Bolaños rechaza la solicitud para cobrar los 134.000 euros que dejó de recibir a pesar del amparo otorgado por el Constitucional
El Gobierno ha denegado la reclamación de indemnización cercana a los 134.000 euros que presentó Alberto Rodríguez tras ser privado de su escaño en octubre de 2021, cuando formaba parte de Podemos, conforme a una sentencia del Tribunal Supremo que luego fue revocada por el Tribunal Constitucional (TC).
Así consta en una resolución del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes fechada este martes 14 de abril, que desestima la demanda de responsabilidad patrimonial interpuesta por el abogado Gonzalo Boyé, representante del exdiputado de Unidas Podemos y fundador de Drago Canarias.
En febrero del año pasado, la Mesa del Congreso decidió remitir al Gobierno la resolución sobre esta petición de indemnización, tras el amparo alcanzado por Alberto Rodríguez que anuló la condena impuesta por el Tribunal Supremo y que implicaba su inhabilitación.
Los servicios jurídicos del Congreso optaron por enviar el asunto al Ejecutivo, considerando que corresponde al Consejo de Ministros resolver reclamaciones «contra un acto parlamentario no normativo».
El exdiputado reclamaba el pago de los salarios no percibidos desde la privación de su escaño hasta el fin de la pasada legislatura, es decir, 21 mensualidades a razón de 6.144,64 euros cada una, sumando un total aproximado de 134.000 euros.
El ministerio a cargo de Félix Bolaños sostiene que la sentencia del Constitucional que concedió el amparo no genera «efecto indemnizatorio». Por el contrario, indica que el TC entiende que la pérdida del escaño fue la consecuencia legal de la forma en que se configuró la condena.
Además, expone que el Consejo de Estado señala que «no corresponde en un procedimiento de responsabilidad patrimonial realizar una nueva valoración exhaustiva del procedimiento seguido para emitir un acto posteriormente anulado».
Incluso añade que el Tribunal Constitucional «en ningún momento pone en duda» que la actuación de la Mesa del Congreso tras la sentencia del Supremo fuera «ilógica, arbitraria o temeraria desde una perspectiva jurídica».
Tampoco menciona una «mala praxis» y concluye que el exdiputado tenía «el deber legal de soportar el perjuicio derivado de la resolución que luego fue anulada».
De hecho, subraya que esta postura se refuerza debido a que el TC no otorgó suspensión cautelar a la sentencia impugnada, y descarta la existencia de responsabilidad patrimonial. En cualquier caso, el texto señala que existe la posibilidad de interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Supremo dentro de los dos meses siguientes.
Preparado para apelar en Estrasburgo
Por su parte, Drago ha manifestado en redes sociales su rechazo a la decisión del Gobierno, lanzando que el PSOE «nunca falla en su objetivo de castigar a Canarias».
«El PSOE y sus aliados sumisos lanzan un mensaje contundente a cualquier ciudadano cuyos derechos sean vulnerados por las autoridades públicas», exclamó el partido al que pertenece Alberto Rodríguez.
En una entrevista con la Cadena Ser, el exparlamentario criticó que la denegación de su petición «no tiene justificación» y anunció que recurrirá ante el Supremo y está dispuesto a acudir también al Tribunal Europeo de Derechos Humanos si fuera necesario. «Voy a demandar al Gobierno y al Estado hasta lograr justicia», agregó.
La revocación del escaño a Rodríguez fue uno de los momentos más conflictivos de la pasada legislatura, con reproches de Unidas Podemos hacia la ex presidenta del Congreso Meritxell Batet, quien ordenó su sustitución; incluso los morados llegaron a amenazar con interponer querella contra la socialista, aunque finalmente no lo hicieron.
El alto tribunal había condenado a Rodríguez a un mes y 15 días de prisión por un delito de atentado contra la autoridad durante una protesta en 2014, tras ser acusado de propinar una patada a un agente policial, con la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
La condena de prisión fue sustituida por una multa de 540 euros, sin embargo, se aclaró que esta sustitución no afectaba a la pena accesoria, la cual fue la razón para que Rodríguez perdiese su escaño en el Congreso.
Ningún integrante de la lista electoral quiso ocupar el escaño, dejando el puesto vacante, por lo que el Congreso nunca llegó a desembolsar la cantidad correspondiente que hubiese cobrado el sustituto eventual.