Las claves
La Junta de Andalucía, alineada con la estrategia de Juanma Moreno, evita confrontar o impugnar el decreto de regularización extraordinaria de migrantes emitido por el Gobierno central.
El Gobierno andaluz mantiene su postura a favor de una inmigración controlada y ordenada, pero rehúye involucrarse en debates que puedan agudizar la tensión política.
Frente a las críticas sobre la gestión del accidente en Adamuz, la Junta declina politizar el asunto y señala que la responsabilidad podría recaer en otros funcionarios, como el presidente de Adif o el ministro, tras la finalización de la investigación.
«No vamos a entrar». Así respondió el Ejecutivo andaluz el miércoles en Sevilla ante la pregunta central del día («¿van a recurrir el decreto para la regularización extraordinaria de migrantes del Gobierno?»), evidenciando con claridad hasta qué punto la orden de campaña electoral de Juanma Moreno ya está plenamente vigente.
En concreto, nada de polarizar ni de «entrar al barro». A pesar de encontrarse en precampaña y de contar con encuestas que le otorgan casi la mayoría absoluta, la consigna es evitar ruidos que puedan dividir el panorama político.
Así lo reflejó el decreto para la regularización de migrantes, que, según diversas estimaciones, podría beneficiar a entre 500.000 y 800.000 personas.
¿Existe la intención de que la Junta recurra el decreto en tribunales? «Mantenemos el apoyo a una inmigración regulada y ordenada y no hemos alterado nuestra posición», afirmó Loles López, consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.
Es decir, ni negó categóricamente ni insinuó un posible recurso. Añadió, para despejar dudas: «Considerando el momento y la forma en que se ha ejecutado, está claro que ha logrado el objetivo esperado, que es polarizar y dividir, y nosotros no participaremos en eso«.
Ni siquiera ofreció más detalles ante la insistencia. «Cualquier postura que adopte solo contribuirá a aumentar la polarización, por eso no voy a entrar».
Adamuz y Puente
También se mostró prudencia en relación a las declaraciones de Óscar Puente sobre la atención sanitaria a las víctimas del accidente del Alvia en Adamuz, señalando una supuesta «falta de coordinación» del 112 Andalucía que habría empeorado la situación.
«La llamada inicial es suficiente para activar los servicios de emergencia y no vamos a hacer política«, contestó en este caso la portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España.
Sin embargo, insinuó que serán otros quienes deberán rendir cuentas. «Es alarmante la información que está saliendo a la luz. A partir de diferentes informes, cada vez resulta más evidente que pudo haber deficiencias en el mantenimiento de las vías ferroviarias y hasta una posible manipulación de evidencias».
«Consideramos que el señor Puente busca deslindar responsabilidades. En cualquier caso, nosotros ya hemos tomado medidas, nos hemos personado, hemos creado el comisionado y probablemente serán otros, como el presidente de Adif o el ministro, quienes deban asumir responsabilidades al concluir la investigación«, concluyó.