El jueves comenzará el plazo para otorgar la residencia a 500.000 extranjeros.
El Gobierno ha vinculado las críticas del PP a la regularización masiva de inmigrantes con sus «acuerdos con la ultraderecha» en varias comunidades autónomas. «Se trataba de escoger entre apoyar a la Iglesia Católica y a los sectores productivos que desde hace tiempo pedían esta medida o aliarse con Vox», explicó la portavoz, Elma Saiz, quien acusó al grupo de Alberto Núñez Feijóo de elegir la segunda opción.
Desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez afirman que el cambio de postura del partido opositor —que hace dos años respaldó en el Congreso la tramitación de una Iniciativa Legislativa Popular (IPL) con este fin— evidencia que es el «más desubicado de la historia». Además, reprochan que intentaran bloquear la medida en instancias comunitarias: «Fueron a Europa a desacreditarnos, pero quienes regresaron avergonzados fueron ellos».
«La experiencia muestra que en procesos anteriores se obtuvieron beneficios en empleo, responsabilidad fiscal, convivencia y sostenibilidad social», argumentó Saiz, también ministra de Inclusión y Migraciones, refiriéndose a las seis regularizaciones llevadas a cabo desde 1986, que alcanzaron a 1,3 millones de ciudadanos. «Cuando la realidad social supera a la democracia, el Estado responsable es el que interviene para ordenarla, no el que ignora la situación», añadió.
Tras la aprobación este martes del Decreto Ley que regula la concesión de la residencia y su publicación el miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el plazo para presentar solicitudes se abrirá este jueves y estará disponible hasta el 30 de junio. Aproximadamente 500.000 personas en situación administrativa irregular y solicitantes de protección internacional que residan en España desde antes del 1 de enero de este año podrán optar, siempre que demuestren haber permanecido cinco meses consecutivos, contar con un contrato de trabajo legal, tener unidad familiar con hijos menores, personas con discapacidad, ascendientes directos o encontrarse en situación de vulnerabilidad.
Asimismo, el Gobierno ha aprobado establecer la Oficina para el Reconocimiento y la Reparación de los Abusos Sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica, la cual comenzará a operar desde este miércoles. A través de esta oficina se gestionarán las solicitudes para acogerse al sistema de reparación acordado entre el Ejecutivo, la Conferencia Episcopal y el Defensor del Pueblo.