguridad incorporada en las plataformas desde su diseño, controles reales para usuarios y algoritmos modificables por ellos mismos, no barreras que se cierran abruptamente, solo para abrirse de par en par al cumplir 18 años.”
Avances hacia una regulación común en la UE
La cuestión es políticamente sensible y una prohibición general europea podría aumentar la polarización. Por ello, la Comisión está lanzando primero la app de verificación como herramienta para que los Estados implementen sus prohibiciones nacionales.
Concebida en 2025, la aplicación actúa como un marco técnico integrable en billeteras digitales nacionales o aplicaciones independientes para corroborar la edad. Los usuarios deben descargar la app, conceder permiso para el uso de datos, escanear un documento de identidad (incluido su chip) y completar un reconocimiento facial. Este proceso puede requerirse con regularidad, y las plataformas podrían exigirlo cada vez que se acceda a servicios restringidos por edad.
Surgen inquietudes sobre su complejidad, impacto en privacidad, facilidad de elusión (por ejemplo, mediante VPN) y el riesgo de desplazar la responsabilidad desde las plataformas, a diferencia de otras herramientas regulatorias europeas.
Por ejemplo, el GDPR, adoptado en 2016 e implementado entre 2018 y 2020, establece normas estrictas sobre datos infantiles, fijando la edad mínima para consentimiento digital en 16 años (con flexibilidad hasta 13), requiriendo aprobación parental para menores.
La Directiva revisada sobre Servicios de Medios Audiovisuales, en vigor desde 2020, introdujo sistemas de clasificación por edades y controles parentales en plataformas de streaming, además de prohibiciones severas sobre contenidos dañinos como la explotación infantil. En 2021, la UE lanzó una estrategia integral para la seguridad infantil en internet que combina financiamiento, investigación y códigos de conducta voluntarios para abordar riesgos como el acoso y la desinformación.
Recientemente, la Comisión propuso medidas prácticas como cuentas privadas por defecto para menores y límites a funciones adictivas como reproducción automática y desplazamiento infinito. Partes de la Ley de IA, vigente desde febrero de 2025, prohíben sistemas que emplean técnicas subliminales o explotan vulnerabilidades infantiles para alterar su comportamiento. La Ley de Justicia Digital, prevista para una propuesta formal a finales de 2026, fortalecerá las normas de diseño de plataformas prohibiendo «patrones oscuros» y características adictivas.
En el núcleo de este marco se encuentra la DSA, una regulación clave para transformar las plataformas en línea. Propuesta por la Comisión en 2020, fue aprobada por el Parlamento y el Consejo en 2022, entrando en vigor en febrero de 2024 tras una implementación gradual.
La DSA obliga a las plataformas a proteger a los usuarios, especialmente a los menores, mediante ajustes predeterminados seguros, moderación de contenidos y restricciones en la publicidad segmentada. Establece además un sistema de supervisión con coordinadores nacionales y vigilancia a nivel europeo.
Tras la implementación de la DSA, los ciudadanos de la UE cuentan con mayor transparencia, derechos de usuario reforzados y límites a prácticas dañinas o explotadoras. Ahora existen canales claros para reportar y apelar decisiones de contenido, mientras los menores gozan de privacidad reforzada y menos exposición a publicidad dirigida.
Impacto en las plataformas digitales
Las restricciones de edad en redes sociales reducen significativamente el alcance en adolescentes: las empresas pierden un grupo crucial que impulsa la actividad en línea, lo que disminuye impresiones publicitarias y los ingresos por tráfico.
Las plataformas online dependen fuertemente de adolescentes y niños para sus ingresos publicitarios. Los límites de edad pueden afectar esos ingresos al reducir el número de usuarios jóvenes y dificultar la segmentación de anuncios.
Los costos de cumplimiento aumentan porque las empresas deben mejorar los sistemas de verificación de edad y los procesos de consentimiento parental, los cuales son complejos y costosos debido a la necesidad de tecnologías avanzadas de protección de datos y verificación de identidad.
Una prohibición de diseños adictivos y algoritmos de interacción en redes sociales implica rediseñar productos, aumentando los gastos de ingeniería y retrasando lanzamientos en el mercado europeo. La transición hacia contenidos más seguros puede tensionar las finanzas.
Schaldemose afirma que las grandes compañías deben crear “nuevas plataformas con un modelo de negocio radicalmente distinto que proteja a los niños”.
Asimismo, las empresas podrían enfrentar mayores riesgos legales ante incumplimientos. El Parlamento propuso que los propietarios de plataformas sean responsables personalmente en casos de infracciones graves y reiteradas a las normas de protección infantil.
“Son ellos quienes habilitan las plataformas. Si acordamos un límite de edad, la responsabilidad recae definitivamente en las empresas en caso de violaciones”, comentó Schaldemose a Euronews.
Europa debe acelerar
Para Schaldemose, la Comisión avanza con lentitud. Anunció el panel en septiembre, pero este empezó a trabajar hasta marzo.
Se ha reportado que algunos Estados miembros ya rechazan la aplicación. “Cuanto más demora la Comisión en presentar una propuesta, más probable es que tengamos un mercado fragmentado con vacíos legales”, afirmó.
“He perdido paciencia con la Comisión. Pareciera que los Estados miembros también están impacientes porque presionan”, agregó Schaldemose.
Los problemas de privacidad y compartición de datos ya no pueden ser excusas. “En los últimos dos años desarrollamos herramientas que no comprometen ni los datos personales ni la seguridad”, añadió.
El Parlamento continuará impulsando medidas hasta que la Comisión encuentre una solución razonable. “Es necesario actuar a nivel europeo, y el Parlamento tiene una postura clara sobre esto”, concluyó Schaldemose.