Las claves
El PP ha presentado una denuncia contra David Sánchez ante el Tribunal de Cuentas, solicitando que restituya más de 416.000 euros cobrados de la Diputación de Badajoz por un cargo considerado irregular.
La denuncia se fundamenta en una sentencia que condenó a Sánchez a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa, debido a que el puesto fue creado y ajustado expresamente para él.
El PP demanda que se investigue también a otros responsables políticos y técnicos, entre ellos al expresidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, por su implicación en la creación y modificación del cargo.
La formación popular exige que se cuantifiquen y reembolsen las sumas recibidas indebidamente, tanto por David Sánchez como por otros beneficiarios, elevando el perjuicio total estimado a casi 530.000 euros.
El Partido Popular ha interpuesto una denuncia ante el Tribunal de Cuentas para que David Sánchez Pérez‑Castejón devuelva más de 416.000 euros que supuestamente cobró de la Diputación de Badajoz por un puesto que, según una sentencia definitiva, fue creado «sin correspondencia entre la justificación formal y la realidad funcional del cargo».
El documento, firmado por el portavoz popular en la institución provincial, solicita que se establezca la responsabilidad contable del hermano del presidente del Gobierno y se le exija devolver las cantidades recibidas, tras la sentencia del 14 de julio que le impuso nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa.
La denuncia argumenta que David Sánchez «no prestó servicios de forma habitual en Badajoz» y «no desempeñó de manera sustancial las funciones que justificaban la plaza», creada para que fuera Coordinador de las Actividades de los Conservatorios inicialmente, y luego «jefe de la Oficina de Artes Escénicas.
En la práctica, según el relato respaldado por los populares en los «hechos probados» de la Audiencia Provincial, su trabajo real se centró en el programa Ópera Joven, «teniendo que asumir otros profesores las tareas de coordinación» para las que supuestamente fue contratado.
El portavoz del PP en la Diputación de Badajoz, Juan Antonio Barrios, firmante de la denuncia, destaca que, a pesar de la ausencia de contenido real, se mantuvo el sueldo de alto directivo y se adaptó la plaza para justificarla.
La sentencia de la Audiencia Provincial, de hecho, constata la «modificación […] para dar cobertura formal al trabajo realmente realizado».
Por esto, el escrito solicita que el Tribunal de Cuentas determine la magnitud del daño y ordene la devolución de las «retribuciones, cotizaciones, complementos y costes asociados a plazas cuya creación, provisión y adaptación fueron censuradas en los hechos probados de dicha sentencia».
La Audiencia no reclamó
Uno de los puntos centrales de la denuncia es que la sentencia penal por prevaricación todavía no ha provocado, hasta ahora, la restitución de ningún dinero a las arcas públicas afectadas.
El PP recuerda que la Audiencia Provincial se declaró incompetente para resolver sobre los salarios y remitió explícitamente la cuestión a la jurisdicción contable, por lo que se activa esta vía.
Los populares sostienen que «no puede quedar sin sanción» un perjuicio económico que la propia sentencia asocia a la creación artificial de una plaza.
El PP demanda que se precise el daño específico atribuible a David Sánchez, que estiman en
El escrito solicita que se pida a la Diputación toda la documentación sobre la creación, provisión y modificación de las plazas, junto con contratos, nóminas, complementos e indemnizaciones pagadas al condenado.
También reclama que se calculen los costes empresariales de la Seguridad Social y los recursos materiales y humanos que se pusieron a su disposición.
La sentencia
La denuncia abarca más allá del hermano del presidente, apodado «el hermanísimo» por algunas personas implicadas, y apunta también al entorno político y funcional que permitió la creación de ese «traje a medida».
Entre ellos se menciona al expresidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, y a cerca de una decena de altos cargos y técnicos involucrados en la maniobra.
El tribunal comprobó que la Diputación creó un puesto de alta dirección, cambió sus características y lo adaptó repetidamente para conservarlo, vulnerando los principios de igualdad, mérito y capacidad.
El fallo evitó penas de prisión, pero documentó una actuación mantenida en el tiempo y orquestada desde la cúspide de la institución.
En el mismo fallo, los jueces impusieron 18 años de inhabilitación a Gallardo, expresidente de la Diputación y exlíder del PSOE extremeño, por su rol fundamental en la operación.
Según la resolución, Gallardo impulsó la creación de la plaza, dirigió sus múltiples modificaciones y sostuvo la relación laboral de David Sánchez pese a las objeciones internas. La sentencia describe una estructura «piramidal» en la que la presidencia dirigía las decisiones importantes de personal en Cultura.
La reacción del Gobierno ante la condena fue cerrar filas con el hermano del presidente y criticar a los jueces.
Varios ministros cuestionaron la condena, mientras desde el PSOE acusaban a la oposición de usar políticamente el caso. Por su parte, el PP sostuvo ese mismo día que la sentencia debería «hacer caer al Gobierno» y recordó la acumulación de condenas y causas judiciales en torno al presidente.
El ‘hermanísimo’ y el ‘hermanito’
En el ámbito económico, la denuncia del PP detalla las cifras del supuesto perjuicio.
Para David Sánchez, suman sus retribuciones brutas desde 2017 hasta superar los 416.000 euros. El escrito aclara que es «una cifra provisional» que se ajustará con datos oficiales, descontando periodos de excedencia y suspensión.
El escrito también incluye el coste de la plaza creada para Luis María Carrero Pérez, amigo de David Sánchez al que denominaban «hermanito», quien pasó de profesor de inglés en Mérida a jefe de la Sección de Coordinación de Centros y Actividades Transfronterizas.
Para él, el PP calcula más de 113.000 euros en salarios y cotizaciones, por lo que el «menoscabo provisional total estimado» por ambas plazas roza los 530.000 euros.
El partido exige que se determinen las responsabilidades contables de Carrero, dado que se benefició de una plaza cuya necesidad real la sentencia cuestiona.
Además de Gallardo, la denuncia señala como posibles responsables solidarios a la diputada de Cultura Cristina Núñez, a las directoras Elisa Moriano y Juana Cinta Calderón, a los jefes de servicio Manuel Candalija y Félix González, al delegado de área Francisco Martos, a la directora María Emilia Parejo y al diputado Ricardo Cabezas.
A todos ellos se les atribuyen diversas intervenciones en la cadena de decisiones, tal como refleja la sentencia de la Audiencia: impulso y justificación del puesto, informes de creación y sus modificaciones, propuestas en la Relación de Puestos de Trabajo y firma de las resoluciones de provisión.
El PP solicita que el Tribunal de Cuentas establezca si sus acciones, por dolo o grave negligencia, contribuyeron al detrimento de fondos públicos.
El documento presentado por los populares no es el único remitido al Tribunal de Cuentas respecto a este caso. Otras acusaciones públicas, como Iustitia Europa, han planteado denuncias semejantes para que la condena por prevaricación se traduzca en una reparación económica para los fondos públicos.