Aseguran que no han recibido instrucciones sobre la forma de abordar esta reforma estructural y destacan el «sobresfuerzo» que implicarán los procedimientos.
El proceso para la regularización de 500.000 migrantes que ya residen en España comenzó ayer, manteneniendo la misma falta de información con la que lo anunció Pedro Sánchez en febrero pasado. La Policía afirma que no ha recibido pautas sobre cómo gestionar esta reforma estructural, que el Gobierno define como una «urgencia social», y subraya una vez más el «sobresfuerzo» que las gestiones implicarán para los agentes encargados de las brigadas de Extranjería.
Esta medida permite que medio millón de personas que actualmente están en España en situación administrativa irregular puedan acceder a permisos de residencia y trabajo desde el 16 de abril de forma telemática, y a partir del 20 de abril presencialmente. Tal como señaló el Ejecutivo, el objetivo es integrar formalmente en el sistema productivo a ciudadanos que ya forman parte de la sociedad española, pero que hasta ahora carecían de un marco legal que les permitiera ejercer sus derechos básicos.
El texto establece que no se deben tener antecedentes penales «ni representar una amenaza para el orden o la seguridad pública». «Esto implicará un sobresfuerzo que no se nos ha comunicado. No existen suficientes policías asignados a las áreas responsables de esta gestión para asumir la carga laboral que se avecina. Hay una sobrecarga estructural causada por la escasez de personal», señalan los agentes consultados.
Dentro de la estructura de la Comisaría General de Extranjería se incluye la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), que se enfoca en la persecución de la trata de personas y la inmigración irregular, y será la unidad responsable de supervisar el proceso, junto con el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), que desempeña tareas de inteligencia.
El sindicato Jupol manifestó ayer su «más absoluta preocupación y rechazo contundente» frente a la decisión del Gobierno. «Estamos ante una medida de gran impacto para la seguridad, el control de fronteras y la gestión migratoria en el país, adoptada sin el consenso político necesario, sin consultar a los profesionales de la seguridad pública ni considerar la opinión de expertos en inmigración. Una decisión de esta magnitud no puede ejecutarse unilateralmente ni sin una planificación realista de los recursos policiales que demandará», expone la organización en un comunicado.
El periodo posterior a la regularización es otro punto que concentra la atención de los agentes especializados en inmigración. Alertan sobre la posibilidad de que las mafias de personas encuentren oportunidades en las reagrupaciones familiares. «Pueden darse situaciones en las que individuos de otros países paguen a quienes ya cuentan con estatus legal para hacerse pasar por familiares, como hijos o padres. En otras palabras, pagar por documentos y certificados falsos. Actualmente ya se observan casos similares, donde incluso se traen testigos, aunque se detectan rápido por la cantidad limitada de solicitantes». Para demostrar la permanencia en España, será necesario presentar «cualquier documento público, privado o una combinación de ambos».