El Congreso rechaza por segunda ocasión este asunto, ahora debido a que Junts condiciona su aprobación al traspaso de competencias migratorias.
La propuesta para prohibir el uso del velo integral —el burka y el niqab— en lugares públicos ha sido nuevamente rechazada en el Congreso de los Diputados. En esta oportunidad, la iniciativa presentada por Junts podría haber contado con apoyo mayoritario en cuanto a su objetivo principal, pero finalmente fue derrotada por intentar vincularla a la transferencia a la Generalitat de las competencias en seguridad, control fronterizo y emisión de documentos de identidad para gestionar la inmigración.
Prácticamente todos los grupos parlamentarios manifiestan su oposición al uso de estas prendas; sin embargo, muchos adoptan una postura ambivalente, ya que aunque las consideran símbolos de opresión, advierten que prohibirlas solo provocaría que las mujeres se aislaran y quedaran excluidas de la vida pública, obligándolas a permanecer en el ámbito privado donde, según argumentan, sufren violencia machista.
A pesar de esta posición prevalente entre las fuerzas de izquierda, Sumar intentó un intercambio con Junts: ofrecer apoyo para la toma en consideración de la propuesta de prohibición del velo integral a cambio del respaldo de Junts al decreto que prorroga los precios del alquiler.
Esta negociación desató un intenso debate interno dentro de Sumar, no tanto por el contenido de la norma —con el que había desacuerdo esencial— sino por el riesgo de hacer un gesto político hacia Puigdemont con la esperanza de que flexibilizaran sus demandas sobre vivienda y facilitaran la aprobación del real decreto la semana siguiente.
Finalmente, no hubo acuerdo y Sumar votó en contra. El socio minoritario del Gobierno consideró la opción de abstenerse, pero las posiciones políticas prevalecieron sobre las pragmáticas. Esto se debió fundamentalmente a que Junts no ofreció garantías de que un gesto con tal significado, irrelevante para el resultado final, cambiaría su voto sobre los alquileres la próxima semana. Fuentes del grupo Sumar sostienen que esas garantías mínimas eran imprescindibles para modificar la posición en la votación.
Así, a una semana de la votación del real decreto ley de alquileres, el panorama muestra que las negociaciones con Junts no avanzan hacia un acuerdo y que el Gobierno sigue sin contar con los apoyos necesarios para la convalidación; una realidad que el PSOE ya contemplaba cuando segmentó el contenido sobre alquileres en un segundo decreto ante el alto riesgo de rechazo en el Congreso. No obstante, desde Sumar aseguran que las diferencias con Junts en materia de alquileres no son tan profundas y que las conversaciones evoluciona «bien», aunque pesa más la relación que Junts quiere mantener con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
El debate en el Congreso solo generó una vaga promesa impulsada por el PSOE y respaldada por la mayoría de sus socios para crear una subcomisión de estudio donde expertos y las propias afectadas puedan expresar su opinión y abordar «con rigor y seriedad» el dilema entre la defensa de la igualdad y no discriminación frente a la libertad religiosa.
Junts defendió su iniciativa destacando que el uso del velo integral «atenta contra la dignidad de la persona» y «vulnera los derechos de las mujeres». Su portavoz argumentó que este debate «no puede abordarse desde el racismo de Vox y sus imitadores en Cataluña ni desde el populismo y la superioridad moral de la izquierda alejada de la realidad callejera».
Para esta formación, el pleno reconocimiento de la libertad religiosa «no debe amparar prácticas que excluyan y releguen a las mujeres, convirtiéndolas en una presencia inexistente». «No se puede aceptar», insistieron, «el patriarcado que supone esconder a una mujer bajo un velo».
Los socialistas manifestaron su rechazo al velo, aunque no coincidieron con la forma en que la derecha pretende regularlo. El PSOE subraya que el burka y el niqab no constituyen un problema de seguridad y criticó a Junts por intentar mezclar este tema con la demanda de competencias. Según el PSOE, la preocupación debería centrarse más en el ámbito privado que en el público, dado que las mujeres que usan estas prendas sufren violencia machista en sus hogares.
El PP calificó como «increíble y lamentable» que se reduzca el problema a la vestimenta femenina. Aunque apoyan la prohibición de estas prendas, rechazaron la propuesta de Junts por incluir de manera encubierta la transferencia de competencias en seguridad, control fronterizo y emisión de documentos a Cataluña.
Podemos definió como «peligrosa» la intención de Junts y destacó que la regulación del velo integral «no es urgente ni representa un problema de seguridad». Según esta formación, prohibir estas prendas «atenta contra la libertad religiosa».
Los nacionalistas vascos respaldaron la creación de una subcomisión en la Comisión Constitucional para analizar el problema. En cambio, EH Bildu, que también expresó su rechazo al burka, comparó el uso del velo con la tradición de los cofrades que desfilan en Semana Santa con el rostro cubierto. Consideraron la propuesta de Junts como «reaccionaria» y advirtieron que, de aprobarse, empeoraría las condiciones de vida de las mujeres. ERC criticó a Junts por la «mala fe» al mezclar asuntos en su iniciativa y consideró que la presencia de burkas y niqab «es anecdótica».