El PSOE sostiene que con este pacto «los beneficiados son los aliados de Orban» y que la izquierda alternativa «solo generará sufrimiento».
El Ejecutivo central ha reaccionado con rapidez este viernes para condenar el «acuerdo racista» firmado en Extremadura entre PP y Vox para formar una coalición, que incluye entre otras medidas no admitir más menores migrantes no acompañados y fomentar la repatriación de los que ya residen en la región. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha advertido que «quienes intenten incumplir la ley ya conocen las consecuencias» y ha calificado el acuerdo como «papel mojado».
Por otro lado, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha señalado desde La Moncloa que estarán «muy atentos» a la aplicación del acuerdo que asegura la reelección de la popularMaría Guardiola como presidenta autonómica, además de anunciar que impugnarán ante el Tribunal Constitucional «todo lo que implique discriminación o recortes en derechos».
La responsable del Ministerio de Sanidad, Mónica García, también ha manifestado su intención de llevar a los tribunales «cualquier intento, por mínimo que sea, de desmantelar la sanidad pública universal». «El PP cede nuevamente al programa reaccionario de Vox», ha lamentado.
El pacto entre las formaciones de derecha en el Parlamento extremeño, que además contempla otorgar «prioridad nacional» en la concesión de ayudas, incluyendo las relacionadas con la vivienda, ha sido objeto de fuertes críticas por parte de la izquierda. El PSOE cree que su contenido «fue decidido en Madrid», calificando este como «autonomismo» del partido de Alberto Núñez Feijóo, que se encuentra «aliado con la ultraderecha, que busca desmontar el sistema autonómico que dicen defender».
Desde la dirección de Ferraz agregan que «los beneficiados son los socios de [Viktor] Orban«, en alusión al presidente húngaro derrotado en las elecciones del pasado domingo y a Vox, que continúa apoyándolo tras su caída electoral. Subrayan también que «claramente se trataba de un problema de cargos» que retrasó casi cuatro meses la firma del pacto de coalición entre los equipos de la popular María Guardiola y Óscar Fernández, candidato de Santiago Abascal en la región.
«El bloqueo persistirá aunque haya gobierno: bloqueo al progreso, a los derechos sociales y a los servicios públicos», aseguran los dirigentes socialistas. Aprovechan también para reprochar que el líder nacional del PP «tardó un mes en decidir si apoyaba las pensiones, tres días en condenar al diputado de Vox que casi agredió a Alfonso Rodríguez de Celis» durante la presidencia del Pleno en el Congreso el martes por la tarde y que «todavía no tiene una postura clara sobre la guerra en Irán».
Por su parte, la secretaria de Organización del partido, Rebeca Torró, afirma que «Guardiola convocó elecciones para no depender de Vox y ahora los tiene metidos hasta en la cocina». En un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, también ha señalado que se perdieron «cuatro meses en Extremadura solamente para repartir los cargos desde Génova».
«El PSOE de Extremadura ahora cuenta con un liderazgo renovado, representado por Álvaro Cotrina, y un proyecto nuevo que demuestra que somos la alternativa que terminará con este Gobierno que pretende reeditar un pacto de recorte de derechos», remarcan desde Ferraz en referencia al acuerdo, que contempla la entrega a los seguidores de Abascal de dos carteras fundamentales en su programa ideológico: Desregulación, Servicios Sociales y Familia, y Agricultura, Ganadería y Medio Natural.
Anuncio con «nocturnidad»
Por su parte, la izquierda alternativa, que en las elecciones logró aumentar su representación de cuatro a siete diputados en la Asamblea, ha expresado su rechazo. La líder de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha criticado duramente el pacto entre PP y Vox porque este nuevo gobierno bipartito «solo implicará sufrimiento» para la región. Sin embargo, ha señalado que, «afortunadamente», será un Ejecutivo que «no durará cuatro años».
Tras el anuncio «a escondidas» del acuerdo después de las 20:00 horas del jueves, De Miguel ha mostrado que su fuerza, que agrupa a Podemos e IU, será combativa frente a un Vox liderado por personas «crueles» y de «corazón negro», que creen que actuarán como «buenos sirvientes de los poderes económicos» y de «oligarcas extranjeros».
En IU, que tiene cuatro de los siete diputados de Unidas por Extremadura, su líder, Antonio Maíllo, ha advertido que el anuncio «en realidad no cambia nada» porque «el PP hace tiempo que ha asumido el discurso y las políticas de Vox».
Maíllo será precisamente uno de los próximos actores en las próximas elecciones autonómicas de España, las andaluzas del 17 de mayo, donde se presenta como candidato. En un mensaje publicado en X ha señalado que ese PP alineado con Vox se ve «cada día» en Andalucía. «La derecha gobierna como la ultraderecha, aunque no siempre la incluye en el Consejo de Gobierno», ha afirmado, aludiendo que en la Junta el PP ha gobernado en solitario. «Eso es lo que se debe detener», ha concluido, convocando a las elecciones andaluzas.
Respecto a Podemos, su portavoz nacional, Pablo Fernández, ha recordado en un vídeo unas declaraciones de Guardiola criticando las posiciones de Vox sobre violencia machista y su consideración hacia los inmigrantes, para concluir luego: «Hoy ha integrado a Vox en el Gobierno entregándoles la Consejería de Familia con competencias en inmigración».